Sanfermines 1978Colgar una pancarta contra la impunidad policial es una "incitación al odio", según el Gobierno

Si una bala de la Policía perfora tu cabeza, no hay delito. Ni siquiera una mínima investigación que determine quién, cómo y por qué. Si 40 años después te atreves a denunciar la impunidad que rodeó aquel crimen, acabarás en la comisaría. Así lo ha comprobado este lunes la primera persona citada a declarar por colocar una pancarta en el balcón de su vivienda en memoria de los Sanfermines de 1978, cuando una espeluznante carga policial acabó con la vida de Germán Rodríguez y dejó un reguero de heridos. Los responsables nunca fueron investigados. Quienes reclaman justicia, sí.

“Stop Impunidad”, “Crimen de estado” o “El pueblo no olvidará”. Estas frases pueden convertirse en “injurias al Estado” si triunfa la tesis de la Policía Nacional, que durante las últimas 72 horas se puso en contacto con cuatro propietarios de viviendas en las que se colgaron pancartas con esos lemas. De esta manera, la campaña lanzada por la plataforma Sanfermines 78 Gogoan ha adquirido un rumbo inesperado: en lugar de poner el foco sobre la larga sombra de la impunidad, el Estado ha elegido criminalizar a los que protestan.

La Delegación del Gobierno en Navarra –al frente de la cual se acaba de estrenar el socialista José Luis Arasti- confirmó tales aspectos a través de una nota de prensa, en la que comunicó que “la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía ha procedido a la citación mediante notificación a personas en cuyos domicilios se exhiben pancartas de contenido calumnioso contra instituciones del Estado, así como otras que, a pesar de no constituir por sí mismas un presunto delito, se exhiben en unidad de acción dentro de una campaña de incriminación, desprestigio e incitación al odio contra los miembros de la Policía Nacional con la excusa de rememorar los trágicos sucesos de 1978 en los que fue asesinado Germán Rodríguez”.

Ese primer párrafo del comunicado oficial dejó un dato que no ha pasado inadvertido entre quienes reclaman el esclarecimiento de lo ocurrido hace cuarenta años: se trata de la primera vez en la que un órgano del Estado califica la muerte de ese joven como “asesinato”. En cualquier caso, la Delegación del Gobierno advierte de que las personas que colocaron pancartas para denunciar ese crimen deberán prestar declaración como investigadas “por un presunto delito de calumnias contra las instituciones del Estado y poder así esclarecer los hechos”, algo que se enmarca “en las diligencias policiales iniciadas de oficio por Policía Nacional”.

“La voluntad de esta Delegación es que se puedan llegar a esclarecer los sucesos de 1978 y, por supuesto, se defienden los derechos y libertades fundamentales de las personas. Pero todo ello ni justifica ni ampara el descrédito de las instituciones del Estado ni de la labor que realiza Policía Nacional en aplicación de la legalidad vigente”, remató.

Según ha podido confirmar Público, la primera persona citada por la Policía se ha negado a declarar, limitándose a señalar que sólo lo hará si tiene que hacerlo ante un juez. De acuerdo a lo señalado por fuentes conocedoras del caso, los agentes policiales han optado por no citar a los restantes denunciados y trasladar directamente el informe a la sede judicial, donde deberá dirimirse si las denuncias por “calumnias contra las instituciones del Estado” continúan o no adelante.

Escrito a Grande-Marlaska

En ese contexto, la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) ha presentado un escrito dirigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitarle que ponga fin a este caso, dado que “supone y representa una gravísima violación del derecho a la libertad de expresión que les asiste”. “Debemos recordarle, como usted bien sabe, que la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre”, subraya la plataforma.

“Resulta sorprendente que el actual Gobierno no ponga límites a una actuación policial totalmente desproporcionada –destaca-, que lo único que pretende es amedrentar, limitar y restringir derechos fundamentales que asisten a la ciudadanía en cualquier marco democrático”.

Precisamente, CEAQUA le recuerda a Grande-Marlaska que las pancartas exhibidas “denunciaban la impunidad en la que se encuentran los trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de Pamplona durante las Fiestas de San Fermín de 1978 como consecuencia de una brutal, desmedida y desproporcionada acción policial que generó la muerte del joven pamplonés Germán Rodríguez y más de cien heridos (más de una decena de ellos de bala)”.

Asimismo, las denuncias de la Policía han despertado duras críticas desde la mayoría del Parlamento de Navarra, así como de distintos sindicatos y colectivos sociales. El caso ha llegado también al Senado, donde Jon Inarritu (EH Bildu) ha presentado una pregunta al gobierno de Pedro Sánchez para que aclare, entre otras cosas, “quién ha dado la orden de llamar a declarar a esas personas” y si esta operación “tiene como objetivo atemorizar a los vecinos y vecinas de Iruñea que siguen denunciando la impunidad de un crimen de Estado”. Por decir esto último, puedes acabar en comisaría.