Cinco fechas que resumen los 90 años de historia del Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya llega a los 90 años de vida y lo celebrará este martes por la tarde con un pleno conmemorativo. Las nueve décadas de la institución legislativa permiten resumir la política catalana contemporánea, desde la época de la II República hasta los momentos más intensos del procés independentista, sin olvidar los más de 40 años que el organismo estuvo suprimido bajo la dictadura franquista. El acto conmemorativo contará con la presencia de los ex presidents de la Generalitat José Montilla, Artur Mas y, sobre todo, Jordi Pujol, que reaparecerá después del ictus sufrido en septiembre  y que volverá a la cámara por primera vez desde 2016.

Antes de detallar cinco fechas que, justamente, permiten hacer un recorrido por la historia del legislativo y, de rebote, por la política catalana de los siglos XX y XXI, nos detenemos en el edificio, el Palau del Parlament. Obra del flamenco Joris Prosper Van Verboom, fue construido en el siglo XVIII como arsenal para la fortaleza militar de la Ciudadella, levantada por órdenes de Felipe V con la voluntad de controlar Barcelona después de arrasarla en la Guerra de Sucesión, que vivió el último capítulo en la ciudad con su caída del 11 de septiembre de 1714.

Sin embargo, a finales del siglo XIX el edificio vivió su primera gran reforma para ser transformado en la residencia de la familia real española de cara a la Exposición Universal que acogió Barcelona en 1888. En 1900, pasaría a ser la sede del Museo Municipal de Arte Decorativo y Arqueológico de Barcelona, mientras que en 1932 viviría nuevos cambios con la llegada de la II República, convirtiéndose en la sede de un Parlament de Catalunya que daba sus primeros pasos. Los tiempos oscuros de la dictadura franquista provocaron que perdiera su función legislativa y volviera a los usos militares, hasta que en 1945 se destinó al Museo de Arte Moderno de Catalunya. La restauración democrática haría que, finalmente, volviera a convertirse en la sede del Parlament, una tarea que ha mantenido desde entonces.

6 de diciembre de 1932

El 6 de diciembre de 1932 se celebró la sesión constitutiva del Parlament de Catalunya. El país había recuperado un órgano legislativo propio tras la aprobación definitiva, en septiembre de ese año, del Estatut de autonomía, conocido como Estatut de Núria, ya que parte de su contenido se redactó en este escenario del Pirineo. El 20 de noviembre se celebrarían las primeras -y únicas- elecciones al Parlament durante la II República, con una victoria incontestable de ERC. El partido de Francesc Macià y Lluís Companys acumuló 56 diputados de un total de 85, superando con mucha claridad a la derecha de la Lliga Regionalista –la formación de Francesc Cambó– que se quedaría en 16. Las demás formaciones con representación en la cámara fueron la Unió Socialista de Catalunya, con cinco diputados; el Partit Radical Autònom de les Comarques Tarragonines, con cuatro; la Unió Catalanista (1), el Partit Republicà Federal (1), el Partit Català Republicà (1) y Unió Democràtica de Catalunya (1).

Macià, como presidente provisional de la Generalitat –sería investido el día 14–, pronunció el principal discurso de esa sesión del 6 de diciembre (PDF). Paralelamente, Lluís Companys fue elegido presidente de una Mesa interina, que sería ratificada definitivamente una semana después, el día 13. Aparte de Companys, esa primera Mesa tendría como miembros a Joan Casanovas (ERC), como vicepresidente primero; Antoni Martínez (Lliga), como vicepresidente segundo; y Martí Rouret y Antoni Dot (ERC), Josep M. Casabò (Lliga) y Carles Gerhard (Unió Socialista), como secretarios. La política catalana vivía un momento iniciático, marcado por la ilusión y la esperanza, pero que sería convulso y se alargaría pocos años.

1 de enero de 1934

Hacía poco más de un año que el Parlament de Catalunya había estrenado la actividad y ya vivía un cambio notable: en un pleno extraordinario, el 1 de enero de 1934, Lluís Companys era elegido presidente de la Generalitat. Una semana antes, el 25 de diciembre, había muerto repentinamente Francesc Macià. Nueve meses después, Companys y el grueso de su gobierno fueron detenidos y encarcelados a raíz de la proclamación, el 6 de octubre, del Estado catalán dentro de la República Federal Española.

El péndulo político se había movido y en las elecciones españolas se había impuesto la derecha extrema de la CEDA, que gobernaba el Estado y optó por reprimir el autogobierno catalán. Companys y el resto de miembros de la Generalitat serían indultados tras el triunfo electoral del Frente Popular en febrero del 36. Sin embargo, como se sabe, pasarían solo cinco meses antes del golpe de estado militar que originaría una guerra civil que acabaría con la victoria fascista y el exilio de buena parte de la élite republicana. Companys, que se había exiliado en Francia, fue detenido por la Gestapo nazi en agosto de 1940 y transferido a las autoridades franquistas, que lo ejecutarían el 15 de octubre de ese año en el Castell de Montjuïc.

