Cheikh Drame (Senegal, 1992) es activista antirracista y presidente de SOS Racisme Catalunya. La entidad, que fue fundada en 1989, atraviesa ahora "un momento difícil debido a problemas de financiamiento" y se ha visto obligada a "detener parcialmente su actividad", con la esperanza de volver en septiembre con "las fuerzas renovadas" para fortalecer la estructura del equipo.

Drame llegó a Catalunya hace más de 20 años, pero aun así no puede votar porque no tiene la nacionalidad española. Según él, es "una de las consecuencias de la ley de extranjería" y es víctima del "racismo estructural" del país.

El activista dispone de un NIE y no está en una situación administrativa irregular, pero no tiene la nacionalidad porque tiene antecedentes penales. Drame fue acusado de atentar contra la autoridad después de sufrir una actuación policial abusiva a manos de seis agentes. Fue condenado a dos años de prisión, pero finalmente no ingresó y tuvo que pagar una multa. "En este país, los derechos de la gente como yo pueden ser vulnerados y, como consecuencia, somos criminalizados y oprimidos por las herramientas del sistema que nos elimina", explica a Público antes de empezar la entrevista.

En el último comunicado que emitieron, explicaban que, desde 2020, los ingresos públicos destinados al Servicio de Atención y Denuncia de la entidad han disminuido un 15% mientras que han asumido un 31% más de casos. ¿Qué ha pasado con estos ingresos?

Quiero pensar que hay más agentes y entidades sobre el terreno, pero también creo que nunca ha habido una apuesta fuerte y real por un antirracismo potente y crítico que dé soluciones. Si nos llegan más casos, significa que el trabajo de SOS Racisme está bien hecho y que hay más gente que denuncia, pero la verdad es que hay mucha precariedad en general.

¿Reciben estos fondos públicos a través de subvenciones?

Trabajamos con financiamiento público de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación. También tenemos convenios, uno de los más importantes es con el Ayuntamiento de Terrassa, donde replicamos un Servicio de Atención y Denuncia. Las socias también nos hacen aportaciones y tenemos recursos de privados.

En abril iniciaron una campaña de micromecenazgo que ya ha terminado. ¿Hasta qué punto un servicio de carácter público debe pedir el apoyo económico de la ciudadanía y no reclamar más responsabilidad a la administración?

Lo que pasa con las subvenciones es que se reciben después de haber hecho el trabajo. Como entidad social, hacemos lo que debemos hacer y aun así tenemos dificultades y debemos pedir un crédito porque sabemos que no recibiremos el financiamiento hasta finales de año. No quiero cargar directamente contra las administraciones porque aún trabajamos con ellas y tenemos reuniones programadas, pero sí que echamos en falta esta apuesta seria.

Nos encontramos ante un nuevo gobierno que habla de un programa antirracista y por eso quiere acercarse a nosotros. Pero estamos precarizados, no tenemos manos. Lo que queremos es la garantía de que las cosas que ya funcionan lo sigan haciendo. No queremos que nos engañen, porque al final los partidos políticos quieren reconocimiento. La Oficina por la No Discriminación (OND) del Ayuntamiento de Barcelona nos deriva casos. Funcionamos, pero la lucha antirracista va muy retrasada e implica muchos niveles. El racismo es una violencia estructural que impregna todas las capas de nuestra sociedad.

¿Qué escenarios se plantean a partir de ahora?

Estamos con servicios mínimos, pero no hemos cerrado. SOS Racisme es una entidad pequeña y abarcamos toda Catalunya y, por tanto, no es fácil. Nadie entra a la entidad por el dinero que se gana, sino porque tiene un compromiso con la lucha. Cerrar no era una opción, pero si el volumen de trabajo es muy elevado no podremos atender con la misma calidad. Tenemos un solo abogado penalista con más de 100 casos.

Hemos terminado la microfinanciación, no hemos alcanzado el objetivo ideal, pero sí el mínimo. Hemos recibido el apoyo de la gente, unos 11.000 o 12.000 euros. En septiembre volveremos con las fuerzas renovadas para llegar a muchos otros espacios, hacer formaciones y fortalecer el equipo.

¿Ahora hay más casos o se denuncia más? ¿Se están volviendo a normalizar situaciones de racismo explícito?

