El Gobierno trata de salvar otro 'match point' en el Congreso con los desahucios 'exprés' por okupación

"Estamos estudiando fórmulas". Es lo que dice una voz autorizada del Grupo Socialista en lo referente a una votación que tendrá lugar este jueves en el Congreso, que ha pasado desapercibida cubierta por montañas de actualidad política: la ley de eficiencia judicial. A priori, cuando fue aprobada en el Congreso, nada parecía indicar que se transformara en un dolor de cabeza para el Gobierno, pero un error en el proceso de enmiendas ha complicado las cosas.

Es un asunto algo complejo. Lo que se vota en la Cámara Baja este jueves es el levantamiento de un veto que aprobó el Partido Popular en el Senado a la ley de eficiencia en la Justicia. El texto, que incorpora muchas medidas para hacer más ágil el servicio judicial español, se aprobó en el Congreso el 14 de noviembre. El mismo día saltaron las alarmas entre las izquierdas.

Un error en los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu permitió que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) colara una enmienda en el texto que obliga a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en un sentido en el que discrepan profundamente Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos o BNG: agilizar los desahucios en caso de okupación, es decir, cuando haya habido allanamiento de morada o usurpación.

Tal y como dicta la enmienda, a partir del día en que la ley se publique en el BOE, es decir, si el Congreso levanta el veto del PP, se podrá empezar a resolver ese tipo de casos a través de 'juicios rápidos'. PSOE, Sumar y BNG votaron en contra de ello, pero el error en los votos de abertzales y republicanos, sumados al apoyo de PP, Vox, PNV ―los proponentes de la enmienda― y UPN, dieron como resultado la inclusión de la misma en la ley.

Una ley que el PP vetó en el Senado por otra serie de cuestiones; no por la enmienda del PNV, con la que está de acuerdo. Todo ello, en cualquier caso, representa un problema de envergadura para el Gobierno y, en particular, para Félix Bolaños, ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, quien promueve el proyecto de ley.

Javier Sánchez Serna, portavoz de Podemos en la Cámara Baja, ha avisado este martes de que los morados "no levantarán el veto a esa ley si no hay un compromiso de eliminar la cuestión de los decretos exprés". Y ha especificado: " [El Gobierno] tiene que acordar con Podemos una hoja legislativa para ello". Con eso, el portavoz deja claro que a Podemos no le valdrá con un compromiso de palabra.

El jueves, dando por hecho que PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votan en contra de levantar el veto del Senado, los cuatro diputados de Podemos serán suficientes para alcanzar los 175 escaños. Esas cifras significarían un empate entre las fuerzas dispuestas a levantar el veto y las contrarias. 

Si las tablas persisten durante la jornada ―el Reglamento dice que se votará hasta en tres ocasiones―, la ley entrará en una especie de stand by de dos meses, cuando volverá al Congreso para repetir la votación por cuarta vez. Si persisten o empeoran los números y el Ejecutivo sigue sin conseguir que se levante el veto, la ley decaerá de forma definitiva.

Para el Gobierno, con todo, es importante a nivel político levantar el veto en esta primera oportunidad. Por eso, desde el Grupo Socialista del Congreso deslizan que están "estudiando fórmulas". Incluso han llegado a sugerir que no es descartable retirar del orden del día la votación del jueves para ganar algo de tiempo en su negociación con Podemos. 

Discrepancias en el fondo y en la forma

Si los de Ione Belarra han decidido plantarse y avisar al Gobierno de que no levantarán el veto si no obtienen un compromiso por escrito antes del jueves, ERC y EH Bildu se niegan a apoyar bajo ninguna circunstancia el veto del PP en el Senado. 

Los abertzales explican que "la reversión de esa enmienda se puede hacer a través otra ley, sin poner en riesgo las cuestiones positivas de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que las tiene". Coinciden con ellos en ERC. El BNG, por su parte, no ha decidido, según ha podido saber Público, su voto.

Las cuatro izquierdas, en cualquier caso, coinciden en el fondo, pero no en la forma de revertir ese error. En cambio, otro aliado del Gobierno, el PNV, difiere de todas todas en el contenido. Los de Aitor Esteban, que impulsaron la enmienda, insisten en que la medida "va sobre okupación, no sobre desahucios" y en que "no va de echar a la gente de su casa: va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa". Hay una discrepancia clara. 

Con un tono muy duro, el PNV sentencia que "Podemos y Bildu están a favor de la okupación" y que "el PNV, no". No sería extraño que los jeltzales pusieran alguna pega en esas fórmulas que está buscando el Gobierno para revertir sy enmienda, a pesar de que saben que salió gracias a una carambola.

Fundamentalmente, las dos vías que tiene el Ejecutivo para resolver el dilema son la creación de otra ley para enmendar la que eventualmente se aprobaría el jueves o la generación de un real decreto con el mismo propósito. De todas formas, está por ver si consigue desentrañar el asunto antes del jueves.