En la 'pieza Pintor', de la macrocausa 'Tándem', que instruye desde noviembre de 2017 el juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, están investigados los empresarios sevillanos Juan y Fernando Muñoz Támara, marido y cuñado respectivamente de Ana Rosa Quintana, junto a dos de sus abogados por poner en marcha un plan de extorsión contra un ex colaborador de los Muñoz, Mateo Martín Navarro -alias 'Pintor'-, y el letrado de éste, el ex juez Francisco Javier De Urquía. 

Según los protagonistas, el plan gira en torno a un "tema gordo penal" tributario instruido en los juzgados de Sevilla desde 2007 a raíz del cual tanto los Muñoz Támara como Martín Navarro fueron acusados de cinco delitos fiscales por urdir un sistema de facturas "espúreas" (falsas) para defraudar en el Impuesto de Sociedades e IVA.

En dicho sistema, Martín Navarro era el emisor de las facturas en su papel de subcontratista y Tarol SA -la constructora del grupo de los Muñoz Támara (luego rellamada Tarje SL)-, la receptora en su rol de contratista.

Los orígenes del presunto fraude fiscal

La causa fiscal sevillana se había iniciado en 2005 con una inspección de Hacienda a Martín Navarro, en la que este reconoció la falsedad de las facturas. A esta declaración le siguió otra actuación del fisco en Tarol SA y, de seguido, una querella penal que recayó en el juzgado 18 de Sevilla. 

En los audios de sus reuniones incautados a Villarejo, así como en las declaraciones de unos imputados que se contradicen, se habla indistintamente de dos objetivos en el plan de "extorsión": que Martín Navarro se desdijese sobre la falsedad de las facturas o que afrontase su parte de cuota defraudada y multa en el caso de fallo judicial en contra, ya que como contratistas y/o cómplices los Muñoz Támara respondían de lo reclamado a Martín Navarro en caso de insolvencia de éste. 

De acuerdo con el depósito de cuentas de Tarol SA de 2007 a 2018 y la información del procedimiento recabada por Público, procedente del Consejo General del Poder Judicial, las cuotas defraudadas que Hacienda asignaba a Tarol SA ascendían a 1,6 millones de euros y las estimadas para Martín Navarro, a alrededor de un millón. La deuda fiscal es mencionada en las memorias de Tarol SA de 2007 a 2012, por lo que se debió de llegar a una conformidad en 2013 en lo que refiere a los Muñoz, y el asunto judicial de Sevilla -aún en vigor en 2018- trata por tanto exclusivamente de la parte reclamada a Martín pero de la que Tarol SA también respondía.

Según el relato contenido en los oficios de Asuntos Internos, basado en la literalidad de los audios y documentos incautados en los registros, las supuestas acciones de "extorsión" fueron de dos tipos: sobre Martín Navarro para minar su credibilidad al intentar reabrir un proceso de Algeciras en el que estuvo imputado por falsificación; y amenazando al abogado de este, De Urquía, con difundir dos vídeos sobre su supuesta vida licenciosa, uno de 2005 de la videoteca de Villarejo y otro grabado sobre la marcha, "más vergonzoso".

El plan de Villarejo para salvar a la familia política de Ana Rosa

En el sumario de la 'causa Tándem' hay audios de tres reuniones secuenciales que, por un lado, sitúan juntos a los personajes de esta trama los días 15 de febrero, 7 de marzo y 23 de mayo de 2017 y, por otro, dejan "prueba acústica" e "inequívoca" de todo el proceso: encargo, recepción y evaluación de avances, programación de nuevas acciones, así como la recepción final de resultados (vídeos e 'informe THEW'), que coinciden con el material físico requisado en registros. 

Los Muñoz Támara reconocen la contratación del comisario Villarejo ante Asuntos Internos primero y luego en sede judicial, añadiendo además un cuarto encuentro con él: el de 14 de junio de 2017, cuando supuestamente entregan al comisario 20.000 euros, "aunque les pide 200.000", por un servicio que los Muñoz Támara reducen a una investigación de posibles bienes ocultos de Martín Navarro para que este afronte el pago a Hacienda que le corresponde.

No obstante, los hermanos atribuyen al comisario la entera iniciativa de cualquier otra acción distinta (vídeos o seguimientos de los que aseguran no haber hecho uso). Para rematar, Villarejo anota en su agenda - incautada en el registro- el día que supuestamente recibe el dinero y fecha el 'Informe THEW': "14.06.2017. Juan AR. Decirle si quiere y le viene bien. Todo OK. Muy agradecidos".

Pero este no era el único problema "gordo penal" de los Muñoz Támara en aquel momento. El más importante era el 'caso Marchelo' [DP 1146/2006], que desde 2006 se instruye en el juzgado 2 de Santa Fe de Granada, ubicado en la calle Pintor Juan Ruiz, nombre que podría haber dado lugar al alias 'Pintor' con el que se refiere Villarejo a los jaleos de los Muñoz Támara: en el mismo periodo en el que todos los imputados en la pieza confirman que se desarrolla el supuesto encargo a Villarejo (enero a mayo 2017), se tramitaba en el 'caso Marchelo' un segundo y último recurso de apelación de los hermanos en la Audiencia Provincial de Granada con el que se buscaba el archivo de la causa por prescripción. El recurso se desestima el 29 de mayo, seis días después de la última reunión.

