La acusación popular que impulsa Podemos ha solicitado una prórroga de tres meses para la investigación de la conocida como pieza "Grass" o pieza 29 del Caso Villarejo, cuyo cierre proponen la Fiscalía y las defensas. La formación morada advierte lagunas y contradicciones que, a su juicio, deben ser aclaradas para, según se desprende implícitamente de su escrito, descartar que los proyectos con los que se intentaron justificar los pagos al comisario Villarejo por valor de 365.000 euros más IVA, que se investigan en esta pieza, no sean más que otra ilusión creada para invisibilizar el verdadero motivo o fin último de estos pagos.

Más allá de las lagunas y contradicciones que expone la acusación popular de Podemos, la investigación que ha realizado Público encuentra múltiples inconsistencias que también ponen en cuestión la veracidad del contenido y fin de estos proyectos. De hecho, durante este análisis se han encontrado otros motivos para los pagos, que tendrían que ver con un millonario contrato en la localidad madrileña de Boadilla del Monte por parte de uno de los personajes a quienes los implicados hacen protagonista del encargo Grass.

Como ocurre con el resto de piezas del caso Villarejo, el juzgado no se ocupa del fin último de la contratación del comisario, centrándose exclusivamente, en si se conocía que se pagaba a un policía en activo y en si se le solicitó y pagó por datos privados de otras personas (como listados de llamadas, informaciones del censo, datos de la Dirección General de Tráfico, pernoctaciones hoteleras, etc.).

En esta pieza se investiga como responsable de los pagos al abogado-empresario Antonio Chávarri Aricha, dueño mayoritario de la empresa matriz  de las dos filiales que pagan a Villarejo: Vara Internacional de Desarrollo de Obras ETVE SL y Chávarri Muñoz Abogados SL. Por otro lado, se investiga como inductor de la contratación de Villarejo al empresario Juan Vila Coro Clot, que se convierte en socio de Chávarri durante el tiempo que este mantiene relación con el excomisario. Hay que señalar que Vila Coro y Villarejo tuvieron un cliente común en el pasado: el Grupo Dico. Vila Coro fue secretario del Consejo y Villarejo operó como gestor de crisis de la mano del jefe de seguridad de Dico el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Pedro Díaz Pintado.

La justificación de los pagos en esta pieza se basa, y se da como cierto sin más verificación, en los detalles que aparecen en dos contratos de la pieza 29: el proyecto "Grass" y otro proyecto sin nombre.

El proyecto "Grass" fue contratado el 25 de octubre de 2012 por 340.000 euros más IVA con el supuesto fin de evitar la calificación de "culpable" de un concurso de acreedores que Chávarri había solicitado en 2010 para una de sus firmas patrimoniales: Acisclo Gestión de Patrimonios SL. La calificación de "culpable" en este tipo de concursos conlleva que el deudor o administrador sea culpable de la situación de insolvencia de la sociedad, es decir, que haya sido provocada o agravada por su culpa. Esta eventualidad, en palabras de Chávarri durante sus reuniones con Villarejo, "le buscaba la ruina" y la "inhabilitación" para administrar empresas. Además, el empresario señaló como instigador, por una supuesta "venganza" por engañar y divorciarse de su hija, a su exsuegro, el también empresario Joaquín Molpeceres, especializado en la prestación de servicios de saneamiento urbano y en la promoción de campos de golf.

El otro proyecto, que aparece sin nombre, se contrata en 25.000 euros más IVA el 6 de enero de 2015 y se paga 18 días después, el 24 de enero. Este supuesto encargo tendría como finalidad la realización de un dossier sobre Santiago Muñoz, cofundador en 2008 junto a Chávarri del despacho económico-jurídico Chavarri Muñoz Abogados SL del que Muñoz había sido cesado justamente el día anterior. El bufete se especializa en dar servicio externo en materia de ejecución hipotecaria a los bancos, su principal mercado-cliente.

El juzgado añade otro proyecto, denominado "Hacha", que estaría relacionado con una supuesta salida conflictiva, también del bufete, de Juan Vila Coro y que estaría valorado en 75.000 euros, pero cuyo pago al excomisario no está acreditado.

No se acredita que el concurso motive los pagos bajo el proyecto 'Grass'

Según el relato de los investigados, la misión de Villarejo en "Grass" era la de neutralizar a Luis Pérez Gil, un administrador concursal supuestamente nombrado por el juez al que el suegro de Chávarri estaría manipulando para instigar la calificación de culpabilidad en el concurso. Pero la historia judicial de este concurso que Chávarri solicita en 2010 de forma voluntaria y las consultas realizadas por Público en fuentes de la administración concursal ponen en duda la misión y la propia existencia del problema.

