El Congreso aborda este martes un nuevo intento para derogar el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero. El Pleno de este martes aprobará previsiblemente la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos, partidos que sostienen el Gobierno, y lo hará con el apoyo del PP, que votará a favor de su tramitación, aunque "deberá ajustarse a que la nueva norma recoja el voto con todas las garantías", sostienen fuentes del grupo popular a este medio.

El origen de esta reclamación, canalizada a través de organizaciones como la Marea Granate, se remonta a 2011, fecha en la que se introdujo el voto rogado en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, la LOREG, impulsada por PP y PSOE con el apoyo del PNV y CiU. El artículo 75 de esta norma obliga a los electores residentes en el extranjero a solicitar expresamente el voto cumpliendo una serie de plazos muy breves, tanto para la solicitud de la documentación como para la remisión del voto por correo postal o su depósito en urna.

A la reducción de plazos se suma el incremento de los trámites para rogar el voto y las dificultades que plantea el envío del sufragio a España para que llegue a tiempo al recuento de votos, lo que ha supuesto un enorme descenso de la participación: del 31,88% en 2008 a poco más del 8% en abril de 2019, que se incrementó al 10,61% en la repetición de noviembre de 2019. Además, de entre los que solicitaron votar se perdió entre un tercio y la mitad de los votos por insuficiencia de los plazos para enviar la documentación y remitir los votos a las Juntas Electorales a tiempo para su cómputo. Y, precisamente, el desplome en la participación ha coincidido con el aumento del censo electoral de residentes ausentes (CERA), esto es, de menos de un millón y medio en 2008 a más de dos millones de personas censadas en enero de 2021. 

Falta de consenso y adelanto electoral

Desde al menos 2016, el Congreso ha abordado a través de diferentes formas esta cuestión, pero la falta de consenso, primero, y la disolución de la Cortes en 2019, en segundo lugar, han retrasado una reforma muy esperada. Lejos de un periodo repleto de citas electoral (en los últimos cinco años) y si la crispación política no va a más, este nuevo intento se desarrollará en un escenario que no contempla elecciones hasta dentro de casi dos años, lo que podría facilitar al fin la derogación del sistema del ruego de voto. 

En abril de 2016, el Pleno de la Cámara Baja aprobó casi por unanimidad la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades, errores administrativos y falta de medios que dificultan a los residentes en el exterior ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la convocatoria electoral de junio de ese año echó por tierra esta aspiración impulsada por Podemos. Casi un año más tarde, el Congreso puso en marcha una subcomisión para abordar la reforma de la ley electoral, pero dos años después, la falta de consenso impidió que este órgano acordara medidas de gran calado, especialmente en lo relativo al voto rogado.

Ya en febrero de 2019, antes de las elecciones de autonómicas de mayo, PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición de ley para acabar con este sistema. A pesar de que solicitaron su tramitación urgente, la proposición, como tantas otras, no escapó de la disolución de las Cortes debido al adelanto electoral, por lo que decayó sin llegar a debatirse en profundidad. 

Recuperar el sistema de voto sin solicitud previa

A principios de febrero, los partidos que sostienen el Ejecutivo volvieron a registrar esta iniciativa para terminar con el voto rogado, una "vergüenza democrática" que ha supuesto que el desplome de las tasas de participación electoral, "lo que pone de relieve está vulneración vergonzosa de los derechos democráticos de los compatriotas españoles emigrados", señaló el grupo confederal tras anunciar que metería en su primer cupo del año esta proposición legislativa incluida en el pacto de Gobierno.

En este sentido, la reforma plantea la eliminación del voto rogado recuperando el sistema de voto sin solicitud previa. La Oficina del Censo Electoral remitirá de oficio a todos los inscritos en el CERA las certificaciones, los sobres y la documentación requerida para votar, así como las indicaciones necesarias para descargar las papeletas de forma telemática y obtenerlas presencialmente en los consulados.

También, se acortará el plazo para la remisión de la documentación, por lo que el periodo máximo para remitir la documentación a los inscritos en el CERA se reduce del día 34 al 18 posterior a la convocatoria de elecciones. Asimismo, se podrán descargar las papeletas de forma telemática, o se indicará en la documentación que se remita a los inscritos la forma para obtenerlas en papel. Este modelo facilita el proceso y permite enviar las certificaciones necesarias para votar antes de la finalización del plazo de proclamación de las candidaturas, que es imprescindible, tal como recoge la iniciativa.

No obstante, se mantiene la opción de remisión por correo del voto a la oficina consular o votación presencial en estas oficinas, adelantándose el plazo para hacerlo y ampliándose la duración del mismo. En esta línea, este periodo estará comprendido entre el sábado y jueves anterior al domingo electoral (ahora va desde el miércoles al viernes anterior al domingo de los comicios). 

Con esta reforma se ampliará el plazo del escrutinio hasta el quinto día posterior a las elecciones. También, se publicarán los datos de voto de los inscritos en CERA, desglosados por consulados de emisión, para "dotar de transparencia y trazabilidad al sistema de voto". La norma contempla además la posibilidad de realizar telemáticamente los trámites vinculados a la inscripción en los registros censales y variaciones de datos de los mismos.