Después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que cerró el último periodo de sesiones y el 2021 con una actividad legislativa al alza, el Congreso se prepara para retomar el curso político en enero, un mes que está fuera del periodo de sesiones, como julio y agosto.

En este sentido, las primeras semanas de 2022 estarán marcadas por las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios sobre la reforma laboral y la modificación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, dos normas importantes que han motivado en buena medida el apoyo del bloque de la investidura al Ejecutivo de coalición (en situación de minoría) en el Parlamento.

Sendas reformas acumulan fuertes críticas por parte de estas fuerzas aliadas, lo que supondrán los dos primeros escollos de 2022 que el Gobierno tendrá que sortear para afianzar la mayoría progresista que sostiene la legislatura y que, por otra parte, marcará el devenir del próximo periodo de sesiones que dará comienzo en febrero.

La reforma laboral, lejos de tener los apoyos suficientes

Por un lado, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que el Gobierno acordó con los agentes sociales en un pacto "histórico", pasará previsiblemente su prueba de fuego antes de que termine enero.

Las normas con rango de ley deben someterse a convalidación o derogación en el Congreso dentro del plazo de treinta días hábiles tras su promulgación. En este caso, la nueva reforma laboral fue publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre y entró en vigor al día siguiente. De este modo y dentro de los plazos que manejan los partidos del Gobierno, la Diputación Permanente convocará previsiblemente un pleno extraordinario a finales de mes. 

Para evitar que la patronal se descuelgue del acuerdo (el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, amenazó con hacerlo si se cambiaba "una coma" del texto pactado), el Ejecuto tratará de impedir que la legislación laboral se tramite como proyecto de ley y se cierra a incluir retoques.

"Nosotros no queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que tiene equilibrios, es lo que hace singular a esta norma. No es un proyecto de ley del Gobierno, es un proyecto de ley que deriva de un acuerdo entre empresarios y sindicatos", sentenció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en RNE. 

Un planteamiento que los socios parlamentarios no aceptan por las profundas mejoras que quieren introducir y porque, de hacerlo, minaría la función del poder legislativo depositada en el Parlamento. De esta manera, coincidiendo con las vacaciones navideñas, las conversaciones del Gobierno con ERC, EH Bildu o PNV en torno a esta cuestión, lejos de prosperar, han sido "nulas", como reconocen fuentes parlamentarias de estas fuerzas políticas a este medio.

Declaraciones cruzadas en torno a la reforma laboral

"A ver si entre día histórico y día histórico da para hablar con ERC, que igual tiene algo que ver" afeó el portavoz republicano, Gabriel Rufián, desde la tribuna en el último pleno del año mirando hacia la banca azul. Y es que, la falta de negociaciones formales sobre este asunto en sede parlamentaria contrasta con las declaraciones cruzadas por parte de todos los actores implicados durante las últimas semanas.

En este sentido, destacan también las palabras del coordinador general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi: "Las cosas se han hecho rematadamente mal si la apuesta era la de aprobar una reforma estructural con la mayoría de la investidura. En las próximas semanas se abre un periodo de oportunidad para rectificar algunas cuestiones que consideramos básicas para evitar un voto, que a día de hoy, es rotundamente contrario a esta reforma de la reforma. Para EH Bildu, la 'desestatalización' de la negociación colectiva, junto al bloque que afecta a los despidos, son cuestiones determinantes para evitar nuestro 'no' a esta reforma", remachó en una columna de opinión publicada en Público.

Por su parte, la artífice de este "acuerdo histórico", la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevó la presión sobre los socios del Gobierno para que el texto legislativo reciba el aval del Congreso sin cambios. "Creo que es muy difícil decirle que no a esta norma. Quien la haga fracasar tendrá que explicarle a los trabajadores de Cádiz o los que están sin negociar su convenio porque acabó la ultraactividad que prefiere la norma anterior", justificó en una entrevista en El País. No obstante, la vicepresidenta segunda no contempla otra opción que sacar adelante su medida estrella con el aval de los socios habituales del Ejecutivo.

La reforma de la 'ley mordaza', un "maquillaje"

Y mientras este asunto se desenreda con las dudas sobre el posible apoyo de las derechas a la norma como telón de fondo, el Gobierno de coalición también tendrá que hacer frente a las mejoras que sus socios quieren introducir para reformar la ley mordaza. ERC y EH Bildu, que suelen ir de la mano en la mayoría de iniciativas parlamentarias, han tildado de "maquillaje" y "cambio cosmético" la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para modificar esta norma restrictiva.

Así lo avanzó el diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu momentos antes de que se constituya la ponencia para modificar la norma en el Congreso. "No vemos mal gran parte de las medidas anunciadas, son un avance y una mejora incuestionable, pero nos parecen completamente insuficientes", aseveró en relación a las enmiendas introducidas por los partidos del Gobierno, que se quedan lejos de la derogación íntegra de la ley mordaza reclamada por las fuerzas de izquierda y organizaciones pro derechos humanos y a favor de la libertad de expresión.

De esta forma, a petición de una mayoría de la Cámara Baja para que se celebren sesiones extraordinarias de la ponencia, los grupos discutirán las enmiendas registradas a la proposición del PNV los próximos 12, 19 y 26 de enero, con idea de poder llevar el texto en febrero a la Comisión de Interior y finalmente al Pleno del Congreso. Para que eso ocurra, la tramitación de esta reforma tan reclamada comportará un debate arduo en la Cámara Baja.