Compadreo sobre fraude fiscal con un comisario en activo

La primera reunión que, según Asuntos Internos, mantienen los hermanos Muñoz Támara con Villarejo para abordar sus problemas es del 15 de febrero de 2017. En dicho encuentro, los Muñoz le reconocen a la primera de cambio los hechos al comisario, todavía en activo, justificando el uso de facturas falsas en la necesidad de generar dinero negro con el que poder retener a trabajadores "que de otra forma se te van", como se puede escuchar a continuación:

-Juan MT. [Describiendo a su hermano Fernando presente en la reunión]. Nuestro gerente administrador, responsable de la empresa constructora del grupo. Es un monstruo de trabajo, una persona que lleva seis, siete, diez obras para adelante, toda una actividad frenética, un trabajador incansable. En la época fuerte de la Costa del Sol había que generar liquidez, efectivo [eufemismo de dinero negro] para atender determinados…
-Villarejo: No había más remedio, no había más remedio. [Villarejo asiente comprensivo; aún era policía en activo].
-Juan MT: Y busca una persona de confianza [Mateo Martín Navarro], bueno… el que más le inspiraba dentro de esos gremios, que se dedicaba a la 'pintura' [blanqueo de capitales, eufemísticamente hablando]. Y se acordó que el 'pintor'  [Mateo Martín Navarro] facturaba y Fernando pagarle el IVA para que lo ingrese en Hacienda Pública y Fernando con la liquidez que sacaba atendía en mano a gente que de otra forma se te va .

Martín 'el Pintor' espera cobrar lo mismo que Villarejo les pide 

El 'Informe THEW', de 171 páginas, apodado 'el libro', según declara Juan Muñoz Támara, les fue entregado por Villarejo en la tercera y última reunión del 23 de mayo de 2017. Dicho "informe" es, teóricamente, el resultado final del trabajo realizado por el comisario y contiene, entre otras cosas, un burdo resumen de datos registrales de supuestas empresas y propiedades de Martín Navarro y de De Urquía su letrado.  

En la página 35 se informa a los Muñoz Támara de la cifra que Mateo Martín Navarro esperaba cobrar, con la frase: "[Martín] alardeaba de que iba a hacer un negocio de 200.000 euros" indicando, además, tres sociedades donde podía efectuarse dicho ingreso. 200.000 euros es exactamente la cantidad que el comisario pidió a sus clientes, según declara sin gran presión Fernando Sánchez Támara ante Asuntos Internos cuando es detenido.

El 'informe THEW' está fechado el 14 de junio de 2017, día en el que los Muñoz Támara dicen haber entregado los 20.000 euros al comisario, dando por finalizados los trabajos. Pero en realidad les fue entregado el 23 de mayo de 2017 -tres semanas antes del día en que se fecha-, según acaba declarando en el juzgado Juan Muñoz Támara tras preguntas y repreguntas del fiscal.

En un examen de la información referida a Martín Navarro incluida en dicho "informe", se comprueba que es una mera relación de nombres y datos registrales públicos y que todos, o casi todos, son proporcionados por los propios Muñoz Támara en un pendrive tras haberlos obtenido de la base de libre acceso Axesor y del Registro de la Propiedad, según comentan a Villarejo en la primera reunión. 

Todos los datos sobre Martín Navarro contenidos dicho 'informe' son pues públicos, con la sola excepción de la frase sobre los 200.000 euros y unos pocos datos personales sobre vehículos y pernoctaciones en hoteles sacados de bases policiales, además de fotografías sobre un supuesto seguimiento de su persona durante la primavera de 2017, realizado por unos detectives contratados por Villarejo que han sido detenidos hace unas semanas. Se trata, en suma, de una información inservible o que los Muñoz Támara ya tenían, para lograr uno de los dos objetivos que buscaban: que Martín Navarro se retractara o localizar propiedades a su nombre para que afrontara su parte de la reclamación fiscal.

El problema sevillano: ni “gordo penal”, ni inminente, ni un roto

Fernando Muñoz Támara trata de convencer al fiscal de que contratan a Villarejo para resolver el procedimiento fiscal de Sevilla, que describen dramáticamente como "gordo penal", en el que podían ser condenados al pago de una importante cantidad, algo que podía poner a su grupo de empresas en un brete. La documentación del procedimiento y los depósitos de cuentas de la empresa de los Muñoz Támara afectada concluyen que ni era un tema penal de riesgo, ni era un roto para las arcas de los Muñoz Támara, ni estos temían un juicio oral inminente.  

