El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido hoy una significativa sentencia relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo: ha avalado la ley navarra por la que se regula la creación de un registro de médicos objetores de conciencia. Significativa, porque su dictamen llega apenas dos días después de que Mariano Rajoy retirara la contrarreforma de la ley del aborto del dimitido Alberto Ruiz-Gallardón pero ratificara la postura antiabortista del PP apelando al recurso de inconstitucionalidad que el partido interpuso en 2010 contra la ley de plazos.

Por once votos a favor frente a uno en contra, los magistrados del TC han validado el hecho de que los facultativos tengan que justificar los motivos por los que se niegan a practicar un aborto. El único voto particular procede del magistrado conservador Andrés Ollero. Ollero —es diputado del PP, catedrático de Filosofía del Derecho, miembro reconocido del Opus y antiabortista declarado— es, precisamente el magistrado ponente del caso del recurso de los conservadores contra la normativa vigente del aborto. 

Pero antes de que llegue ese dictamen, el TC ha considerado que la inclusión de los facultativos en el registro navarro no vulnera ningún derecho fundamental, como sí esgrimía el recurso que los conservadores interpusieron, también en 2010, contra la ley foral aprobada por el Parlamento de Navarra.

Con el registro, los médicos deben realizar una declaración, una semana antes de que se vaya a producir la intervención, en la que deben esgrimir los supuestos en los que se declaran objetores. La ley se aprobó a iniciativa del PSN, con el apoyo de NaBAi e IU. Con ella pretendían garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

El PP recurrió entonces la normativa alegando que la lista de objetores es 'discriminatoria' porque vulnera el derecho fundamental que garantiza la libertad ideológica. Así lo entendieron los 60 diputados que en 2010 firmaron el recurso —con Federico Trillo al a cabeza— y así lo ha recogido también Ollero en su voto particular, según adelantó este jueves la Cadena Ser.

En cualquier caso, el TC rebate esta teoría e incide en que la ley navarra no produce ningún menoscabo en los derechos fundamentales de los médicos.