AGA, la patronal del agua del grifo, quiere tener las manos libres para poder cortar el suministro a familias en caso de impago en plena pandemia, y así se lo ha planteado al Gobierno apenas unos días después de que este decidiera blindar esos suministros mientras dure el estado de alarma.

Lo ha hecho mediante una carta dirigida a la Vicepresidencia de Transición Ecológica de Teresa Ribera, a la que ha tenido acceso Público, en la que critica una de las medidas del ‘escudo social’ como es el blindaje de ese abastecimiento, aprobado por el ejecutivo en el decreto del 18 de marzo junto con el de la electricidad y el gas para familias en situación de vulnerabilidad en una regulación completada dos semanas más tarde, en el decreto del día 31.

La primera de esas normas establece que "los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social", mientras la segunda matizaba que durante el estado de alarma esos cortes solo pueden producirse por motivos que afecten a "la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones" y añadía que ese periodo de excepción "no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso".

La medida, restringida a las personas físicas y a las viviendas principales y que abarca también el abastecimiento "de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, [y] gas natural", ha provocado la reacción de AGA, que se presenta como "la asociación que representa mayoritariamente a las entidades y empresas (públicas, privadas o mixtas) que operan los servicios de agua urbana" del país.

"Supondrá una invitación indiscriminada al impago"

AGA, cuyos representantes han declinado atender las insistentes llamadas de este medio, muestra su "profunda preocupación por la situación del sector" por la aprobación de lo que califica como unas "medidas [que] ponen en riesgo la prestación de los servicios esenciales de abastecimiento y saneamiento de agua".

Y, en este sentido, la entidad considera que la primera versión del veto al corte del suministro recogía "adecuadamente las necesidades de cobertura del servicio de las familias más vulnerables y de aquéllas que, a causa de la crisis sanitaria, puedan pasar a serlo de forma más o menos sobrevenida", mientras que la segunda supondrá por su "indefinición" una "invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario", que "causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua".

Tras plantear ese escenario, la patronal del agua del grifo califica como "muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado", lo que conllevaría la habilitación de las compañías para cortar el agua en caso de impago a las familias que no cumplan las condiciones de esa lista.

"No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación", argumenta la misiva en tono exculpatorio, "pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita" eso "incrementaría a muy corto plazo la morosidad". "La regulación acertada era" la del primer decreto, añade, ya que "recogía las medidas que el sector ya había adoptado para proteger a la población más vulnerable, y evitar así un efecto llamada al impago injustificado".

Rescates a cargo del Estado y ampliación de las concesiones

La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras.

En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para "garantizar la sostenibilidad del servicio" como reconocer "con carácter especial" el "derecho al reequilibrio de aquellas concesiones afectadas directamente por las medidas" del Gobierno durante el estado de alarma, "aun cuando no sea ésta la Administración concedente", y, también "flexibilizar los límites temporales" de las concesiones para "tener en cuenta todo el período de alteración de la actividad debido a la crisis y no solamente la duración estricta del periodo en el que se declara el estado de alarma".

Traducidas al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio.

La demanda doméstica frena la caída, salvo en algunas zonas turísticas

Las medidas derivadas del estado de alarma han reducido el consumo de agua en las grandes ciudades, donde los aumentos de la demanda doméstica (pese al acaparamiento inicial de botellas han paliado las caídas de los sectores productivos para situar los retrocesos medios por debajo del 10% en la mayoría de los casos.

Así, los retrocesos han sido en las primeras semanas de confinamiento de un 9,1% en Madrid, un 8,9% en Barcelona y entre un 6% y un 8% en Zaragoza, en este último caso con incrementos del 10% en los domicilios y reducciones por encima del 50% en el resto de sectores.

Los descensos de la demanda han sido más acusados en zonas costeras como Alicante, con una media provincial del 18% y un pico del 35% en Benidorm, donde la actividad turística se ha desplomado. En áreas como Murcia la reducción del consumo se queda en el 15% mientras Tarragona, con una caída inferior a la de las grandes ciudades, no llega al 8%. En Canarias, por el contrario, aumenta la demanda por las necesidades del sector primario.

En cualquier caso, y con independencia de las variaciones que va ofreciendo el consumo de agua de boca, la Abogacía del Estado ha dejado claro en un dictamen emitido hace unos días que las empresas concesionarias de cualquier tipo de servicios cuya actividad quede suspendida como consecuencia del estado de alarma no tienen derecho a recibir adelantos a cuenta de las eventuales indemnizaciones que puedan corresponderles por esa situación.

Bonificaciones y exenciones de los operadores públicos

La posición de AGA contrasta con la que están adoptando algunas empresas públicas de suministro de agua en distintas ciudades españolas.

Así, AquaVall ha implementado en Valladolid un fondo social con bonificaciones en las facturas de las familias en situación de vulnerabilidad y para los negocios de pymes y autónomos, mientras la sevillana Emasesa, una de las pocas que ya aplicaban en España el suministro mínimo vital que promueve la ONU, aplica exenciones de hasta el 100% del recibo para usuarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

La remunicipalizada T-Aigua, de Terrassa (Barcelona), ha decidido aplicar en el segundo trimestre de este año una política de coste cero para los consumos domésticos de hasta 166 litros diarios, que será extensible a los usuarios comerciales que dispongan de contador, y una rebaja de cinco euros para las familias que gasten entre 166 y 250.