ZARAGOZA.- La actividad empresarial del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha vuelto a provocar tensión en las relaciones entre el PSOE de Javier Lambán y Podemos, su socio parlamentario de referencia.

La formación morada ha pedido este martes por escrito al ejecutivo y a las Cortes que aclaren “la posible situación de incompatibilidad entre el cargo público y las actividades privadas” de Olona, las cuales, de confirmarse, supondrían “una grave irregularidad en el seno del Consejo de Gobierno”.

Olona sigue figurando hoy como presidente y consejero de Ingeniería, Estudios y Servicios, cuyo consejo integran dos de sus hermanos y una tercera persona. Y presidió también hasta el 10 de mayo la filial Investigaciones y Asistencia Técnica Quasar, en cuyo órgano de administración le relevó una hermana. Ambas sociedades operan en el sector agroalimentario como consultoras de seguridad, medio ambiente, calidad, energía y trazabilidad. La segunda, que lleva tres décadas trabajando para comunidades autónomas y Gobiernos estatales de distinta orientación política, ofrece también asesoría en otros sectores en temas de carácter social, económico y laboral.

Entre el conflicto de intereses y el despiste de los sucesores

Para Podemos Aragón, “existen graves indicios de un interés personal” por parte del consejero que, de confirmarse, harían que “debería ser inmediatamente cesado”. “La exigencia de transparencia y ética en las Administraciones públicas debería impedir incompatibilidades que pueden producir un conflicto de intereses”, añaden en un comunicado, en el que anotan que, “para disipar la duda sobre los responsables públicos, lo mejor es que se eviten estas situaciones”.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural negaron que exista ninguna irregularidad en la actividad empresarial de Olona. “No tiene intereses en ninguna de esas dos empresas - señalaron-. Renunció a los cargos el 21 de julio, unos días después de haber tomado posesión como consejero del Gobierno”.

No obstante, aludieron a un eventual retraso de los nuevos responsables de esas sociedades en comunicar los datos al Registro Mercantil como la causa por la que el consejero continúa apareciendo en una de ellas.

El elevado nivel de las exigencias éticas en Aragón

La formación morada resalta, por otro lado, que el cese como presidente y consejero de Quasar fue comunicado al Registro Mercantil el 28 de abril, unos días después de que el diputado y jefe provincial de Ciudadanos en Zaragoza, José Luis Juste, dimitiera de ambos cargos al conocerse que dirigía una empresa en Panamá y que no había incluido esa circunstancia en su declaración de bienes.

El listón de las exigencias éticas para los cargos públicos está alto esta legislatura en Aragón, donde el delegado de la comunidad en Teruel, Antonio Arrufat (PSOE), dimitió nada más ser imputado en el caso Jamón para regresar meses después tras ser exonerado, y donde tanto Juste como el exalcalde pedáneo de Juslibol, Miguel Velilla (PP), cesaron en sus cargos a las pocas horas de conocerse que tenían intereses societarios en Panamá y que los habían ocultado en sus declaraciones oficiales de bienes.

Olona preside, por su cargo de consejero, las empresas públicas aragonesas Sarga y Aragersa, la primera dedicada a trabajos rurales y la segunda a la gestión de residuos, además de ser consejero de la Corporación Empresarial Pública de la comunidad. Sin embargo, la legislación autonómica establece que los miembros del ejecutivo deben tener dedicación exclusiva. Podemos considera “relevante que tanto Inesa como Quasar realizan su actividad exactamente en los mismos campos en los que Joaquín Olona desempeña su cargo público”.

La Ley de Transparencia vigente en Aragón desde 2009, actualmente en periodo de revisión para endurecer sus exigencias, no obliga al ejecutivo a publicar las declaraciones de intereses y bienes de sus altos cargos, posibilidad que los tres últimos gobiernos –PSOE-Par, PP-Par y PSOE-Cha- han eludido. Sí son públicos los de los consejeros que son a su vez diputados, ya que la cámara los hace accesibles a través de su portal de transparencia.

La consulta de Podemos al presidente de las Cortes, Antonio Cosculluela, sobre Olona ha abierto un escenario nuevo, explicaron fuentes parlamentarias. Las declaraciones de los miembros del Gobierno se custodian en la cámara, aunque el titular del archivo es el ejecutivo. Y las Cortes no tienen claro si pueden facilitar esos datos a los diputados.
En cualquier caso, las dudas se despejaran este miércoles, cuando la Mesa de las Cortes debata qué hace con la solicitud de información sobre Olona que ha presentado el partido morado. Ese órgano está integrado por dos representantes del PSOE, otros tantos del PP y uno de Podemos.