La Comisión Europea aprueba la 'excepción ibérica' para limitar el precio del gas

La Comisión Europea ha aprobado de manera definitiva la llamada 'excepción ibérica', la cual permitirá a España y Portugal limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la península por un periodo de un año. Este anuncio coincide con unas declaraciones de Ursula Von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, en las que ha mostrado su interés por reformar el modelo energético de la Unión Europea.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han celebrado la salida adelante de esta propuesta y han asegurado que supone un "hito en las relaciones entre España, Portugal y las instituciones comunitarias". Esta medida busca paliar la baja interconexión de la península, motivo por el cual se produce poco un intercambio energético con el resto de países.

Bruselas, finalmente, ha dado su visto bueno a la propuesta de España y Portugal que topará el precio del gas en una media de 50 euros por megavatio hora (MWh). Esto ha sido posible tras unas duras negociaciones, en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, António Costa, viajaron a Bruselas para negociar con los líderes europeos. 

Un modelo diferente para España y Portugal

La alianza entre España y Portugal, precedida por la Guerra en Ucrania y por el aumento de la inflación y el precio de los combustibles, ha obligado hacer de la península una "isla energética", ya que estos países apenas son dependientes del gas ruso. La idea detrás de esto es la de exigirle a Europa un modelo diferente para establecer el precio del gas y así abaratar la factura en los hogares españoles y portugueses

El precio del gas se topará en una media de 50 euros/MWh durante 12 meses

De acuerdo con lo pactado con Bruselas, el precio del gas se fijará, en un primer momento, cerca de los 40 euros/MWh, para luego marcar esos 50 euros/MWh durante los 12 meses que esté vigente la medida.

La Comisión, a través de un comunicado, ha estimado que la medida, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, tendrá un coste total de 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 millones, a Portugal.