Las Cloacas de Interior"Hay que aniquilar a Rubén y Marcelino" o cómo Villarejo logró convertir en culpable al policía que le investigaba

En el caso Villarejo todos los nombres cuentan, aunque no siempre sea fácil para el lector ubicarlos ni entender su grado de participación en la cúpula policial que durante años funcionó como una organización criminal, a tenor del contenido de los sumarios abiertos de la macrocausa Tándem.

Lo que sigue a continuación es la historia de una manipulación con tintes maquiavélicos para encontrar un cabeza de turco que pudiera, si no exonerar de culpa a los implicados, sí enmarañar aún más una trama que no parece tener fin y en la que precisamente se busca el enredo supremo para hastiar a investigadores y provocar su desistimiento. 

Es la historia que explica por qué este martes no ha declarado ante el juez el comisario Marcelino Martín Blas, quien fuera responsable de Asuntos Internos —la unidad encargada de investigar las prácticas irregulares de los miembros de la Policía—, y cómo este comisario pasó de ser el garante del bienhacer policial a ser convertido, por arte y gracia de Villarejo y cia, en el policía defensor del PP en la causa Gürtel y en claro objeto de "aniquilación" por parte de la organización criminal.

Este lunes declaró como testigo en el marco de la pieza Kitchen Jesús Vicente Galán, exjefe de la unidad de vigilancias de Asuntos Internos que de febrero 2012 a marzo 2015 estaba al mando del comisario principal Martín Blas (cada área policial tiene su propia unidad de vigilancias o "seguimientos"). Al término de su declaración, el juez decidió cambiar su condición de testigo por la de investigado al no poder explicar lo declarado por una subordinada suya, que afirma que Galán la ordenó "proteger" a la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas y reportarle a él.

Galán se ratificó en su declaración del 7 de marzo de 2019 ante el jefe de grupo III de Asuntos Internos (inspector jefe nº 111.470), en la que afirmó que en 2013  Martín Blas le ordenó comprobar la presencia de un "vehículo C4" con dos policías dentro, "advirtiéndole que tuviera cuidado porque se trataba de un lugar próximo al domicilio de Luis Bárcenas". Ni en el primer caso ni en el segundo ha aparecido aún prueba documental alguna que refleje la orden y la gestión realizada (acta de vigilancia). Sí aparecieron en cambio —y figuran en el sumario—, las actas de las decenas de vigilancias a la mujer de Bárcenas y los lugares que frecuentaba, realizadas por la unidad de vigilancias propia de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), área policial al mando de Enrique García Castaño.

La defensa de Martín Blas ha solicitado un aplazamiento de su declaración, prevista para este martes, ante la existencia de un oficio policial que no había sido trasladado a las partes y que recoge la participación de dicha subordinada. Martín Blas acudía al juzgado como investigado precisamente para aclarar el asunto de las vigilancias de Asuntos Internos, cuya orden se le atribuye, así como otros señalamientos de los que fue objeto por parte de distintos investigados como partícipe o conocedor del tejemaneje de Kitchen. A estas acusaciones hay que añadir una supuesta conversación de Martín Blas con Villarejo sobre Kitchen que nunca existió como tal, pero que fue incluida en un oficio de Asuntos Internos como transcripción tergiversada y mutilada, y cuya transcripción original fue relegada al kilométrico anexo del oficio. Asimismo, el pasado 19 de noviembre de 2019 la defensa letrada de Martín Blas solicitó que se citase en calidad de testigo al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para acreditar la falsedad de los testimonios prestados en sede judicial por el exDAO Eugenio Pino y Villarejo, quienes afirmaron que Cosidó "estaba al tanto" de la intervención de Martín Blas en los hechos que se investigan en la pieza Kitchen.

