El PSOE registra una ley para terminar con el delito de ofensas religiosas y poner límites a los jueces

El Partido Socialista ha registrado una proposición de ley en el Congreso para enfrentar "la persecución y difamación sistemática a artistas, creadores, periodistas y adversarios políticos", que, tal y como transmiten fuentes socialistas, "pervierten determinadas herramientas del Estado". Entre otras medidas, la ley incluye la eliminación del delito de ofensas religiosas, algunos nuevos límites a la actividad de los jueces y que no se puedan presentar querellas con recortes de prensa.

En concreto, en el punto relativo a los jueces y magistrados, se propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cuando "un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte".

En cuanto a la supresión del delito de ofensas religiosas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, publicó un mensaje en la red social X, el 1 de enero, para informar de que el Ejecutivo impulsaría una reforma en ese sentido este año. Lo hizo después de que se fueran conociendo las quejas ―e, incluso, acciones legales― que algunas asociaciones ultras impusieron contra Lalachus cuando la humorista enseñó, en la emisión de las Campanadas de TVE, una estampita de Jesucristo a la que se le había hecho un montaje para colocar la cara de la vaquilla del Grand Prix.

El Gobierno se ha dado prisa. El movimiento solo se ha demorado diez días y ha introducido la reforma en la primera iniciativa legislativa de 2025.

Por otro lado, la norma también incluye una reforma en la acusación popular. Esto es que "la participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella y no a la instrucción".

Con ello, los socialistas quieren terminar con la "filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de alargar y mediatizar" procesos judiciales. De todas formas, se especifica también que "la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión".

Además, de aprobarse la ley, para personarse como acusación popular se exigirá que exista un vínculo "concreto, relevante y suficiente" con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. Será el juez quien compruebe si tal vínculo existe y quien tendrá la potestad de denegarlo si no es así. Además, se prohibirá ejercer de acusación popular a partidos políticos y asociaciones. También a fundaciones vinculadas.

El otro gran punto relevante de la propuesta tiene que ver con las querellas basadas en recortes de prensa, como la que presentó el pseudosindicato Manos Limpias en su denuncia a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La proposición de ley incluye la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa "sin el menor indicio de irregularidades".

Primeros contactos con los grupos en el Congreso

"Pretendemos impedir el acoso que se sufre cuando hay quien usa las acciones judiciales de forma abusiva", ha destacado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, en una comparecencia tras registrar la ley. Las razones por las que los socialistas presentan esta norma, según ha destacado López, tienen que ver con "la persecución sistemática", no solo en España, de científicos, artistas o periodistas "por parte de sectores extremistas que usan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos". 

El PSOE apunta a que es "una estrategia que va a más". "La última ha sido la presentadora Lalachus pero la lista no hace más que aumentar", ha destacado López, que también ha mencionado otros casos como el Gran Wyoming o Dani Mateo, inmersos en procesos judiciales por denuncias de ofensas religiosas.

Respecto a los límites en las declaraciones políticas de los jueces, el portavoz de los socialistas en el Congreso ha destacado que "hay sectores que animan a jueces o magistrados a significarse". Esto, según López, "tiene una consecuencia fatal para la imagen de imparcialidad del poder judicial". "Todos sabemos lo que es una declaración política", ha añadido sobre cómo se distinguirán lo que son o no manifestaciones acotadas por la ley.

La proposición de ley ahora inicia los trámites parlamentarios y necesita contar con apoyos. "Esperamos contar con una gran mayoría para sacarlo adelante", ha dicho López. Los contactos, de momento, han sido muy informales, según ha reconocido el dirigente socialista. "Nos hemos mensajeado con otros grupos, las fechas han sido raras porque es mes inhábil en el Congreso", ha afirmado.