Hacienda reclamaba a Tarol SA alrededor de 1,6 millones de euros -de los que informa en sus cuentas desde 2007 a 2012 (por lo que se infiere que llegan a un acuerdo en algún momento de 2013)- y cerca de un millón a Martín Navarro en el citado procedimiento sevillano. Esta última cantidad fue también finalmente pagada por la empresa de los Muñoz Támara, como así consta en la nota de Hechos Posteriores de la memoria de 2018 de Tarol SA (ya bajo el nombre siguiente de Tarje SL) depositada en el registro mercantil. En total, de 2013 a 2018, los Muñoz Támara pagan al fisco en razón de este procedimiento poco más de 2,5 millones, un chiste para la caja que maneja el grupo inmobiliario-constructor de los Muñoz Támara que hoy día cae bajo la matriz Gestora Inmobiliaria Genor SL.

Tampoco les quitaba el sueño al marido y cuñado de la presentadora Ana Rosa Quintana una eventual obligación de pago "inminente" ya que, desde 2010, año en que se señala la primera fecha para el juicio oral de este procedimiento fiscal sevillano, llevaban maniobrando con éxito para suspenderlo una y otra vez, con las argucias habituales: renuncias de letrados de la defensa pocos días antes de cada señalamiento para el juicio, seguidas de no aceptación de venias de letrados sustitutos. 

Continuas suspensiones a placer que tanto Juan Muñoz Támara como su abogado, Ricardo Álvarez Ossorio -experto en narcotráfico- se atribuyen y de las que alardean entre risas en las reuniones autograbadas (Álvarez Ossorio las describe como "guarrerías"). En concreto, ocho años seguidos de suspensiones, porque el proceso fue instado por la Agencia Tributaria en 2007 (DP3896/07, juzgado 18 de Sevilla) fijándose para 2010 el primer señalamiento del juicio oral tras cerrarse la instrucción en 2009, según ha podido constatar Público en la base pública de jurisprudencia.

A las suspensiones ayudó el traslado del caso en 2013 al juzgado 14 de Sevilla [referencia PA 528/2013]. El propio Fernando Muñoz reconoce que el caso sevillano estaba aún "pendiente de enjuiciamiento" en su declaración de agosto 2018 (omite decir durante cuánto tiempo estuvo "pendiente"). En las declaraciones de los imputados en la pieza, unos y otros incorporan las "renuncias de letrados" como elementos que enriquecen el relato sobre el "conflicto" con Martín Navarro. Por ejemplo, los Muñoz Támara cuentan que comienza cuando se sitúa De Urquía como su letrado.

Las coincidencias con el recurso del 'caso Marchelo' 

Sin duda, a los abogados de la familia política de Ana Rosa Quintana no les faltó trabajo desde enero de 2017 al 23 mayo 2017, periodo que todos admiten que es la duración del 'proyecto Pintor' que se encarga a Villarejo. Dicho periodo es el mismo en el que se tramitó en la Audiencia Provincial de Granada un segundo y último recurso por parte de los Muñoz Támara para lograr el archivo por prescripción del 'caso Marchelo', el problema gordo que sí tenían y que se instruía en el juzgado nº2 de Santa Fé de Granada, en la calle Pintor Juan Ruiz. 

El 'caso Marchelo' que también se abre en 2006, es un procedimiento penal donde los Muñoz Támara llevaban imputados 11 años por actuaciones urbanísticas a las que el primer magistrado del caso, Miguel Ángel Torres, dedicó en sus autos calificativos del tenor de "Ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" o de "carácter incontrovertible y grosero".

Al caso se añadía el concurso de 70 millones de euros de deuda y posterior quiebra de la promotora que levantaba el polígono Marchalhendín, uno de los  desarrollos investigados en el 'caso Marchelo'. En este polígono los Muñoz Támara participaban con doble sombrero: de un lado, como accionistas de referencia de la promotora que se había financiado con préstamos bancarios y adelantos de compradores de parcelas y, de otro, como los constructores principales (Tarje SL). Al momento del concurso (los préstamos acabaron en la Sareb), Tarje había cobrado prácticamente todo. El concurso se levantó con un convenio de acreedores sin quitas, que al poco no se cumple y se declara la quiebra. Varios de los particulares y empresas que perdieron las señalizaciones se agruparon para tratar de recuperar su dinero.

¿Cobró finalmente Martín Navarro esos 200.000 euros que profetizaba Villarejo en su "Informe THEW"? Si es así, ¿de quién y por qué motivo? ¿Tenía Martín Navarro alguna información determinante que pudiera influir en el devenir del recurso del 'caso Marchelo' y que justificase que pidiera o recibiera 200.000 euros? ¿O podría haber sido un puente para triangular un pago a alguna otra persona que sí pudiera influir? Sea como fuere, días después de la última reunión la Audiencia Provincial desestimó el recurso. En septiembre de 2018 se cerró la instrucción y el 'caso Marchelo' quedó a la espera de formulación de acusaciones por la fiscalía y de señalamiento para el juicio.