Cronología de una 'aniquilación'

La estrategia de 'todos a una', como en Fuenteovejuna, contra Martín Blas en la pieza Kitchen encaja a la perfección con el modus operandi con el que la organización criminal acosó de forma cruenta y persistente a este comisario desde que en febrero de 2012 este accede a la jefatura de Asuntos Internos y decide iniciar investigaciones de los participantes en la trama... hasta que es cesado por Pino en marzo de 2015, que nombra a Francisco Migueláñez en su lugar, una persona más del gusto de todos. 

Aunque ya estaba retirado desde abril 2017, Martín Blas había presentado querellas contra algunos de los integrantes de la organización. La persecución que sufrió culminó en octubre 2017 con la expulsión de Asuntos Internos y posterior degradación de los siete jóvenes policías integrantes de la comisión judicial del Caso Nicolás creada por el primer juez del caso, Arturo Zamarriego, para proteger la investigación de la injerencia de las cúpulas política y policial; tras el cambio de titular del juzgado, la nueva magistrada, Pilar Martínez Gamo, procedió a la disolución inmediata de dicha comisión.

El 5 de octubre de 2017 Villarejo escribía sus impresiones de una conversación que acababa de tener con José Luis Olivera (alias "Oli"), entonces nada menos que jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), un puesto clave en la seguridad de todos los ciudadanos:"OLI: Plantea que hay que aniquilar a RUBÉN y MARCEL. Verse con MAURIC CASALS el LUNES" [Mauricio Casals es uno de los hombres fuertes de Planeta y Atresmedia, además de presidente y accionista de La Razón].

Y, en efecto, eso es lo que ocurrió. Al menos con el inspector Rubén Eladio López, número dos de Martín Blas en la investigación del caso Nicolás, primero como jefe del grupo de Asuntos Internos asignado al caso y, luego, como miembro de la comisión judicial que el juez crea para investigar el caso apartando a Interior cuando Martín Blas es cesado por Pino. Sucedió, además, en dos frentes para que fuera integral: a los pocos días de ese apunte, se les 'aniquila' en la Policía expulsándolos de Asuntos Internos y enviándolos a destinos de rango inferior; también se intenta acabar con ellos por la vía judicial, aprovechando el cambio de titular del juzgado y la disolución de la comisión. Por si fuera poco, la nueva ocupante del juzgado les imputó en falso, con falacias y un burdo atestado de Pedro Agudo, jefe de la Policía Judicial de Madrid, que por cierto fue ascendido a comisario y ha cambiado de destino.

Las desoladoras palabras con las que el comisario Jaime Barrado cerró el documental de Mediapro Las cloacas de Interior cobraron todo su sentido y crudeza: "El sistema está tan corrupto que expulsa ["aniquila", en este caso] a los decentes".

Trabas y zancadillas

El sumario de la pieza Kitchen incorpora una denuncia presentada por Martín Blas el 21 de noviembre 2019, explicada en su registro en el juzgado como "la descripción de una serie de conductas encaminadas a obstruir las investigaciones desarrolladas por Asuntos Internos que serían constitutivas de delitos de coacciones, obstrucción a la justicia, organización criminal, calumnias e injurias con publicidad contra funcionario público" y en la que se señala a tres investigados en Kitchen: José Manuel Villarejo, Eugenio Pino (el Director Adjunto Operativo, DAO) y Miguel Ángel Fuentes Gago, jefe de gabinete del anterior.

Martín Blas viene a explicar que todos los falsos hechos que los investigados y sus testigos le atribuyen en Kitchen deben entenderse como parte de una persecución organizada por Villarejo y sus amigos y desde la cúpula policial, iterativa y persistente en el tiempo, desde que en febrero de 2012 accede al puesto de jefe de Asuntos Internos (unidad cuya obligación es investigar irregularidades cometidas por policías) e inicia investigaciones sobre corrupciones policiales en el ejercicio de sus funciones, sin importarle la jerarquía de los infractores.