Por un lado, Molpeceres, a través de su sociedad Mercali SA, como la mayor acreedora de la empresa de Chávarri, tiene derecho, como marca la ley, a una representación en uno de los tres puestos de la administración concursal que se nombra por el juez. Y Luis Pérez Gil, el supuesto administrador concursal judicial que habría que neutralizar, sería, en realidad, el economista contratado por el suegro de Chávarri para representarle.

Por otro lado, resulta que la administración concursal nunca recomendó la calificación de culpabilidad y a su informe emitido en mayo de 2011 no se opuso ningún acreedor. Ni entonces ni después. Y se pasó sin problema a la fase de liquidación.

Además, hay que señalar otro punto importante: en una de las reuniones, cuyo audio figura en el sumario, Chávarri realiza comentarios que indiciariamente indican que la posición acreedora de Mercali SA tendría su origen en un "pagaré de favor", una operación financiera similar a la que también se realiza en otras firmas de Chávarri, según se desprende de sentencias recogidas en la base de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial. De ser así, dicha deuda no es exigible en contextos concursales según doctrina del Tribunal Supremo (el pagaré de favor es un instrumento financieros que se libra a favor de un tercero que lo recibe sin mediar operación económica real, con el fin de financiarse mediante su descuento en un banco. 

-Juan Vila Coro Para que te hagas una idea del pelaje, el crédito por el que está de administrador éste [Luis Pérez Gil, representante de la realmente administradora concursal Mercali SA], es un crédito que no existía. Es una operación que hace Antonio [Chávarri] con su suegro [Joaquín Molpeceres]. Tiene…en algún minuto, en el último minuto… eran 10 millones y, en el último minuto, dice "no, no, si no me das cinco por lo menos.." Le acaba dando unos pagarés [Chávarri a Molpeceres].
- Antonio Chávarri. No, no, retira…. Se da unos pagarés que vencen "déjame, dame unos pagares que por lo menos vencen". Mete los pagarés y dice: "oye, por una cuestión de balance pa nosequé esos cinco millones me los renuevas". Y se los renuevo. Cuando [ininteligible], lo mete todo, después de haber quedado en no meterlos.

Por último, nada indica que Villarejo tuviese interés por el concurso puesto que no anotó, produjo o archivó nada relativo a su desarrollo ni en agendas, ni en cuadernos de trabajo ni en la carpeta informática de proyecto "Grass". Salvo una excepción: se menciona una sola vez y solo en un párrafo dentro del informe preliminar de la propuesta del 25 octubre de 2012, tras el que no vuelve a grabar ningún otro archivo.

Los pagos acompañan el desarrollo de una licitación de 20 millones en Boadilla del Monte

El análisis de Público también demuestra una correlación temporal casi exacta entre la contratación de Villarejo (25 de octubre de 2012) y la secuencia de pagos (90.000 euros en noviembre de 2012 y el resto a partir de abril de 2013) con el anuncio (26 octubre 2012) y adjudicación (19 marzo 2013) de una millonaria licitación en la localidad madrileña de Boadilla del Monte (la EC/36/12) a Licuas, una empresa de Molpeceres. Se trata de un contrato de servicios urbanos de 8 años por un total de 20 millones de euros en el municipio donde precisamente reside el comisario.

Esta correspondencia temporal se ve reforzada por el contenido de dos apuntes de la agenda de Villarejo que recogen una "firma" en la fecha de la adjudicación de la licitación dando luz verde a Villarejo para que facture los honorarios de éxito en los plazos acordados "después de la SS" (en referencia a la Semana Santa). Facturación que, efectivamente, se produce entre abril de 2013 y enero de 2014 en tres plazos de 50.000 euros más IVA y otros 4 de 25.000 más IVA como puede verse en la imagen inferior.

Incluso se pueden señalar más conexiones como, por ejemplo, el propio nombre del proyecto "Grass", que significa "hierba" o "césped" en castellano. Este término podría aludir al propio Joaquín Molpeceres que más que por su faceta de constructor especialista en servicios urbanos de saneamiento es conocido por su rol de promotor de campos de golf.

Lo que no queda claro, sin embargo, es la estrategia por la que Villarejo ofrece sus servicios: si se ofreció como apoyo para la licitación en el Ayuntamiento de Boadilla, su lugar de residencia; o si lo que hizo fue prometer silencio policial y mediático sobre posibles irregularidades con pagarés o con las sociedades de Chipre bajo las que Chavarri colgó su entramado y que son mencionadas también en las conversaciones. Así, en la reunión de 12 de diciembre de 2012 se escuchan continuos comentarios por parte Rafael Redondo, mano derecha de Villarejo, acerca de su línea directa con el Banco de España y el Seplac. Además, alardea de su capacidad para manejar los medios y poner una denuncia en la UDEF que en caso de que fuera contra Molpeceres sería algo que bien publicitado perjudicaría las opciones en la licitación.

No obstante, también hay que señalar la proximidad a Joaquín Pastor, administrador de muchas empresas de Molpeceres, y que mantiene oficina profesional en la calle Orense 12 donde Villarejo tiene piso y trastero y donde también, en la entreplanta y frente a la puerta de Pastor, tiene sede otro cliente del excomisario: el grupo Opusa/Inneo Torres.

Se contemplaron honorarios adicionales por nuevos contratos para el bufete de Chávarri

En los cuadernos de trabajo de Gema Alcalá, la mujer de Villarejo, se identifican anotaciones de septiembre de 2013, en las que se plantea pedir 50.000 euros adicionales (que no consta que cobrase) condicionados a la consecución de contratos con bancos para el bufete en unos determinados niveles de rentabilidad. De hecho, el Informe de Gestión del depósito de cuentas del Registro Mercantil para ese año, explica el crecimiento exponencial de ventas y rentabilidad por la consecución de nuevos contratos, uno de ellos con la SAREB.

De lo que no cabe duda es de que Vila Coro y Villarejo dieron suerte a Chávarri. Durante el periodo de mayor interacción de ambos (noviembre 2012 a abril de 2014) las ventas y rentabilidad de su bufete de ejecuciones hipotecarias se triplican con respecto de 2011 (de 3,9 a 8,7 millones anuales y de un 20% de ebitda sobre ventas a un 38%). En dicho periodo salen de su caja cerca de 5 millones (en forma de préstamo y dividendos) con dirección a su matriz Vara Gestión de Valores (Chavarri 75% y Muñoz 25%) y también (dividendos y recompra de sus acciones) hacia Juan Vila Coro, al que en noviembre de 2012 se le había cedido un 10% sin coste, coincidiendo con su nombramiento como "director jurídico". 

Las coincidencias de enero de 2015: Ausbanc, la infanta y el abogado del rey emérito

El 24 de enero de 2015 se acredita la entrada en cuentas de empresas de Villarejo de un pago pactado en un mail de Chávarri de 25.000 euros más IVA. Este dinero sería el pago por un segundo supuesto encargo consistente en un dossier sobre Muñoz, pero del que no consta que Villarejo hiciese y/o entregase nada. No obstante, tanto el pago como el mail de Chávarri se producen tras un apunte del 27 de diciembre de 2014 en la agenda de Villarejo referido a Chávarri con mención a Jose Manuel Romero, Conde de Fontao, el que fuera abogado externo del rey emérito durante décadas y que, junto a varios de los socios de su elitista despacho, se había asociado a Chávarri en junio de 2013. El apunte dice así: "CHAVARRI: Llamó muy agradecido (Conde de Fontao). Liquidar lo pendiente" y Villarejo escribía tan solo unos días después de que se retirase  la acusación por blanqueo a Cristina de Borbón en el caso Noos, limitando su procesamiento a un delito fiscal, una decisión crucial, cuyo desenlace estuvo en el aire hasta el último momento.

Es también en enero de 2015 cuando Villarejo junto a directivos de BBVA prepara en la UDEF una denuncia anónima por extorsión contra Luis Pineda, fundador de Ausbanc, que finalmente se presenta en febrero. 

En una subcarpeta del proyecto "Grass" y grabado en octubre de 2012, dos años y tres meses antes, figura un listado de llamadas entrantes y salientes del periodo que va del 15 de septiembre al 12 de octubre de 2012 de una línea de teléfono de la que era titular Ausbanc Empresas y que unos días antes Villarejo había solicitado y recibido de Enrique García Castaño (entonces Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional ‘UCAO’) a la vez que el mismo tipo de información para una línea de Luis Pérez Gil. 

En la documentación incautada al comisario en formato digital se observa, además, que este empezó a estudiar los negocios de Pineda en mayo de 2012, pocas semanas después de que Ausbanc fuese readmitida en marzo de ese año en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu). Esta readmisión se produjo por decisión de la exministra Ana Mato ante la indignación del sector bancario, el principal mercado-cliente del bufete Chávarri. Además, los primeros informes propuesta que Villarejo preparó sobre Pineda van fechados entre el 10 de septiembre y el 29 de octubre de 2012. Es decir, en las mismas fechas que presentaba a Chávarri el "proyecto" Grass.