Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista Español (PCE) han dado un paso más allá en su lucha contra la monarquía borbónica: este miércoles han presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos I; la aristócrata Corinna Zu Sayn-Wittgenstein; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; el borbón Álvaro Orleans; el ciudadano suizo, Dante Canónica; los empresarios Juan Miguel Villa Mir y Juan Villalonga Navarro; y el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo.

El motivo de la querella son las presuntas irregularidades que ha cometido el exmonarca en sus cuentas tras las revelaciones de los audios de Corinna. "Juan Carlos I ha realizado una serie de actividades económicas que parecen que son ilícitas y que han sido simultáneas a su actividad de jefe de Estado. Además, hay una dejadez de las instituciones, del poder Ejecutivo y de la Hacienda Pública para investigar estas actividades", explica a Público Enrique Santiago, uno de los denunciantes, el secretario general del PCE y el secretario de Refundación y Movimientos Sociales de IU.

La denuncia la presentan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo junto con el Foro de Abogadas y Abogados de izquierdas (FAIRADE). En la querella, a la que ha tenido acceso Público, acusan al rey hasta de siete delitos: cohecho, fraude a la Hacienda Pública, administración leal, fraude y exacciones ilegal, tráfico de influencias cometido por autoridad y constitución de grupo criminal. Mientras que a la aristócrata la acusan de cohecho, blanqueo de capitales, usurpación de funciones públicas, encubrimiento, tráfico de influencia, corrupción entre particulares y constitución de grupo criminal.

"Estas presuntas actuaciones ilícitas se han dado durante los años más duros de la crisis económica, mientras la gente tenía muchas necesidades, perdía sus casas, sus becas y no podían permitirse los estudios… Y mientras desde las instituciones no se hacía nada. La querella no ha sido algo improvisado o es por un hecho puntual, la registramos porque se ha creado toda una estructura organizada; una organización criminal, utilizando medios y recursos del Estado como es el caso del aeropuerto de Torrejón de Ardoz que podría haberse utilizado para eludir controles aduaneros", asegura Santiago. 

La Fiscalía Anticorrupción descartó investigar por estas presuntas irregularidades al rey emérito el pasado 7 de septiembre de 2018 por la inviolabilidad que le otorga la Constitución. Pero en este texto rebaten esta interpretación alegando que la inviolabilidad se debe aplicar a las "funciones propias del desempeño del cargo oficial" mientras que estas se tratan de actividades "personales". "Este Alto Tribunal no debería tener duda de que nuestro Estado de Derecho obliga a que la inviolabilidad no se interprete como un manto de impunidad sin límites para conductas de índole exclusivamente personal. Y obviamente el blanqueo de dinero o el fraude fiscal no son funciones propias del desempeño de la Jefatura del Estado", indican en el texto.

"El jefe de Estado y otros altos cargos tienen inviolabilidad durante el desempeño de su cargo. De esto no hay duda. Pero no es correcta la interpretación del alcance de la inviolabilidad porque es contraria a lo que establece el derecho internacional;  los actos inviolables siempre están refrendados. Si no lo están, son particulares de Juan Carlos I. Y si el Tribunal Supremo dicta que la inviolabilidad alcanza a cualquier acto, esto significa que puede salir a matar gente sin que esto tenga ninguna consecuencia", insiste Santiago.  

Al resto de denunciados por IU y el PCE también los incluyen en la presunta "organización criminal" aunque no se hubieran beneficiado directamente de estas actividades. Al director del CNI, Sanz Roldán, le acusan de encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Mientras que a Álbaro Orleans Borbón y a Dante Canonica de blanqueo de capitales y encubrimiento. A todos, junto con al rey emérito y la aristócrata Corinna, de la constitución de grupo criminal. Y al empresario Villalonga de encubrimiento, a Villar Mir de corrupción, cochecho y blanqueo de capitales. Y, por último, a Villarejo de encubrimiento, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. Todos, menos Villalonga, también son acusados de constitución de grupo criminal.