Ciertamente, la proactividad de Martín Blas no le granjeó las simpatías de Villarejo y compañía, sobre todo cuando en julio de 2012 solicita de un juez la intervención de las comunicaciones de José Luis Olivera, entonces jefe de la UDEF y amigo del alma de Villarejo y del jefe de sección de Blanqueo de Capitales, José Manuel Álvarez Luna, responsable de la unidad policial adscrita al caso Gürtel. Martín Blas los consideraba sospechosos de filtrar por anticipado actuaciones policiales clave, como por ejemplo operaciones de entradas y registro (se detectaba que la prensa llegaba a los escenarios antes que la Policía), causando un daño irreparable a la investigación, echando por tierra horas de esfuerzo y recursos públicos invertidos.

El juez desestimó la petición de Martín Blas, pero el lance no fue nunca perdonado y es frecuente oír al comisario encarcelado y sus amigos recordarlo con rencor: lo hizo Pino en su declaración judicial o Villarejo en escritos pero, eso sí, con una versión reeditada para su amaestrado ejército mediático, en la que transforma el asunto de la petición de escuchas en el acoso de un "comisario de Asuntos Internos del PP" a los aguerridos investigadores de Gürtel para favorecer al Partido Popular. Y, asunto resuelto; "pom, pom, pom", que diría Villarejo. 

Por su parte, Álvarez Luna cuenta también con méritos propios: participa en las idas y venidas del famoso pendrive del caso Pujol y también es el responsable de la investigación operación Parqué, en la que se investigaba en falso a profesionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al objeto de liberar a la empresa Dracon Partners de una megasanción impuesta por la entidad y favorecer su posición en un caso penal. Dracon Partners y/o su administradora, Sara Pérez Frutos, era cliente de una abogada en un bufete asociado al de Ernesto Díaz Bastién (alias "El Primo"), compañero histórico de aventuras y letrado de Villarejo para las grandes ocasiones.

En su escrito de 2019, Martín Blas repasa una por una todas las investigaciones, trabas, zancadillas y argucias para implicarle en falso en los tejemanejes de la red de Villarejo o usarle como cobertura. Y lo hace citando las siguientes investigaciones iniciadas o desarrolladas bajo su mando, y que conecta con presiones de la organización criminal: la mencionada sobre filtraciones de Gürtel; Interligare, que en realidad iba de una estafa perpetrada por policías con una historia ficción de espionaje añadida para desviar la atención y favorecer las opciones del PP frente a Rubalcaba; operación Colombo; pieza Funcionarios del caso Emperador; y la pieza Revelación de secretos del caso Varma, deteniéndose especialmente en el celebérrimo caso del Pequeño Nicolás y la Grabación Ilegal al CNI, porque fue con este procedimiento con el que él y su joven equipo de inspectores, subinspectores y policías liderados por el inspector Rubén Eladio López, sacan a la luz una de las mayores macrotramas de corrupción de la democracia y la persecución contra ellos alcanza todo su apogeo.

El investigador es convertido en culpable

Durante el tiempo que ocupa el cargo, Martín Blas experimenta todo tipo de trabas y zancadillas por parte de su compañeros de la cúpula policial, Villarejo y sus amigos, a fin de impedirle culminar o iniciar investigaciones, llegando a atribuirle (vía judicial y/o mediática) un papel de cómplice o incluso de autor en los tejemanjes por ellos ejecutados. Como en el caso de la estrategia procesal de la organización criminal en la pieza Kitchen. Una jugada maquiavélica que también hicieron extensiva, para otros asuntos, al inspector Rubén Eladio López en cuanto comprendieron que no se plegaría a sus requerimientos y presiones. 

En "notas informativas", o a través de noticias publicadas por el ejército mediático de Villarejo, se acusaba a Martín Blas de muchas cosas de las que el comisario encarcelado y sus cómplices eran los primeros sospechosos (y de otras de las que no se sabía y que son pistas para identificar más tejemanejes del comisario y cómplices). Por ejemplo, la letanía de asuntos que Villarejo atribuye a Martín Blas en un escrito titulado "Denuncia de Actuaciones Presumiblemente Ilegales" con registro de entrada en la Dirección General de la Policía en enero de 2015, en el que el comisario se describe como "denunciante":

1) Entrega de sumarios secretos a periodistas a cambio de que publicaran contra determinadas personas.

