La droga ha sacudido una vez más una provincia, Cádiz, en la que el narco, con el puerto de Algeciras, uno de los mayores centros de entrada de cocaína en Europa, como epicentro, campa a sus anchas desde hace tiempo.

En la retina permanece la imagen de Samuel Crespo que fue rescatado por la fuerza de un hospital en 2018 por 20 encapuchados. También la muerte de un niño en una playa de La Línea después de que otro narco le golpease con su barca. Ello causó la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Y ahora ha llegado el crimen en el puerto de Barbate (Cádiz), en el que este fin de semana una embarcación de pequeña eslora de la Guardia Civil fue arrasada por una narcolancha entre vítores.

La imagen de la pequeña embarcación de la Guardia Civil frente a la gran lancha que la embistió remite a una pregunta capital: ¿Disponen los juzgados y policías y guardias civiles de los medios pertinentes para una tarea ingente, para enfrentar organizaciones multinacionales muy sofisticadas, con una capacidad extrema de mutación y capaces de implicar a miles de personas en sus planes?

De la lectura de las últimas memorias de la Fiscalía Antidroga, de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía de Cádiz lo que emerge es que no. En ellas se describe lo que podría llamarse un cóctel explosivo, un panorama extremadamente complejo, en el que las condenas tardan en llegar, los procesos judiciales se eternizan, la batalla es "desigual" debido sobre todo a una flagrante falta de medios frente a bandas y organizaciones cada vez más sueltas y más violentas.

La lucha contra el narco se convierte así en una metáfora moderna del mito de la hidra de Lerna, aquella serpiente acuática de múltiples cabezas, a la que cuando se le cortaba una, automáticamente le surgía otra u otras.

Desde 2018, en el marco del plan especial para el Campo de Gibraltar (ampliado después a otras provincias andaluzas), 19.907 personas han sido detenidas o investigadas por delitos de narcotráfico o contrabando, según el ministerio del Interior. 

Esta cifra por sí misma da cuenta de la extensión y de la capacidad de las redes vinculadas a la droga de expandirse en la sociedad, sobre todo en una comarca con unas tasas de paro estructurales que rondan el 30% y superan el 70% en el desempleo juvenil. El narcotráfico forma así parte de la economía local. 

Hay juicios pendientes desde 2011, incluso alguno desde 2007, el "estancamiento" de causas es relativamente habitual y existe también una imposibilidad de llegar a condenas por la falta de medios adecuados en los juzgados, que lleva al "colapso".

"En este momento, se dan graves retrasos en las instrucciones de las causas, especialmente notorios en casos de investigación de blanqueo, y muchas dificultades para el enjuiciamiento de la enorme cantidad de procedimientos que deben ser atendidas por el mismo número de juzgados, fiscales y tribunales", se lee en la última memoria de la Fiscalía Antidroga.

Esto tiene consecuencias relevantes: "Los retrasos y dilaciones […] provocan un efecto perverso que dilata los señalamientos de los juicios orales relativos al narcotráfico, especialmente aquellos de cierta complejidad con múltiples acusados".

El "transcurso del tiempo beneficia" a los narcos, "agota los plazos de prisión provisional con la consiguiente puesta en libertad provisional y facilita la frecuente desaparición de los procesados y la consiguiente declaración de rebeldía", recoge la Fiscalía Antidroga.

A su vez, "las constantes situaciones parciales de rebeldía impiden cerrar las causas que se mantienen abiertas con un continuo goteo de personas".

Así, la celebración de juicios en estas condiciones […] aboca "en más ocasiones de lo deseable a la necesidad de acordar conformidades con reducciones de pena ante las extraordinarias dificultades de presentación de prueba suficiente".

La Fiscal Antidroga propone cambios: modificar las competencias de la Audiencia Nacional y crear jurisdicciones regionales especializadas en delincuencia organizada "para dar adecuada respuesta en las zonas donde estas organizaciones actúan y se instalan frecuentemente como la Costa del Sol, Algeciras, Catalunya y Galicia".

Las narcolanchas

Proliferan en el Campo de Gibraltar organizaciones criminales dedicadas al hachís. Y aunque en el año 2022, hubo una "menor presión policial" sobre el narco, debido a la desaparición de un grupo de élite de la Guardia Civil llamado OCON, cuya reorganización tardó un tiempo en completarse, el narco sí ha notado el efecto de los diferentes planes implementados en los últimos tiempos, si se atiende al relato de los fiscales.

