Chaves: “En 10 años centenares de diputados no vieron nada ilegal” en las ayudas a los ERES

MARID.- El expresidente de Andalucía Manuel Chaves ha pasado este martes la pelota al parlamento autónomo en la responsabilidad del control del gasto público relacionado con las ayudas irregulares en los Expedientes de Regulación de Empleo que se investigan en el juzgado de Sevilla cuya titular es Mercedes Alaya.

Durante dos horas y media, Chaves ha declarado en el Supremo como imputado, donde él está aforado. Y en su declaración, a la que ha tenido acceso Público, deja bien claro que el control del presupuesto correspondía al Parlamento autónomo y que, en diez años, nadie alertó de irregularidad alguna.

En su interrogatorio, el expresidente ha echado balones fuera respecto a si tuvo conocimiento de los informes de la Intervención General de Andalucía, que alertaba de la irregularidad en la concesión de las ayudas y en los posibles vicios de nulidad que aconsejaban subsanar.

“En diez años de debates presupuestarios ningún diputado ha hecho observación de ilegalidad de estas transferencias” utilizadas para tramitar las ayudas socio-laborales, ha destacado Chaves en su declaración ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro que ha conocido este diario.

La concertación social era uno de los ejes claves de su Gobierno debido a la situación de crisis de Andalucía en esos años con crisis de empresas importantes, como Suzuki-Santana o la Faja Pirítica de Huelva. “Todos los acuerdos de concertación fueron debatidos y aprobados por el Parlamento, por lo que es muy difícil pensar que en 10 años centenares de Diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias”, ha destacado ante el instructor.

Chaves dice al magistrado que desconocía que las ayudas se publicaran en el Boletín Oficial de Andalucía

El expresidente ha negado también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas. También ha revelado, a preguntas del instructor, que nunca despachó con un director general. Tenía 200 directores generales y únicamente despachaba con sus consejeros. Pero jamás ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades.

Chaves ha detallado cómo procedía en su gestión: era el consejero de Economía el que informaba sobre los presupuestos y él no podía leer todos los informes que acompañaban a las iniciativas legislativas. En su lugar, la Intervención General indicaba qué tipo de control se aconsejaba.

En respuesta al instructor, Chaves ha insistido que no conoció “ninguna irregularidad en el sistema y, además no lo hubiera permitido”. Desconoce “si había control previo o a posteriori” y cree “que si la Intervención hubiera considerado que el Presidente de la Junta debían estar enterados de una ilegalidad o menoscabo tenían la posibilidad de ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno a través del correspondiente Informe de Actuación”.

Ni menoscabo ni ilegalidad

Pese a todo, “nunca encontró menoscabo o ilegalidad alguna”, según ha declarado Chaves ante el Supremo.

En el Consejo de Gobierno no discutían de partidas presupuestarias, sino de capítulos, necesidades de las consejerías y los cuadros macroeconómicos con las previsiones anuales. Los presupuestos les llegaban “con todos los informes necesarios y cumpliendo todos los requisitos” y se aprobaban “con la convicción que cumplían todos los requisitos legales y cumplían todas las normas”.

A Chaves nunca le llegó ningún informe de la intervención ni tuvo sobre la mesa del Consejo de Gobierno ningún informe de actuación al respecto; sólo conocía los criterios generales, relativos a las empresas que estaban en crisis o los procesos de reconversión para ayudar a despedidos o prejubilados.

Además, también ha rechazado que conociera informes externos como el del despacho Garrigues que alertaba de una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas socio-laborales.

Sobre las ayudas recibidas por distintas empresas en zonas de Andalucía como la Sierra Norte de Sevilla, Chaves ha manifestado que desconocía el importe de las mismas, si bien sabía que se concedían a zonas en crisis y que conocía la situación de algunas empresas emblemáticas como Delphi, Hytasa o Santana.

A preguntas de los fiscales preguntas de los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto, Chaves ha reconocido conocer el detalle de algunas modificaciones presupuestarias respecto a algunas ayudas, como las de HAMSA, que considera legales.

Tampoco conoció por qué se cambió de un sistema a otro para la concesión de las ayudas ni sabe quien lo ideó. Y, por si fuera poco, hasta desconocía que las ayudas se publicaban en el Boletín Oficial de Andalucía.