2) Filtración y envío triangulado de datos falsos a investigadores para perjudicar investigaciones (en referencia al número falso de cuenta con el que se intentó que no se descubriera una de las cuentas de Adrián De la Joya en Suiza).

3) Enfrentamiento con otras unidades policiales.

4) Concesión de identidades dobladas para investigar a mandos policiales catalanes mediante el pago a detectives a razón de 1.500 euros al mes detraídos de fondos reservados (se refiere con mucha probabilidad a los pagos a Tamarit y Peribáñez, anteriores empleados de la agencia de detectives Método 3).

5) Uso de la Comisaría General de Información (de la que depende la UCAO, unidad dirigida por Enrique García Castaño) para registros ilegales y colocación de escuchas. Aquí se refiere a las vigilancias al entorno de Bárcenas. 

6)  Empleo de un servidor secreto para prestar y/o cobrar favores a terceros sobre infidelidades, asuntos privados... (se refiere muy posiblemente, al ordenador de la UCAO que Villarejo y sus cómplices usaban para acceder a las bases policiales y que es objeto de investigación en otra pieza separada de Tándem abierta al efecto).

Y un largo e interminable etcétera.

El proyecto 'Party' y el apoyo de Inda, la última estratagema contra Martín Blas

En los archivos del comisario figura una carpeta de proyecto llamada "Party" que a su vez cuelga de otra llamada "PPV" (Pepe Villarejo), un repositorio en el que el comisario Villarejo acumulaba datos y notas de su producción para usar contra los que consideraba sus mayores enemigos. Dicha carpeta "Party" contiene consultas al Registro Mercantil y de la Propiedad acerca de Marcelino Martín Blas y su familia (hermanos), realizadas a través de aplicaciones para dicho menester (Informa / Axesor). La temática y fechas son sospechosamente coincidentes con las de artículos que Eduardo Inda publica sobre datos personales de Martín Blas, haciendo una interpretación tergiversada y malintencionada de dichos datos.

Consultar el Registro Mercantil y de la Propiedad sobre una persona o entidad ni es espionaje ni es delito, porque se trata de fuentes abiertas a todos los ciudadanos, pero coordinarse (presuntamente) con medios de comunicación para intentar difamar o enredar en procedimientos judiciales ya es otra cuestión.

A Rubén Eladio López: “Te vamos a destinar a Kuala Lumpur”

En el caso de López, el jefe del Grupo IX de Asuntos Internos que colideró con Martín Blas la investigación del Caso del Pequeño Nicolás y la Grabación Ilegal al CNI, la presión de la mafia policial y mediática se deja sentir desde el mismo inicio del caso. Éste da comienzo el 7 de octubre de 2014, cuando la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pide investigar a un chaval que se hace pasar por un miembro de su departamento; pero arranca de facto el 20 de octubre de 2014, día en el que se graba de forma subrepticia una reunión de Martín Blas y López con agentes del CNI (organismo que dependía de Sáenz de Santamaría).

Cuando trasciende que en el registro a Nicolás del día 15 se localiza documentación vinculada a De la Joya y Villarejo, la cúpula mafiosa no se fía y quiere saber qué hay tras la detención de Nicolás, qué se investiga, qué se sabe y hasta dónde se sabe. Existe constancia escrita de que es Pino quien ordena a Martín Blas ponerse en contacto con el servicio secreto ya cuando se recibe la orden de vicepresidencia de investigar a Francisco Nicolás. Sin embargo, dos años después, en septiembre de 2016, Pino denuncia que Martín Blas y López se reúnen con el CNI sin autorización. Sí, dos años después.

