"No vamos a parar". Es el mensaje que lanzan desde el Gobierno sobre dar solución a la crisis de la vivienda. Lo repitió este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras una reunión con una treintena de organizaciones en Moncloa en la que también estuvo Pedro Sánchez. Lo cierto es que Rodríguez se enfrenta este miércoles a una suerte de examen político tras semanas de críticas parlamentarias y movilizaciones en las calles.

El Congreso de los Diputados celebra una comparecencia de urgencia de la ministra de Vivienda. Fue solicitada por los grupos de ERC, EH Bildu y Mixto a través del BNG. Sumar y PP apoyaron la petición, que textualmente señala la "inacción del Gobierno y la falta de medidas tendentes a posibilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna". También se refieren a las declaraciones de Rodríguez del mes de septiembre "apelando a la solidaridad de los propietarios como forma de contener la subida de precios de alquiler". 

Desde entonces la presión ciudadana no ha dejado de aumentar. El día 13 de octubre salieron a la calle miles de personas en Madrid en una manifestación que demostraba el auge del movimiento. Este fin de semana las acciones se han replicado en ciudades como València, donde incluso hay jóvenes acampando de manera permanente.

Justo al día siguiente de la convocatoria en Madrid el Gobierno reaccionó con dos anuncios. Uno sobre el Bono Joven Alquiler y otro sobre un reglamento relacionado con alquileres turísticos y de temporada. Ninguno de ellos fue recibido con satisfacción desde los colectivos sociales. 

El mensaje público del Gobierno, no obstante, es que tienen que reaccionar con contundencia. Lo dijo el propio Sánchez tras la manifestación de Madrid. El Ministerio de Vivienda defiende su gestión, señalan que han cumplido con muchos de los puntos del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Y además, que "escuchan", como demuestran las mencionadas reuniones con organizaciones y el compromiso de crear grupos de trabajo para buscar soluciones. 

El encuentro se vio empañado, no obstante, por el rechazo a asistir del Sindicato de Inquilinas, pese a estar invitado. Consideran en esta organización, una de las más activas en las últimas convocatorias, que no pueden sentarse también con la patronal inmobiliaria e insisten en pedir la dimisión de Rodríguez. 

Rodríguez precisamente apeló al "clima de acuerdo" vivido en la reunión de este lunes como ejemplo de lo que espera para la comparecencia en el Congreso. "Mostraré un balance, servirá para hacer un balance exhaustivo, para compartir propuestas que están en marcha. Esta ministra ha cumplido con buena parte de los acuerdos, espero del Parlamento que estén a la altura de la sociedad y es lo que yo me intento aplicar cada día", añadió. 

Moncloa defiende también que el Gobierno de Sánchez ha multiplicado por ocho el presupuesto que destinaba Mariano Rajoy a vivienda. "Gracias a este incremento de presupuesto, el Gobierno financia en torno al 70%-75% de las políticas de viviendas de las comunidades autónomas", destacan. 

La presión de la izquierda

La crisis de la vivienda ha abierto una brecha importante en la coalición de Gobierno. Desde Sumar no han dejado de cargar contra los socialistas y proponer más ambición. También a las puertas de esta comparecencia. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz apuntó a que espera que Rodríguez esté este miércoles "a la altura del debate de país" y ofrezca "respuestas" y no solo el diagnóstico. Díaz ha reconocido y lamentado que el Gobierno no esté haciendo todo lo posible para solucionar los problemas de la vivienda. 

En este sentido, los socios del PSOE son tajantes. "La cuestión que se debe abordar en la comparecencia de la ministra de Vivienda es si para ella la vivienda es un negocio o es un derecho. El ministerio se encuentra en una encrucijada de la que depende esta legislatura", ha afirmado Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar este mismo martes. 

ERC también ha movido ficha en las últimas horas y este martes registró de nuevo en el Congreso la ley de alquileres de temporada que tumbó Junts y que precisamente impulsó el Sindicato de Inquilinas. "Creo que lo que hay que hacer es intervenir el mercado de la vivienda, topar los precios y, sobre todo, no empezar a regalar bonos", insistió este lunes Gabriel Rufián, portavoz parlamentario. 

Desde EH Bildu esperan "que el Gobierno escuche las reivindicaciones de la calle y se sienta interpelado por las movilizaciones que dicen basta para cambiar de manera estructural las políticas de vivienda y actúe de una vez", según señalan fuentes de la formación. 

Por su parte, Podemos ha elevado sus exigencias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La formación morada ha convocado una consulta a los inscritos para que apoyen la propuesta de la dirección que encabeza Ione Belarra. Se trata de exigir al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Israel y también que aborde medidas contundentes en materia de vivienda. En concreto, reducir un 40% los precios del alquiler.