Si los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el pleno del miércoles sobre la situación de Catalunya pasaban por trazar una hora de ruta no beligerante para afrontar el conflicto, lo ocurrido durante este fin de semana ha trastocado todas sus intenciones y acudirá al Congreso endureciendo su discurso con los independentistas y, en concreto, contra el president de la Generalitat, Quim Torra.

Además, el presidente del Gobierno explicará y anunciará medidas concretas para garantizar la convivencia en Catalunya, que todavía está estudiado el Ejecutivo, pero que se pretenden poner en marcha de forma inmediata y algunas se podrían llevar al Consejo de Gobierno del próximo viernes.

Para ello, el Gobierno ha querido en primer lugar enviar tres cartas la Generalitat para pedir explicaciones por lo que consideran una "dejación de funciones" ante los acontecimientos ocurridos este fin de semana. Una misiva la envía la vicepresidenta, otra el ministro del Interior y una tercera el ministro de Fomento.

El Gobierno considera "inadmisible" que no esté garantizada la "seguridad" ni "la libre circulación de personas en Catalunya", y quiere plantear medidas para que no vuelvan a repetirse los incidentes provocados este fin de semana por los Comités de Defensa de la República (CDR), donde han cortando carreteras durante horas o han abierto los peajes sin actuación alguna de las Fuerzas de Seguridad.

En la carta enviada por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska se avisa claramente al Gobierno catalán que si no se garantizar la seguridad, lo hará el Gobierno de España, "y se ordenará la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando proceda":

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que se están estudiando qué medidas aplicar dentro de las Constitución y las leyes, para lo que la Abogacía del Estado está barajando distintas posibilidades, pero se ha querido dar primero este paso para que haya una advertencia clara de la preocupación y el malestar que hay en el Gobierno ante esta situación.

Inicialmente, según fuentes consultadas, no se baraja aplicar de nuevo el artículo 155 en Catalunya, aunque tampoco se descarta tal posibilidad en función de los acontecimientos. Pero, de momento, el objetivo del Gobierno es garantizar la paz social lo que puede pasar por recuperar las competencias en Seguridad y el control de los Mossos.

La Constitución recoge que las competencias en Seguridad son exclusivas del Estado, aunque puede cederlas a las comunidades autónomas, como es el caso. La recuperación de estas competencias se podría hacer al amparo de la Ley de Seguridad Nacional y podría bastar con la aprobación de un decreto ley que anulase las competencias a la Consejería de Interior de la Generalitat.

También se está estudiando el envío de Policía Nacional y Guardia Civil para garantizar dicha seguridad ciudadana, reforzando su presencia en Catalunya y encomendándoles tareas concretas de actuación.

Algunas fuentes apuntan que las medidas concretas las anunciará el propio presidente del Gobierno en el pleno del miércoles, aunque no se descartan que se anticipen algunas en función de cómo transcurran los acontecimientos,

El Gobierno también quiere garantiza la seguridad durante la celebración del Consejo de Ministros, previsto para el próximo 21 de diciembre en Barcelona, ya que el Ejecutivo tiene información de que los CDR están ya preparando acciones contundentes de protesta por toda Catalunya.

Hay gran preocupación en el Ejecutivo que dicho día pueda terminar en una jornada de violencia y altercados, aunque en modo alguno se contempla la posibilidad de anular la celebración del Consejo de Gobierno.