Las cinco claves de la independencia económica de Catalunya

Más allá del debate político, la cuestión que subyace detrás de una Catalunya independiente es saber si el nuevo Estado catalán sería viable desde un punto de vista económico y si podría financiar desde el día uno de la independencia todos los servicios que se supone que un Estado debe prestar a sus ciudadanos.

Despejar esa incógnita no es fácil: el debate económico está tan polarizado como el político —esta semana ha sido muy intensa en ese sentido— y depende de muchos factores y escenarios, algunos tan importantes —y tan simples al mismo tiempo— como estar fuera o dentro del euro. En cualquier caso, tanto a los independentistas como a los que creen que Catalunya es una parte indivisible de España les salen las cuentas; a los primeros para defender la secesión, y a los segundos para justo todo lo contrario.

Aunque una cifra es una cifra, siempre es interpretable, y la interpretación que hacen Artur Mas y sus compañeros de Junts pel Sí es clara: una Catalunya independiente sería un Estado "con superávit, más justo y más próspero" que la Catalunya actual, que según Artur Mas está lastrada por su "macrodependencia" del Estado español. Desde el lado contrario argumentan que el coste económico —además del emocional— de desgajarse de España sería tan alto, que incluso aunque el nuevo Estado fuera viable económicamente, "los beneficios son insuficientes" al menos para dos o tres generaciones.

Pero ¿qué cifras manejan unos y otros? ¿Qué pasaría con partidas tan importantes como las pensiones, la deuda, el paro o las exportaciones?

En Junts pel Sí están convencidos de que en una Catalunya independiente el actual déficit, que ellos estiman en 5.000 millones de euros anuales, desaparecería para dejar paso a un saldo positivo de 11.590 millones. Y eso incluso después de haber costeado el proceso de transición a la independencia, es decir después de lo que Artur Mas ha llamado alguna vez “creación de las estructuras de Estado”. El economista Germà Bel —número uno de Junts pel Sí en Tarragona— explicó el pasado lunes, al referirse a la situación del déficit fiscal catalán, que "un 40% de los impuestos que pagan los catalanes marchan y no vuelven, son 2.200 euros por cada ciudadano de Catalunya al año, casi 16.000 millones de euros en total, un 7,7% de nuestro PIB".

Según Bel, esos 2.200 euros de más por ciudadano elevarían el PIB por habitante de una Catalunya independiente por encima de la media de la UE. Eso permitiría, aseguran desde Junts pel Sí, llegar a la independencia con dinero extra en el bolsillo. Eso sí, los independentistas contemplan un escenario casi idílico: una Catalunya en el euro y dentro de la UE, algo que desde Bruselas nadie se atreve a asegurar.

"La independencia sin coste es un cuento de hadas", afirma Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo y exministro con Felipe González, que estos días anda de gira por los medios de comunicación promocionando su último libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia de Cataluña, escrito a cuatro manos juanto al ingeniero catalán Joan Llorach. Para Borrell el déficit fiscal no es de 16.000 millones, sino apenas de 3.000, menos del 1,5% del PIB catalán.

Borrell cree que Catalunya tendría que aportar respecto a su renta y recibir de acuerdo con su población, y esto le reportaría entre "un 1% y un 1,5%" más que ahora en su financiación, esos 3.000 millones. "¿Por un punto o un punto y medio se tiene que declarar la independencia?", se pregunta no sin cierta ironía. Además, Borrell, como todos los detractores de la secesión, cree que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y necesitaría la unanimidad de todos los Estados miembros para volver a entrar.

A los independentistas les gusta hacer especial hincapié en esta cuestión, pues los contrarios a la secesión no se cansan de repetir que un Estado catalán independiente no podría pagar las pensiones. Los contrarios a la independencia han hecho de ello un caballo de batalla. El economista Oriol Amat, candidato de Junts pel Sí, asegura la Seguridad Social catalana partiría con un saldo positivo de de 24.126 millones —generado en el período 1995-2011 entre los ingresos de los trabajadores y el gasto en prestaciones— en contraposición con el déficit del resto del Estado español que según Amat es de 82.704 millones de euros.

El president Mas ha afirmado varias veces—la última esta misma semana— que el nuevo Estado asumiría la parte proporcional de la deuda pública española, que actualmente supera el billón de euros. Un reciente estudio impulsado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) estimaba que Catalunya debería quedarse como máximo con 85.000 millones de euros de los pasivos —deuda— del Estado español. El estudio de ERC utilizaba el método de traspaso simultáneo de activos —los bienes— y pasivos —la deuda—, con el que se calcula el total de activos del Estado en Catalunya, que estiman en 58.000 millones de euros, y aplican la misma proporción para obtener el pasivo.

Pero si se utilizara otro método, que es calcular la parte del PIB que representa Catalunya en el conjunto de España (el 18,7%) , el nuevo Estado catalá tendría que asumir unos 200.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el PIB catalán ascendió en 2014 a 199.786 millones de euros, Catalunya nacería como Estado con una deuda pública del 100%. 

Aquí de nuevo las cifras bailan. La gran patronal catalana, absolutamente contraria a la independencia, augura una caída de las exportaciones y de las importaciones: cree que los productos catalanes se encarecerían y perderían competitividad. Es más, algunas de las voces en contra de la separación de Catalunya, aseguran que sólo las ventas al mercado español de los productos catalanes se reducirían un 30%, lo que acarrearía más pobreza y más paro. Los independentistas ponen en duda este dato y dicen que no entienden por qué tendrían que reducirse las exportaciones ni resentirse las relaciones comerciales con el resto de España y del mundo

Mas aseguraba hace escasos días que en un Estado independiente habría más empleo y ponía como ejemplo los 70.000 puestos de trabajo que se crearían para poner en marcha las estructuras del nuevo Estado. Eso significaría reducir el paro al menos un 10% de un solo plumazo: actualmente en Catalunya hay 726.000 parados, y la tasa se sitúa en el 19,1% frente al 22,37% de España. Pero más allá de esa reducción, los soberanistas no han sido capaces de explicar por qué y cómo habría más empleo en un Estado catalán independiente.