Cuál va a ser la contribución del Estado español para que Putin sea juzgado en la Corte Penal Internacional

España se suma a la ofensiva judicial contra Putin. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la petición de España al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue si se han cometido crímenes bajo jurisdicción de la Corte en el territorio de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Se trata de una iniciativa conjunta de otros 38 Estados parte del Estatuto de Roma, que rige la CPI.

La investigación ya está en marcha. El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el 2 de marzo pasado que abría una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los responsables rusos de la invasión a Ucrania. Por lo tanto, la denuncia española no tiene un efecto práctico real, pero sí de refuerzo, de reafirmación del valor de la Corte Penal Internacional, según indica el abogado Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional. 

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que la petición española se suma a la iniciativa de otros 38 estados a raíz de la agresión de Rusia en Ucrania, como un frente judicial contra Putin, que "tendrá que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad en Ucrania", ha dicho Rodríguez este martes. 

En cambio, no se puede investigar a Putin por un crimen de agresión a Ucrania, un delito también contemplado en la CPI, porque es imperativo que los dos países, el agresor y el agredido, sean Estados parte del tribunal, algo que no ha ocurrido. 

Frente judicial internacional

La petición a la Fiscalía de la CPI se sustenta en el artículo 14 del Estatuto de Roma: "Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas". España ratificó el Estatuto de Roma en octubre de 2000. 

En base a este artículo, los lentos procesos en la Corte Penal Internacional se pueden agilizar en relación a la investigación contra Putin gracias a que varios Estados parte ya han pedido una investigación. Por eso, el fiscal Khan ha podido abrir la investigación sin tener antes que pedir permiso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, encargada de dar luz verde a las investigaciones. El propio Karim Khan animó a los 123 Estados parte a que presentaran una remisión, tal cual contempla el citado artículo 14.

"Un asunto complejo"

Fuentes del Gobierno reconocen a Público que llevar a Putin a juicio es un asunto "complejo". "Lo que se persigue con esta iniciativa es acelerar los plazos para que el fiscal internacional pueda iniciar sus actuaciones y que esté todo coordinado con el resto de Estados participantes", añaden desde Moncloa. 

Montserrat Abad Castelos, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid cree que la remisión española va a contribuir a "facilitar mucho la labor del fiscal. Le permitirá ir más rápido, contrastar más pruebas, tener más información de cara a reunir los indicios".

Investigación de la Fiscalía General

Por parte española ya existe en estos momentos una investigación preliminar de los crímenes ordenados por Vladimir Putin. La Fiscalía General del Estado abrió, el pasado 8 de marzo, unas diligencias prejudiciales al amparo de los convenios internacionales, como el de Ginebra, la llamada Ley de Justicia Universal y la Constitución española. 

La fiscal general, Dolores Delgado, considera que la Fiscalía española es  competente para conocer de los hechos que se están produciendo en Ucrania y ello "por cuanto en el país agredido residen ciudadanos españoles que están siendo víctimas al igual que los ucranianos del ilegal actuar de la Federación Rusa".

Las diligencias de la Fiscalía, encomendadas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, tratarán de depurar las responsabilidades que se deriven de la invasión rusa, "adoptando las medidas precisas para restaurar el orden jurídico perturbado" y "permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo". 

"El Decreto de la fiscal general del Estado debe ser, a mi juicio, muy bienvenido para activar la alerta en la jurisdicción nacional y cooperar en la recopilación de toda posible prueba", indica la catedrática Montserrat Abad. 

El Decreto de Dolores Delgado indica que la modificación sustancial que sufrió el principio de jurisdicción universal tras la reforma del 2014 no afecta a este caso. Pese a que en la actualidad la LOPJ prevé la competencia de la jurisdicción española para conocer de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. 

El decreto de la fiscal general indica que el artículo 23.4 de la LOPJ "no hace referencia expresa al carácter nacional de las posibles víctimas de las conductas previstas, lo que no deja de ser una laguna que debe integrarse de conformidad con el espíritu de la norma y, sobre todo, de la Constitución y los Tratados Internacionales". 

Según Montserrat Abad, todas las pruebas que se encuentren "podrán y deberán ponerse a disposición de cualquier jurisdicción que las precise, sea nacional o internacional". "Hay que tener en cuenta que hay jurisdicciones nacionales que permiten los juicios en ausencia (no es el caso de España). Por ello, estaría muy bien que junto a las pruebas, los Estados comenzasen a identificar nombres de potenciales acusados, más allá de Putin", indica esta catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid.