El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Villarejo' --denominado caso 'Tándem' -ha acordado imputar al empresario Javier López Madrid en la pieza separada número 24 en la que se investiga si éste encargó al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo hostigar a la doctora Elisa Pinto.

Fuentes jurídicas han confirmado la imputación del empresario, y coincide que tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza 'Kitchen' se tuvo conocimiento de un audio grabado por Villarejo.

Ya en diciembre de 2019, los fiscales de Anticorrupción del caso 'Tándem' encontraron indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo y consideraban que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el Juzgado 39 de Madrid llevara a juicio las denuncios que hizo la doctora.

De hecho en septiembre de 2020 la juez de Instrucción del 39, Belén Sánchez, concluyó las pesquisas y propuso juzgar tanto López Madrid como a Villarejo. Atribuye al primero delitos de acoso y amenazas y al expolicía las "lesiones con instrumento peligroso" sufridas por la dermatóloga.

Los hechos datan de 2014

En concreto, Pinto denunció a López Madrid por acoso en los Juzgados de Instrucción de Madrid y después amplió su querella afirmando que había sufrido un apuñalamiento en 2014 con un bisturí en su propio gabinete médico. En 2017, reconoció al propio Villarejo como autor de aquella agresión.

Si bien la causa de la agresión sigue pendiente de juicio en los juzgados de Madrid, en ese proceso no se investigó el origen de la presunta agresión, que a la luz de un extenso escrito con detalles que ha aportado la propia Pinto a la Audiencia Nacional, podría responder a un encargo de López Madrid a Villarejo similar a otros de los "trabajos" del comisario que ya están bajo la lupa en la Audiencia Nacional.

La propia Pinto solicitó que se la tuviese en cuenta como perjudicada por Villarejo a la luz de la macrocausa en la que está siendo investigado y por la que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Inicialmente, sus pretensiones fueron desestimadas, pero la defensa de Pinto recurrió con un escrito en el que aportaba diversos detalles que, en contraste con la documentación intervenida al comisario, llevaron a los investigadores a reconsiderar la posición.