Siempre hemos tenido racistas en este país, pero ahora se sienten más legitimados. Antes había un consenso social y actitudes que mediáticamente no se toleraban. En los medios de comunicación no se permitía decir barbaridades como las que dicen ahora cuando vinculan inmigración y delincuencia.

Cuando yo era pequeño, en las plazas de mi pueblo se gritaba "¡Viva Franco!" y "¡Fuera inmigrantes!". Esto ya no pasa, pero la población migrante y racializada ha aumentado y el discurso racista está más legitimado. Este fenómeno no es gratuito, responde a la globalización, a cuestiones geopolíticas y a las relaciones de poder que existen entre colonizadores y antiguas colonias. No se está gestionando de la mejor manera y se está criminalizando la pobreza.

Nosotros trabajamos contra el racismo y no contra la xenofobia, porque tenemos casos de gente racializada que ha nacido aquí y que aún le dicen que "se vaya a su país". Nacionalidades como la italiana, más numerosa en el territorio catalán, no tienen estas dificultades. Tenemos una problemática de justicia social y las élites han hecho creer a la población que la culpa es del que es pobre y diferente.

Tampoco podemos obviar las redes sociales, ya que los algoritmos favorecen la difusión de fake news y los creadores de contenido de derechas. Han distorsionado la línea que separa libertad de expresión y delito de odio, haciendo que el racismo se exprese de todas las maneras y que la sociedad continúe reforzando estereotipos reduccionistas.

En Europa se mantienen programas como Frontex, que militariza las fronteras para impedir la llegada de personas del Sur Global. Este tipo de políticas tienen consecuencias trágicas, como ocurre en el Mediterráneo o en Melilla... ¿Temen que con la deriva ideológica que está tomando el continente se endurezcan aún más estas medidas?

No nos da miedo porque ya nos lo esperamos. El Gobierno español ha estado trabajando con una legislación que criminalizaba a las ONG que rescataban personas que se ahogaban en el mar. Todo esto respondía a una lógica europea de fortalecer y enviar un mensaje claro.

Las personas que se dedican a rescatar me contaban que una vez tenían frente a sí dos embarcaciones de migrantes que naufragaban y un gran barco de Frontex con todas sus herramientas y recursos que no movió un dedo. Y cuando les preguntaron por qué no ayudaron, respondieron que hacían trabajos concretos de detección de terrorismo. No hay una voluntad real y el mundo geopolíticamente se está moviendo.

Europa nunca ha querido la emancipación del Sur Global, en este caso del continente africano, porque le interesa poder seguir explotando sus recursos. No quieren que se rompa la relación de poder que deriva del colonialismo porque hay muchos tratados, como el de pesca entre España y Senegal. Desde el movimiento antirracista pedimos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Frontex es la máxima expresión de poder del supremacismo blanco. La Guardia Civil patrulla aguas de Senegal para evitar inmigración irregular, pero si fuera al revés, habría una guerra. Nos hablan de mafias, pero los compañeros de Top Manta y de venta ambulante que se habían dedicado a la pesca nos lo explican.

¿Qué cuentan?

No puede ser que en la embajada de España en Senegal haya un cartel que diga que ni cumpliendo todos los requisitos se garantiza un visado. Y si te lo niegan, no te devuelven el dinero y tu pasaporte no sirve para nada. Debes hacerte uno nuevo si quieres pedir el visado otra vez.

El discurso de los políticos es que no están en contra de la inmigración, pero que debe ser legal y ordenada. Se están pidiendo vías seguras, pero tal vez a una persona que ha presentado todos los requisitos legales para huir de la guerra se le está negando el visado.

La lucha antirracista pide la derogación de la ley de extranjería. ¿Qué implica y por qué consideran que debe derogarse?

Apostamos por la derogación, pero hay que puntualizar que nosotros nos sumaremos a todo lo que pueda conllevar una mejora para las condiciones de vida de las personas migradas. Consideramos que la ley de extranjería es injusta y que atenta contra el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a migrar dentro de un territorio y a migrar fuera de las fronteras de su estado y regresar a su país de origen.