Sin embargo, el resultado de las operaciones antidroga no es la disminución de la actividad, sino que todo se traduce, como en el mito de la hidra de Lerna, en la búsqueda de nuevas maneras –cualquier resquicio es bueno– de evadir a los policías. Así, en la provincia de Huelva existen ahora organizaciones que han trasladado "la actividad para evitar la presión policial en el Campo de Gibraltar".

"Funcionan a modo de cooperativas ilícitas que dan cobertura a organizaciones gaditanas, contando con miembros propios que subcontratan mecánicos, pilotos, tripulaciones, collas para la descarga, encargados de guarderías, etc".

Esta, la expansión del negocio hacia Huelva, es una de las razones por las que las narcolanchas, como la que arrasó a la embarcación de la Guardia Civil en Barbate, se muevan de puerto en puerto y no solo en el Campo de Gibraltar.

En Portugal, además, encuentran refugio "aprovechando la frontera y teniendo en cuenta que estas embarcaciones no están prohibidas": en España lo están desde 2018. La Fiscalía Antidroga requiere en su memoria poner en marcha "un urgente trabajo conjunto con el país vecino" para atajar esta situación.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han alertado del gran aumento de las acciones delictivas en el territorio del río Guadalquivir en su desembocadura de Sanlúcar de Barrameda y la zona de costa colindante en Huelva, con avistamientos de embarcaciones de alta velocidad numerosos, sin que haya sido posible su intervención, por falta de suficientes medios", se lee en la última memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Estos son los datos: "Han sido avistadas un total de 548 embarcaciones, de las que solo han podido ser aprehendidas con estupefacientes 24, avistadas sin datos 182; cargadas con estupefacientes 102, vacías 126 y cargadas con petacas de gasolina 138".

Las petacas de gasolina son otros problema, desde el punto de vista de la Fiscalía de Cádiz: "Resulta necesario dar una respuesta penal a [una] conducta relacionada con el narcotráfico que en la actualidad resulta muy difícil perseguir, pese a su indudable trascendencia para tales delitos: [...] el transporte, tenencia y almacenamiento de gran número de petacas de gasolina, sin ningún tipo de medida de seguridad".

"Este combustible –añade la Fiscalía de Cádiz–, que va a ser utilizado posteriormente por narcolanchas en alijos de droga, se conserva y transporta en unas condiciones precarias con grave riesgo para la vida de las personas. La imposibilidad de relacionarlo cuando es aprehendido con una operación de narcotráfico concreta impide sancionar la conducta por vía penal, pese a su gravedad, al
no encajar en un tipo delictivo concreto".

"En cuanto a las zonas de avistamiento –agrega la memoria–, la mayor parte se han observado en la zona de Cadiz-Huelva (140); seguida de la zona de Almería- Motril (127); Barbate- Cádiz (30) el rio Guadalquivir (5) y el resto en la zona de Málaga-Algeciras-Barbate (unas 38)".

"Esto da cuenta de la gravedad del fenómeno del narcotráfico en nuestras costas y de la desigual batalla en la que nos encontramos", remacha la Fiscalía de Andalucía. A la vista de este listado, lo sucedido en Barbate se enmarca en este contexto.

Violencia, las reyertas

Cada vez preocupa más a los fiscales, también, la amenaza de las redes del narco, que disponen de armas de guerra, y el carácter violento de la actividad, solo en 2022 se han producido tres asesinatos (en Cádiz, en Sevilla y en Málaga), en lo que parecen ser "ajustes de cuentas" entre bandas de tráfico de hachís.

La Fiscalía Superior recoge al respecto: "La tenencia ilícita de armas en los lugares de custodia de la droga es muy preocupante, pero durante 2022 se ha podido comprobar el crecimiento de la potencia de las armas, habiéndose intervenido en distintos lugares del territorio fusiles de asalto AK-47. Así en El Palmar (Cádiz), en Almería y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)".

En ese último lugar en el mes de agosto de 2022 "fue hallado un arsenal" en el suelo de una vivienda: "un subfusil Zastava, otro Skorpion, que puede disparar 850 balas por minuto, un AK47, numerosas pistolas, revólveres, escopetas de dos cañones, todas en perfecto estado de funcionamiento".