Memoria históricaEl Congreso se ampara en la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre los policías implicados en la muerte de García Caparrós

La comisión de encuesta sobre el asesinato del joven andaluz Caparrós se encuentra oculta bajo la ley de Secretos Oficiales. La rechazada petición de descalificación pedida el pasado mes de octubre por parte del Gobierno Andaluz, ha puesto en evidencia, una vez más, la incoherente política del gobierno con la memoria histórica. Y la salvaguarda de los comparecientes que hablaron sobre el caso hace justamente cuarenta años.

Hoy, Manuel García Caparrós es una de las 2.663 víctimas de la Transición, por violencia política entre heridos, muertos y hospitalizados desde el final de la dictadura hasta 1983. El 4 de diciembre de 1977 moría asesinado este joven manifestante por un disparo al aire son tan solo 19 años de edad. Hoy aquel espacio, una esquina de la Alameda de Colón, ha sido declarado lugar de la memoria por el gobierno Andaluz. Su asesinato ha quedado impune. Al igual que las actas, escondidas pocos meses después del crimen.

La propuesta iniciada por la Junta de Andalucía ha tenido una resolución nefasta. La Mesa del Congreso ha anulado la publicación de las documentos que fueron redactados con la garantía de proteger la identidad de los "cuerpos de Seguridad durante cincuenta años", en relación al asesinato del joven manifestante, hijo predilecto de Andalucía.

La Junta no ha sido la única que ha iniciado la batalla a favor de la desclasificación de las actas sobre García Caparrós. La propia familia ya advertía la "necesidad de conocer la verdad y qué ocurrió con esta víctima de la Transición". Eva García Sempere inició la investigación de los documentos el pasado mes de septiembre tras pedirlo de forma expresa al Congreso y con dos fallidos intentos sobre la Mesa. Sin embargo, el informe redactado de su "parcial investigación" ha sido vetado para su exposición en el Parlamento Andaluz. El único interés de la diputada era cumplir un deseo de conocimiento con la familia y la propia ciudadanía. Y "arrojar así algo más de luz". Sin embargo, el PSOE ha vetado su comparecencia que daría a conocer sus últimas averiguaciones sobre el caso.

La tres hermanas de Caparrós se habían reunido en San Telmo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz y el vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios. El objetivo, llegar hasta el final de una documentación parcial a la que hasta el momento solo ha tenido acceso la diputada de Unidos Podemos, Sempere. Los folios de las actas han sido accesibles para esta diputada con la mayoría de los implicados tachados en sus interrogatorios voluntarios que se archivaron pocas semanas después de la manifestación de 1977, a favor de la autonomía en la ciudad de Málaga.

Antonio Maíllo, coordinador general de IU en Andalucía ha comparecido en el Parlamento Andaluz declarando que que "no se va a permitir que quede sin resolver el crimen de este joven malagueño", símbolo de la lucha del andalucismo. Además ha indicado que Izquierda Unida irá por su cuenta realizando "un informe pormenorizado a la Comisión de Presidencia después de la nueva negativa de la Mesa del Congreso".

La comisión de encuesta nunca ha podido consultarse de forma pública. Solamente ha sido consultada por Sempere. Un aspecto que la diputada ha reconocido como "absurdo" después de 40 años de los hechos. "Tendremos una parte de la verdad, pero no toda y no será suficiente para alcanzar justicia y reparación ya que no cabe anonimizar a los implicados".

El informe policial después del crimen

Dentro de la documentación en el Congreso sobre la muerte de Caparrós, la Ley de Secretos Oficiales, sin límite temporal para el acceso de sus documentos, deja algunas investigaciones abiertas. El expediente del Ministerio de Gobernación adjunto a la comisión de encuesta, redactado diez días después del asesinato, sería una de los archivos más importantes que podría abordarse para aclarar los hechos ocurridos en aquella manifestación.

Este informe podría ser arrojado a la luz pública al "tratarse de un informe oficial del Ministerio del Interior, conocido en aquella época como Ministerio de Gobernación", aclara Sempere a Público. Este informe reconocería "que la bala que hirió mortalmente a Manuel José García Caparrós fue disparada por la Policía". Los nombres estarían ocultos dentro de las actas del Congreso. Y es que tal y como señala Antonio Maíllo, "la ley garantiza cincuenta años de secreto a los comparecientes aunque no puede atender a documentos que pueden ser públicos perfectamente", como ocurre con este archivo policial. A este respecto también se ha manifestado la presidenta de PSOE en Andalucía, Micaela Navarro, que aclara que el único impedimento de acceso al archivo completo es "la Ley de Secretos oficiales que impide que se publique el expediente".

Una aplicación "abusiva" de la Ley de Secretos

La ley de Secretos, redactada en plena etapa franquista, concretamente en 1968 no impone límite temporal de acceso a los documentos, como sí ocurre en la ley de Patrimonio Histórico, que ocultaría los nombres de los interrogados durante cincuenta años. Bajo esta normativa de secretos la documentación permanecería oculta hasta que el Congreso diera permiso, bajo un carácter totalmente arbitrario, ya que prima sobre la posterior ley de Patrimonio.

Pau Casanellas, experto en el acceso a archivos de la Transición relata a Público que “estaríamos delante de una "aplicación absolutamente abusiva de la Ley de secretos con este caso, una aplicación claramente contraria al espíritu de la ley". El investigador señala que la declaración de "materia reservada" para la documentación está dirigida a archivos que puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. "Evidentemente, el caso de la muerte de Caparrós no entra de ninguna manera en este supuesto. Además que han pasado ya cuarenta años..."

El único resquicio estaría en una petición "excepcional" aprobada por el Congreso. Sin embargo, hasta el momento, la diputada Sempere solo ha tenido acceso "parcial" a los documentos. No de forma integra, como podría autorizarse en una de las particularidades de la ley.