El Partido Popular (PP) aprobó en el Pleno del Senado de la semana pasada el planteamiento de un conflicto de atribuciones con respecto al Congreso por no haber hecho caso al veto que, con un procedimiento irregular, aprobó la Cámara Alta para frenar la ley que permitirá conmutar las penas de los presos españoles en el extranjero, incluyendo a los encarcelados miembros de ETA. 

Hay que remontarse algunas semanas atrás para encontrar el origen del asunto. A principios de octubre, el Congreso aprobó por unanimidad una directiva europea que incluía una enmienda registrada por Sumar para conmutar las penas de los presos en el extranjero y, por lo tanto, también de los etarras que hayan cumplido condenas en Francia. El PP dijo que el Gobierno había introducido la enmienda bajo manga, algo que pusieron en cuestión los partidos del bloque de investidura, que simplemente consideran que el PP no vio con malos ojos la medida en un principio.

En cualquier caso, cuando saltó a la prensa que la enmienda aprobada en el Congreso iba a beneficiar a los presos de la banda terrorista, el PP quiso frenarla, pero ya no estaba a tiempo para registrar vetos ni enmiendas en el Senado, por lo que la Cámara Alta no tenía el poder de rechazar la iniciativa y devolverla al Congreso. De todos modos, en una decisión sin precedentes aunque avalada por el cuerpo de letrados del Senado, el presidente de institución, Pedro Rollán, dictaminó que al haberse mostrado la mayoría de la Cámara contraria a la aprobación de la norma, se podía entender que era un veto.

Fue una decisión sorpresiva, toda vez que en el Pleno no se había debatido un veto ni el PP lo había registrado formalmente. Por ello, cuando el Congreso fue informado de que el Senado rechazaba la iniciativa, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, lo rechazó, también avalada por los letrados de la institución que lidera y por la mayoría de la Mesa del Congreso. Así, se acabó enviando la ley al Gobierno para que la publicara en el BOE.

Desoyó, así, el mandato del Senado porque consideró que legalmente la Cámara Alta no tenía la opción de vetar la ley porque no cumplió con los requisitos formales necesarios.

Así las cosas, este martes el Congreso ha respondido al Senado mediante un acuerdo de la Mesa ―pese a la oposición de los miembros del PP― que rechaza el conflicto de atribuciones y, por lo tanto, la petición del Senado de que el Congreso reconsiderara el rechazo a su veto.

En un documento argumentado jurídicamente de 13 páginas, ha aducido, tal y como defienden desde hace días, que el acuerdo del Pleno del Senado se adoptó fuera de plazo, que el propio Senado no califica lo acordado por su Pleno como un veto, que existen "graves defectos" de tramitación en el proceso que siguió el Senado, que el artículo 90.2 de la Constitución permite descartar que lo que se aprobó en el Senado fuera un veto, que la Mesa del Congreso estaba totalmente "legitimada" para rechazar el veto y que ese rechazo "se ajusta a derecho".

A partir de este punto, el PP podrá decidir si eleva al Tribunal Constitucional el conflicto de competencias. En caso de que lo haga, el órgano encargado de dirimir los asuntos relacionados con la Constitución decidirá cuál de las dos Cámaras tiene razón.

Adjudicados los contratos para la traducción

En otro orden de cosas, la Mesa del Congreso también ha comunicado este martes que ya se han adjudicado los contratos de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado para "garantizar el uso del català, el galego y el euskera en la actividad parlamentaria con una previsión de 3 millones de euros al año".

En concreto, se dedicarán 714.853,61 para los servicios de traducción, de los que se encargará la empresa Altalingua SL; 2.139.885 euros, para los de interpretación, que serán a cargo de Ute Aib-Aim; 462.835,89 de euros, para los de transcripción, de los que se ocupará Pangeanic Bi Europa SL y 672.740,64 de euros para el subtitulado, que será a cargo de la empresa Red Bee Media SLU.