La dictadura comportaría la supresión del autogobierno catalán y, por consiguiente, la clausura del Parlament como órgano legislativo. La cámara sólo sobreviviría al exilio, y de forma muy precaria, en las siguientes cuatro décadas. Josep Irla, Antoni Rovira i Virgili, Manuel Serra i Moret y Francesc Farreras i Duran se sucederían en la presidencia del Parlament en la larga etapa del exilio.

10 de abril de 1980

La última reunión oficial del Parlament en su palacio antes de la dictadura se celebró el 1 de octubre de 1938 y la actividad legislativa como tal no volvería hasta el 10 de abril de 1980. Aquel día acogió la sesión constitutiva de la primera legislatura catalana desde la recuperación de la democracia, producida después de las elecciones autonómicas del 20 de marzo. Los comicios, a su vez, habían culminado el proceso generado a raíz de la aprobación del Estatut, en octubre de 1979. El dirigente de ERC Heribert Barrera fue elegido presidente de la Cámara, una de las contrapartidas del acuerdo que su formación había firmado con CiU a cambio de investir a Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

CiU se había impuesto a los comicios, con 43 diputados, 10 más que el PSC, mientras que el PSUC sumó 25, la UCD ––el partido de Adolfo Suárez–– se quedó en 18, Esquerra obtuvo 14 y el Partido Socialista de Andalucía, dos. Pujol sería investido por el Parlament el 24 de abril de aquel 1980 y empezaría una larga etapa de 23 años al frente de la Generalitat, que estaría marcada por la hegemonía política de CiU –obtendría mayorías absolutas en los comicios de 1984, 1988 y 1992– y un cierto reparto de poder con el PSC, que gobernaría en gran parte de las grandes alcaldías catalanas. Fue una época de construcción y despliegue del autogobierno, pero también del oasis, un clima de aparentemente calma y poca conflictividad institucional que acabaría facilitando la aparición de varios escándalos de corrupción.

24 de febrero de 2005

"Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3%". Estas palabras pronunciadas por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en un pleno del Parlament del día 24 de febrero de 2005 hicieron temblar los cimientos de la Cámara como no se recordaba. Se celebraba una sesión monográfica sobre el hundimiento del túnel del Carmel y con estos términos Maragall acusaba a CiU de corrupción de forma muy explícita, lucrándose con comisiones recibidas a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En cierto modo, ese día se inició el proceso de defunción del oasis, aunque la polémica entre Maragall y el entonces jefe de la oposición y líder de CiU, Artur Mas, se recondujo. Era un momento de cambio, con un tripartito que llevaba año y medio en el poder tras las más de dos décadas de presidencia de Jordi Pujol y se estaba negociando un nuevo Estatut que aspiraba a ampliar y blindar el autogobierno catalán.

De hecho, el Parlament aprobó el Estatut el 30 de septiembre de ese 2005 y lo hizo con un apoyo unánime, de 120 diputados –los de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA– y solo el PP se opuso. El texto recibiría el visto bueno del Congreso medio año después, pero ya había sufrido un notable recorte en las negociaciones y sería validado por la población catalán en referéndum el 18 de junio del 2006. Cuatro años después, el Tribunal Constitucional lo laminaría aún más en una sentencia histórica, que marcaría un antes y después en la política catalana y sería primordial en el creciente apoyo al independentismo y en la llegada de una nueva era marcada por el conflicto con el Estado: el procés.

6 y 7 de septiembre de 2017

Si hay un año que ha marcado la reciente política catalana este es el 2017, momento culminante del Procés independentista y del conflicto con el Estado español. Los días 6 y 7 de septiembre la Cámara acogió el pleno en el que se debatieron y aprobaron la Ley del referéndum de autodeterminación de Catalunya y la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Las normativas, que serían tumbadas al cabo de unos días por el Tribunal Constitucional, solo contaron con el apoyo de los grupos independentistas, es decir, de Junts pel Sí -la coalición de ERC y CDC- y la CUP. La primera ley es la que serviría para celebrar el referéndum del 1 de octubre, en el que más de dos millones de personas votaron en una jornada sin reconocimiento internacional y marcada por la represión policial contra ciudadanos indefensos.

La espiral de tensión iría a más y el día 27 la mayoría independentista aprobaría la Declaración Unilateral de Independencia, que nunca se haría oficial y, de hecho, ni siquiera se publicaría en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Sí desató una nueva fase de la represión política del Estado, con la intervención de las instituciones catalanas a través de la aplicación del artículo 155 y el cese del Govern, cuyos miembros se exiliarían -empezando por el entonces president, Carles Puigdemont-, o serían encarcelados y, posteriormente, en 2019 condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Indultados en junio del 2021, poco a poco la política catalana se ha encaminado hacia una etapa postprocés, sin que el conflicto político de fondo con el Estado esté, ni de lejos, definitivamente resuelto. En este contexto, la cámara llega a las nueve décadas de vida.