La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha vuelto a rectificar al juez que hasta el pasado mes de diciembre instruía el caso Tándem, Diego De Egea, con un auto en el que ordena reabrir la investigación de la pieza Iron sobre el encargo que un despacho de abogados habría hecho al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para espiar a otro bufete de la competencia, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Esta es una de las nueve piezas separadas de investigación en las que se articula esta causa y afecta a Francisco Carpintero, Andrés Medina y Álvaro Martínez, socios mayoritarios del bufete Herrero y Asociados; y a su directora del departamento de marcas externas, María Ángeles Moreno. Todos vuelven así a estar investigados por haber contratado a Villarejo y su socio, Rafael Redondo, para obtener información sobre el despacho Balder IP.

El juez De Egea, que llevaba esta causa como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, ordenó en julio del año pasado archivar las actuaciones sobre los investigados argumentando que "desconocía la condición de agentes de Policía o funcionario público" de Villarejo y los métodos presuntamente ilícitos que utilizaría para recabar la información que le estaban solicitando.

Además, rechazó un recurso de los afectados, Balder IP, en un auto en el que lamentaba la "situación de sospecha en un periodo tan prolongado de tiempo y con tan escaso material probatorio" que a su entender, venía padeciendo Herrero y Asociados y acusaba a la Fiscalía Anticorrupción, contraria al sobreseimiento, de volcar "apreciaciones unilaterales" en sus escritos y proponer investigaciones de "carácter prospectivo" en la causa.

Sin embargo, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Vieira, la Sala concluye que si se analizan "pormenorizadamente los indicios expuestos por el Ministerio Fiscal y la documentación que los soporta, necesariamente hay que concluir que en estos momentos, se mantienen indicios de la participación de los investigados respecto de los que se ha dictado el auto de sobreseimiento en hechos que inicialmente revisten caracteres delictivos".

Grabaciones y documentales acreditan "técnicas legales"

En concreto, señala que "de las grabaciones de las reuniones mantenidas" y de la documentación intervenida en un pendrive denominado Pfizer en los registros, se desprende que "los servicios contratados y efectivamente prestados podrían incluir el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas y el acceso no autorizado a movimientos de cuentas bancarias así como en algunos casos, información tributaria y de inteligencia financiera".

Cita entre otras una reunión de septiembre de 2013 entre Carpintero, Martínez, Villarejo y Redondo de la que constan los audios y en la que "se hace referencia explícita a la utilización de técnicas ilegales de las que, en consecuencia, habrían tenido conocimiento los que participaron en esa reunión".

"Tú sabes que esto es más ilegal que una patata", llega a decir el comisario jubilado en un momento de la conversación a uno de los socios del bufete, tras referirse a asuntos como que los datos fiscales que quieren en Hacienda no se los dan gratis o que a la gente que está siguiendo el tráfico de llamadas de los espiados hay que "untarla" porque hacen "cosas delicadas".

Big y Boni

"Aunque partiéramos de que el señor Villarejo hubiera reconocido solamente que fue Comisario de Policía, confesó explícitamente que obtenía irregularmente información policial a través de sus antiguos compañeros y mediante funcionarios de Hacienda, seguramente percibiendo alguna compensación a cambio, lo que integraría un delito de cohecho igualmente", dice la Sección Tercera.

En el auto menciona el papel que habrían desarrollado en este proyecto de Villarejo el entonces comisario en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, Enrique García Castaño, a la luz de dos documentos con requerimientos dirigidos a él con el apelativo Big y relativos a los movimientos de las cuentas de Balder IP, sus números de teléfono y su información fiscal.

También se sitúa a otro de los investigados, el también policía Antonio Bonilla Martínez, que aparece en las notas internas de trabajo utilizadas por el Grupo Cenyt donde se recogen "datos obtenidos de las gestiones de Boni", su apelativo, "entre los que se incluyen datos bancarios de cuentas abiertas en el BBVA y Cajamar" que él habría aportado al 'espionaje'.

"Todos estos elementos obligan pues a mantener abierta la investigación contra los referidos investigados", dice la Sala, que al igual que hizo con el archivo que De Egea dictó sobre los clientes de Villarejo en el proyecto Land –espionaje entre miembros de la familia Cereceda–, ordena reabrir las pesquisas al ahora instructor de la causa, el titular del Juzgado Central 6 Manuel García Castellón.