El Juzgado de Primera Instancia número 42 de Barcelona ha condenado a la compañía dedicada a los desalojos extrajudiciales Desokupa a indemnizar con 5.899 euros a un activista por vulnerar su derecho a la imagen. El negocio publicó unos vídeos para publicitarse en redes sociales en el que aparecía el denunciante sin su consentimiento, según consta en la sentencia, al que ha tenido acceso este diario. La sentencia ordena retirar dichos vídeos.

Los vídeos de Desokupa en 'Facebook' e 'Instagram', donde aparece el denunciante, se remontan a enero de 2022, cuando la compañía grabó su intervención en el desalojo de una nave de Cornellà de Llobregat, donde aparecía Shervin Mansouri Guilani, quien acudió para apoyar a las personas implicadas en el desalojo forzoso y no dio su consentimiento para ser grabado y para que se difundiese su imagen. 

Según consta en el fallo, la empresa Conciencia y Respeto 1970, SL, denominación mercantil de Desokupa, fue contratada por la empresa dueña de la citada nave para proceder al desalojo. Mansouri Guilani acudió a apoyar a las personas que se encontraban en la nave y que iban a ser desalojadas. Consta que aunque el que realizó los vídeos fue Daniel Esteve, el director de Desokupa, el material pertenece a la compañía, responsable de su custodia y difusión, por eso la sentencia recae contra la empresa. 

Junto al vídeo sobre el desalojo, Esteve publicó en 'Facebook' e Instagram' comentarios en los que llamaba "ratitas", "perro flautas" y "bichos" a las personas que aparecían en la grabación, entre los que se encontraba Shervin Mansouri Guilani.

El tribunal ha determinado que la cuantía solicitada se ajusta a derecho, ya que es el precio estimado de una pieza publicitaria de esas características. Por otra parte, ha desestimado las alegaciones de la defensa de Mansouri Guilani por un posible delito de odio, al entender que los insultos vertidos en el vídeo no se dirigen al activista en concreto. 

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso.

La Fiscalía investiga a Desokupa por posible delito de odio

El grupo ultra se enfrenta a otra posible demanda judicial por los bulos vertidos sobre el presunto asesino de una mujer en la plaza madrileña de Tirso de Molina.

El Ministerio Público está estudiando si los llamamientos realizados por Desokupa en redes sociales, al asumir que el presunto asesino era una persona migrante, constituyen un delito de odio. 

Según las fuentes fiscales consultadas por este diario, de momento se está analizando el material vertido por esta plataforma contra la okupación de viviendas en las redes sociales, sobre todo en 'Instagram', aunque no se encuentra el retuit a la publicación del líder de Vox, Santiago Abascal.