Es una ley perversa que explica muchas de las situaciones que podemos ver en la calle. Aunque las competencias de extranjería son estatales, podemos ver cómo el Ayuntamiento de Jaume Collboni vuelve a sacar a la Guardia Urbana a las Ramblas de Barcelona para golpear a las personas que se dedican a la venta ambulante.

Es cierto que prácticamente ya no hay manteros.

Durante muchos años, los manteros han sufrido deshumanización y criminalización gratuita. Se decía que los problemas de inseguridad eran culpa de los manteros, que hacían competencia desleal, había un discurso que justificaba toda esta brutalidad. Ha habido casos de asesinatos, como el del hombre que tiraron en Montjuïc. El racismo mata y con el gobierno de Ada Colau tuvieron una tregua porque se hizo mucho trabajo en la defensa del derecho a la vida.

Hablemos de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

En los CIE se interna a personas sin haber cometido ningún delito. Entrar en España de forma irregular es una falta administrativa, no un delito. En las prisiones hay culpables de crímenes horribles, pero mínimamente se les garantizan unos derechos. En un CIE, no. Hemos visto palizas, no entran cámaras. Idrissa Diallo fue un joven que pidió asistencia médica en un CIE, se le negó y murió por una negligencia institucional. El Estado intentó taparlo de una forma muy indigna.

Si por suerte te escapas de ir a un CIE, eres una persona de Senegal y buscas trabajo, lo primero que te dicen es que necesitas los papeles. Pero ¿qué haces si tienes que estar dos años en el estado español para poder regularizarte mediante el arraigo? No quiero vender drogas, no he encontrado a nadie que me explote en el campo sin contrato. Entonces me voy a las naves de Badalona, compro productos y me dedico a la venta ambulante. Si el problema es que hay una gran operación de falsificación, que inspeccionen el puerto, pero aquí entran dinámicas capitalistas que no interesan.

En el caso de los menores, que tienen la etiqueta de MENA [Menores Extranjeros No Acompañados], se fijan en el hecho de que sean extranjeros y los derechos de la infancia quedan en un segundo plano. La ley de extranjería vulnera derechos de forma flagrante.

¿Podría concretar aún más?

No nos permiten votar, no nos permiten opositar, no nos permiten hacer muchas cosas. Ahora mismo tengo un NIE autorizado para trabajar, pero he tenido otros que no. ¿De qué te sirve tener eso y no estar autorizado para trabajar? Te están condenando a una situación de precariedad.

No puedo votar porque no tengo nacionalidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica colonial de nuestros estados? Yo y toda persona procedente del continente africano necesitamos vivir aquí diez años mínimo para poder optar a la nacionalidad. Una persona latinoamericana quizás en uno o dos años ya tiene derecho.

Cuando dicen "sin papeles", el imaginario colectivo de la población catalana y española piensa en alguien como yo o un magrebí saltando la valla o viniendo en patera, cuando la realidad es completamente diferente. La población negra representa el 1% de la inmigración irregular en el estado

¿Qué impacto tendría la aprobación de la ILP de regularización de inmigrantes que permitiría legalizar a medio millón de personas que viven en España desde antes del 1 de noviembre de 2021?

Hay victorias simbólicas que no podemos dejar de lado. Esto no significa que queramos ser instrumentalizados o que no seamos conscientes del juego político. Todo el proceso de organizar la recogida de firmas, involucrar a tanta gente y apelar al privilegio blanco y a las personas racializadas que son españolas ―en una ILP solo pueden votar las personas que tienen nacionalidad― ha sido muy importante.

Que se apruebe a trámite también es una victoria simbólica. En un estado de derecho con cierta conciencia antirracista, deberían ser los mismos políticos los que regulen todo esto, sin esperar que la sociedad se autoorganice y lo pida. Y hago un paréntesis: tenemos una derecha muy consciente de lo que quiere en materia de migración y una izquierda acomplejada que no es capaz de decir abiertamente que la migración en este país aporta mucho más de lo que se lleva.

Ahora está la oportunidad de ver cómo se posicionan los partidos de izquierdas, qué discursos tienen, y ver si llegaremos a la aprobación. Ha sido muy bonita la lucha que se ha llevado a cabo en diferentes territorios estatales, sobre todo en Catalunya, y que población con diferentes grados de privilegio y de opresión entienda que esta regulación es necesaria porque estamos hablando de la vida.