Tanto el Congreso, como el Senado avanzan en la implementación del Plan de Igualdad que aprobaron la Mesas de ambas Cámaras en marzo de 2020. Las conclusiones de su cuarta revisión, a la que ha tenido acceso Público, dicen que más de un 65% de los objetivos ya se han cumplido, que un 19% se encuentra en proceso y un 16% aún está en un cajón. Esos avances en términos de igualdad en el seno de la Administración parlamentaria ―organización, lenguaje, conciliación, etc.― contrastan con la proliferación de comentarios machistas por parte Vox durante la presente legislatura y la anterior.

El último caso tuvo como protagonista a la diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero, que tuvo que soportar una vejación por parte del diputado de la formación de extrema derecha David García Gomis. "Madre mía, la chavala, nos lo vamos a pasar bien", dijo entre dientes durante una sesión de la Comisión de Trabajo. A título individual, la diputada de Sumar Aina Vidal, quien presidía la sesión, reprendió a García Gomis, pero ahí quedó la actuación de la Cámara.

Especial relevancia mediática tuvieron, en la pasada legislatura, las palabras de la también diputada de Vox Carla Toscano hacia la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Toscano aseveró que "su único mérito" [el de Montero] consistía en "estudiar en profundidad a Pablo Iglesias". En aquel caso, fue la propia dirigente de Podemos la que solicitó que no se retirara del diario de sesiones el comentario para que quedara constancia. La Cámara, entonces, presidida por Meritxell Batet, tampoco fue más allá.

Contrastan, por tanto, los avances en el que es el primer Plan de Igualdad en la historia de las Cortes Generales ―la comisión que lo estudia acredita que su aplicación presenta muy buenos números― con el aumento del discurso machista en el hemiciclo y las comisiones de mano de los diputados de la extrema derecha.

El Plan nació con el objetivo de "garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración parlamentaria", de acuerdo con la definición que le dan las propias Cortes. Desde el momento de su creación, ya se han llevado a cabo cuatro revisiones. Fuentes del Congreso destacan que, en esta última, ya se encuentran o bien en proceso de implantación o ya implantados el 82% de los parámetros que se contemplan en la norma.

El documento se divide en ocho campos que incluyen desde las medidas organizativas de las Cámaras, hasta las retribuciones, pasando por el lenguaje inclusivo o la conciliación laboral. Todos ellos contienen multitud de medidas a aplicar y, en cada uno de los informes que se han ido presentando, se puntúa con una graduación del uno al cuatro el nivel aplicación, siendo uno los proyectos que aún no se han empezado gestionar y cuatro los que ya se han realizado.

Es importante tener en cuenta que todas las medidas del Plan de Igualdad se limitan a lo que tiene que ver con la actividad administrativa de la Cámara. En lo referente a la acción de los diputados, el propio Reglamento del Congreso, en sus artículos 103 y 104, establece la actuación que puede adoptar la presidencia de la Cámara en caso de que se "profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros". Contempla, en última instancia, la posibilidad de interponer sanciones.

Existe debate dentro de la Cámara acerca de cómo se debe reaccionar ante determinados discursos y actuaciones de la bancada de ultraderecha. Sin ir más lejos, durante el debate en el que se aprobó la ley de amnistía, el 30 de mayo, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, recibió varios insultos xénofobos. Lo volvió a hacer Javier Ortega-Smith varios días después. Tampoco se ha actuado sobre ellos.

Cosas por hacer en términos de lenguaje no sexista

El actual informe del Plan, en cualquier caso, revisa el nivel de aplicación entre abril de 2023 y abril de 2024 y avisa de que, aunque en general se ha mejorado, existen algunos campos bastante rezagados. Es el caso de los apartados dedicados a la conciliación y a la comunicación y el lenguaje inclusivo, que apenas sobrepasan el 30% de realización de las tareas que incluye el Plan de Igualdad.

Es cierto que la Cámara Baja aprobó unas Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria, algo a lo que obliga el Plan de Igualdad, pero la Cámara Alta, con mayoría del Partido Popular (PP), todavía no lo ha hecho. En el Congreso ha llegado incluso a impartir un curso sobre la materia.

En cuanto a la señalización dentro de las Cámaras es al revés. En el Senado ya se ha elaborado una a Propuesta de normalización y unificación de la cartelería y señalética en los edificios del Senado, mientras que en el Congreso todavía está pendiente. 

Hay trabajo por hacer en materia de lenguaje no sexista, pero también en lo referente a la no discriminación del colectivo LGTBI+. Por el momento, a pesar de que está comprendido en el Plan de Igualdad, todavía no se ha incluido el "principio de no discriminación por orientación sexual e identidad de género" en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los últimos movimientos en ese sentido, siempre según el informe, datan del año 2022, cuando se produjo una reunión los representantes de los trabajadores con la Administración.