El compás en el ritmo que une la calle con las instituciones a veces está desfasado. En las últimas semanas la ciudadanía ha protagonizado intensas movilizaciones en muchas ciudades del Estado para reclamar soluciones urgentes a una emergencia de la vivienda que se sitúa como el gran pozo negro de la economía de las familias.

El clamor es claro: soluciones urgentes a un problema cronificado que viene arrastrado y agravado desde hace años. Este miércoles, el Congreso de los Diputados tenía la oportunidad de acompasar ese clamor con una decidida apuesta por plantear soluciones y ofrecer algo de tranquilidad a la ciudadanía, pero el poso que deja el debate parlamentario no va en esa línea.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, protagonizó una intervención inicial en la que asumió que sin regulación no se solucionaría el problema de la vivienda (especialmente el de los desorbitados precios del alquiler), y en la que recordó los fracasos de experiencias pasadas en las que los gobiernos de la derecha apostaron por la construcción masiva de inmuebles y la liberalización de suelo público.

Rodríguez reconoció la categoría de "derecho constitucional" que la Carta Magna le otorga a la vivienda, y avanzó que el Gobierno era "sensible" con la emergencia habitacional existente y que no iban "a parar hasta resolverlo de forma estructural".

La ministra subió a la tribuna para hacer un recorrido de todas las políticas que había desplegado el Gobierno (que, aunque han atajado determinados problemas, no han estado ni cerca de resolver el problema de los precios o el nivel especulativo que hay en el mercado, sobre todo en lo referente a los alquileres turísticos y de temporada).

Un debate con tensión y sin propuestas

Sin embargo, no presentó ni una sola nueva propuesta, algo que le afearon los grupos parlamentarios en sus intervenciones. Especialmente duros se mostraron Sumar (que le pidió decantarse entre "los fondos de inversión" y las personas que sufren el drama de la vivienda) y Podemos (que le recordó que la calle había pedido su dimisión, acusó al PSOE de hacer "las mismas políticas que el PP en vivienda" y señaló que la propia Rodríguez era una "rentista" por las propiedades que tiene y por las políticas desplegadas desde su departamento).

La segunda parte del debate tornó la sesión plenaria en una batalla campal. La ministra endureció su tono sobremanera y protagonizó intensos choques con Sumar y Podemos. "Cuando las cosas salen bien, medallita, y cuando no, la culpa es del PSOE. No pasa nada, somos los hermanos mayores y nos hacemos cargo. ¿Con quién está usted, con el Gobierno o con la oposición?", le espetó a Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar.

"Con mis tres propiedades que usted ha mencionado no tengo ni la mitad para pagar el chalet de Galapagar; lo siento, no me llega", ha respondido la ministra a Ione Belarra, en referencia a la casa del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios consultados han apuntado a que el Gobierno "ha perdido una oportunidad histórica para dar una respuesta clara y convincente a una emergencia nacional que va a seguir marcando agenda en el futuro".

"Poca empatía, poca autocritica y cero propuestas. Es una oportunidad perdida y una decepción. Nada en materia de cómo se va a obligar al PP a aplicar la ley, nada de alquileres turísticos, nada de la prohibición de comprar viviendas para especular. Nos deja preocupados y tendremos que reflexionar sobre nuestros próximos pasos a dar en materia de vivienda" zanjaba Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, tras el Pleno.

A juicio de Podemos (cuyos dirigentes terminaron el debate visiblemente molestos con la referencia de Rodríguez al chalet de Iglesias y Montero), "la ministra está comiendo espetos en la playa mientras se le viene encima un tsunami". 

"Este debate hoy viene empujado por la calle y la urgencia de la calle. De la calle ya no nos llegan ecos, sino gritos; ya no hay que hacer pedagogía sobre la necesidad de que el derecho a la vivienda esté por encima de la capacidad de negocio; ya no hay que sacar los datos. Sobran estos condicionantes de anteriores debates porque la gente nos está pidiendo que hagamos algo ya. Falta la intervención, pasemos de las palabras a las acciones", reclamó Oskar Matute, de EH Bildu, apuntando a ese desfase entre el debate de la calle y el del Congreso en materia de vivienda.