La denuncia presentada esta mañana por una asociación de policías contra las condecoraciones arbitrarias y opacas que concede el Ministerio del Interior va dirigida específicamente contra la que acaba de premiar a un alto mando policial cuyo comportamiento autoritario y abusivo ha levantado en su contra a todos los agentes de Alicante, y antes a los de Benidorm. Pero en realidad va mucho más allá, porque pone en cuestión todo el sistema de concesión de medallas al Mérito Policial con el que se ha ido recompensando –sin justificación ninguna de los méritos aducidos– la fidelidad de los comisarios e inspectores que han participado en actividades reprobables vinculadas a las cloacas de Interior.

La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha interpuesto ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid una demanda por presunta prevaricación y malversación en la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al Jefe Provincial de Alicante, comisario principal Alfonso Cid Alguacil, precisamente cuando se han levantado contra él todos los grupos de la Comisaría Provincial –igual que ocurrió cuando dirigió la de Benidorm–, en protesta por sus arbitrariedades y autoritarismo. Tanto es así que todos los sindicatos policiales, y no sólo la ARP, –incluidas la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP)– han reclamado al Ministerio del Interior el cese del comisario Cid.

Además, Cid ha sido denunciado por haber presuntamente ocultado en unas diligencias sobre un robo que estaba empleando un vehículo oficial para usos particulares, cuando estaba destinado en Guadalajara en 2013, algo tipificado como "falta grave" en el artículo 8.s) de la LO 4/2010. Sin embargo, el comisario Cid acaba de ser galardonado con la medalla roja por Orden de 13 de septiembre de 2018 del Ministerio del Interior, y eso ha generado una demanda judicial que afecta a todo el oscuro procedimiento de los premios policiales establecidos durante el franquismo y repartidos arbitrariamente hasta el día de hoy.

En la demanda de la ARP, a la que ha tenido acceso Público, se denuncia que es imposible averiguar las motivaciones de todas esas recompensas, porque "cuantas solicitudes de justificación incluso individual se vienen dirigiendo a la Administración, en relación con el cumplimiento de los requisitos del art. 6 de la Ley 5/1964, son sistemáticamente evacuadas sin facilitar información alguna al respecto".

"De esta forma, la Administración envuelve la concesión de estas distinciones y el elevado impacto que tienen en el Erario Público en un impenetrable manto de oscuridad, que únicamente puede ser roto a través del control jurisdiccional".

"Por esta razón y en la consideración de que, en caso de concederse la distinción a un funcionario que carece de los requisitos para ello, los propios órganos de la Dirección General de la Policía que intervienen en el proceso de propuesta al Ministro del Interior han de ser conscientes de ello, en actuación habría de activar el reproche penal; esta parte acude directamente a este Juzgado a fin de que lleve a cabo las diligencias de instrucción que se relacionan más adelante y las demás que considere necesarias, para obtener una información que es negada por otros cauces e imprescindible para esclarecer los hechos".

Estos párrafos de la denuncia se muestran a continuación:

Y la demanda continúa:

"Y ello, por supuesto, dejando abierta la facultad del Instructor de investigar si en las restantes 151 concesiones de Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que constan en la Orden de 13/9/2018, concurre efectivamente alguna de las circunstancias del art. 6 e la Ley 5/1964".

"En caso de no ser así podríamos hallarnos ante un presunto concurso de delitos de dimensiones y consecuencias monstruosas, cuya repercusión en las arcas públicas podría ascender a millones de euros".

Es decir, si la Justicia accede a investigar un procedimiento policial mediante el cual se ha premiado sistemáticamente a mandos policiales y otras autoridades –incluso a civiles sin relación ninguna con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–, se deberá escarbar en las cloacas de Interior y se llegará hasta las dos medallas rojas (pensionadas) concedidas al célebre excomisario José Manuel Villarejo Pérez –hoy en prisión– y a muchos otros mandos policiales bajo sospecha.

Porque hace ya décadas que se ha recompensado con esas medallas con pensión vitalicia a cientos de mandos y agentes policiales sin justificarse su adjudicación ni estar sometida a control de cuentas ni transparencia ninguna esa graciosa concesión de premios con un elevadísimo coste total para el erario público. Algo de todo punto injustificado –y por tanto, malversador– si el funcionario a quien se otorga no ha afrontado en acto de servicio una situación de riesgo vital o personal, como exigen la Ley 19/1976 y el Artículo 4 de la Orden de 1 de febrero de 1977, que fijan las condiciones para la concesión de cruces al Mérito Policial.

Como también detalla la demanda de la ARP:

"Lo que nos lleva a considerar como posibles delitos de prevaricación administrativa en concurso ideal con el de malversación de caudales públicos, la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que jamás ha afrontado una situación de riesgo para su vida o personal, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas que implica el abono de una pensión vitalicia a quien no tiene derecho a ello".

Coste de fondos públicos entre 60.000 y 180.000 euros

"Para que el Instructor se haga una idea del coste que al erario público puede suponer una Medalla con distintivo rojo (10% vitalicio del sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su concesión, o del que vaya alcanzando en lo sucesivo), indicamos que:

"– En el caso de un funcionario de la escala básica, puede suponer 200 € al mes; es decir, entre 2.400 € al año. Lo que, siendo vitalicia y considerando una media de entre 25 y 30 años de devengo, conllevaría un coste público de entre 60.000 y 72.000 € en total por cada Cruz con distintivo rojo".

"– Y en el caso de un funcionario del Grupo A (de Inspector a comisario), puede suponer entre 400 y 500 € al mes; es decir, entre 4.800 y 6.000 € al año. Lo que, siendo vitalicia y considerando una media de entre 25 y 30 años de devengo, conllevaría un coste público total de entre 120.000 y 180.000 € por cada Cruz con distintivo rojo".

"Cifra muy superior, desde luego, al límite mínimo del subtipo agravado del delito de malversación del art. 432.3.b) CP, penado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años".

¿Estamos ante un escándalo gigantesco de malversación y prevaricación en el seno del Cuerpo Nacional de Policía? La Justicia tiene la palabra.