Mas de 75 académicos ultiman un escrito de protesta que van a dirigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra su política de desigualdad desplegada a la hora de designar a los miembros del Tribunal Supremo.

La carta circula entre los departamentos de Derecho de toda España y el número de firmantes va en aumento, a medida que pasan las horas ante los últimos nombramientos realizados por el CGPJ para el Tribunal Supremo en el que se excluyeron a mujeres de igual o mayor mérito que los finalmente elegidos.

La decisión del Pleno del CGPJ del 26 de septiembre ha provocado una corriente de estupor e indignación en el mundo académico, dado el incumplimiento de la Ley de Igualdad vigente en España por parte de este órgano constitucional.

El último Pleno eligió a tres magistrados del Supremo, y los tres seleccionados fueron hombres, cuando había candidatas de mayor o igual mérito y, además, España es el país con menos magistradas del Supremo en toda la UE. La Permanente realizó una primera selección en la que propuso al Pleno ocho hombres y una mujer.

Se presentaron once mujeres para las tres plazas del Supremo, y sólo una de ellas pasó el primer filtro: la juez Ana Orellana, la primera magistrada académica de número de España. Tampoco resultó elegida, y eso que la plaza a cubrir era de especialista en lo Social, cuando ella es la número dos de toda España, y el elegido estaba ocho puestos por debajo de ella en el escalafón.

El caso de Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil de Santiago de Compostela, ha causado estupor en el mundo universitario: La Permanente del CGPJ ni siquiera propuso su nombre al Pleno en la terna de candidatos a cubrir la plaza de la Sala de lo Civil por el turno de juristas, a pesar de ser la catedrática con más sexenios de los que se presentaron. Fue descatada en favor de un registrador con menor curriculum.

'Perplejidad'

La carta será presentada este miércoles por la tarde en la sede del CGPJ. Está firmada por al menos 75 catedráticos, profesores, abogados, sociólogos y otros especialistas adscritos a distintos departamentos de Derecho de las universidades de Alcalá -de donde partió la iniciativa-, Rey Juan Carlos, Autónoma de Barcelona, Pablo de Olavide, La Laguna, Santiago de Compostela, Extremadura, Zaragoza, Lleida, Jaume I, Girona, Valladolid, Almería, Granada, País Vasco, Deusto, Extremadura, Islas Baleares, Málaga, Autónoma de Madrid, así como letrados, investigadores y hasta la presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, con sede en Bruselas.

Los catedráticos y profesores entienden que el CGPJ no cumple con los mandatos de la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, ni tampoco con las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Los especialistas denuncian “nuestra perplejidad” al constatar que en la propuesta de la Permanente para elegir a un magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo por el turno de juristas de reconocido prestigio no figuraba ninguna mujer, cuando dicha Sala está compuesta de ocho varones y sólo una mujer.

Ningún vocal propuso una mujer

No se propuso ninguna mujer para la Sala Primera, “aun cuando existían candidatas con cualificación más que sobrada para el puesto vacante”, destaca la carta firmada por los catedráticos y profesores.

Los académicos denuncian también que ninguno de los 20 vocales que componen el CGPJ propuso agregar al Pleno alguna mujer de entre las candidatas, aun cuando dicha “práctica” se ha utilizado en algunos casos para aumentar el número de personas elegibles.

En el escrito, los catedráticos, profesores y resto de especialistas destacan que, de las cinco Salas del Supremo, sólo hay 15 mujeres de un total de 76 magistrados y ninguna de ellas preside una sala o sección. Consideran que únicamente la Sala de lo Social cumple con los criterios de composición equilibrada que dispone la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cadena de incumplimientos

Recuerdan que la Ley de Igualdad establece que se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades en la promoción profesional, y que los poderes públicos están obligados a adoptar “medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad”; a atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de cargos de responsabilidad, así como a remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación.

La carta también resalta que Naciones Unidas presentó un informe el 17 de junio de 2015 en el que destaca que, a pesar de que hay tantas juezas como jueces en España, “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo”. Por ello, la ONU recomienda “que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura”.

Medidas de acción positiva

Estos “incumplimientos” ponen de manifiesto “que una sociedad más justa e igualitaria, reclamada por nuestra sociedad y por el propio ordenamiento jurídico, sólo se logrará cuando entre los magistrados del Tribunal Supremo, así como otros muchos órganos jurisdiccionales, exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres, debiéndose adoptar –en su caso– las medidas de acción positiva que sean precisas en la configuración de las ternas propuestas al CGPJ”, reclaman en la carta.