En el primero de los dos informes finales de julio de 2017, de los que la nueva titular del juzgado se desentiende y relega a un cajón, el inspector López hace constar un cambio radical de actitud en la prensa vinculada al comisario Villarejo a partir del momento en que éste y sus cómplices oyen hablar, en la conversación entre el CNI y Martín Blas y López, sobre  "blanqueo" con relación a la "finca" (Hacienda La Alamedilla).

Hasta ese día, incluso después del registro mencionado, la prensa afín a Villarejo se centra en los tejemanejes y gracias del Pequeño Nicolás y en sus fotos con famosos, sin cuestionar la detención ni la investigación. Pero tras ese momento el cambio es radical: el equipo investigador de Asuntos Internos ahora es un grupo de "delincuentes" que "lava" pruebas y está "en guerra" contra Villarejo, que acusa "en falso" a su hijo y que le "fabrica" informes falsos para situarle en un parque en el que precisamente Eduardo Inda y el periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta pactan con Nicolás la entrega de la grabación ilegal a cambio de una exclusiva. En ninguna de esas informaciones se menciona que el informe solo apuntaba la posibilidad de que fuera Villarejo la persona que las cámaras enseñaban y que los posicionamientos telefónicos situaban en las inmediaciones y en ese espacio temporal, una línea telefónica usada por el comisario.

A partir de ahí las presiones ejercidas sobre investigación e investigadores se multiplican. La DAO convoca a López en secreto para conminarle a dar detalles de la investigación y presionarle por varias vías para que les saque de la investigación, pidiéndole que no se lo cuente al juez ni a Martín Blas. López informa de ultimátums y advertencias de todos los colores: desde amenazas con desterrarle "a Kuala Lumpur", a advertirle de que su "seguridad jurídica está en peligro" y de que "ningún abogado de los sindicatos policiales" lo iba a defender.

A ello hay que sumar las continuas negativas a acceder a requerimientos judiciales de información, pasando por sistemáticas difamaciones en medios de comunicación y denuncias falsas. Posiblemente la más conocida sea la de las supuestas presiones ejercidas por López sobre Francisco Nicolás, en la que la prueba era el testimonio falso de un testigo también falso que resultó ser Alejandro Entrambasaguas, reconvertido más tarde en empleado de Eduardo Inda y en acosador de la familia del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Una espiral que acabó con la aniquilación descrita anteriormente.

Querellas que duermen el sueño de los justos

Tras ser apartado de Asuntos Internos y del Caso Nicolás, Rubén Eladio Lopez presentó una querella en la que ratificaba todas las presiones y obstrucciones a la justicia que sufrió y detectó durante la investigación. Se querellaba contra la cúpula policial de entonces y contra los periodistas afines que les secundaban en sus estrategias.

La querella fue presentada a finales de 2018, pero el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid donde recayó por reparto no fue capaz de tramitarla, como así lo sentenció la Audiencia Provincial al recurrir López el archivo meteórico que la magistrada practicó nada más llegar la querella a su juzgado. Tras ello, la titular del juzgado trató de quitarse la querella de en medio inhibiéndose en tres juzgados sucesivos, que cual frontón se la devolvieron.

Y sigue pasando el tiempo. A día de hoy la querella sigue sin trabajarse, la magistrada no ha movido un solo papel y sigue sin darle traslado a los acusados tras dos años enteros con la querella en su juzgado. Dos años. Fuentes jurídicas consultadas opinan que se juega al archivo por inacción. Otro tanto sucede con querellas similares puestas por Martín Blas.

Presiones de Galán en nombre del "jefe supremo" 

Pero volvamos a Jesús Vicente Galán, la persona que este lunes declaró en la pieza Kitchen con relación a una declaración previa contra Martín Blas y que ha pasado de testigo a investigado.

Galán es también el inspector que Pino ficha para la DAO, donde presta al menos dos servicios relevantes a los que siguió la concesión de un fabuloso destino en la embajada de España en Mauritania a razón de 12.000 euros al mes de sueldo: la búsqueda de pruebas falsas contra Podemos y las presiones a los jóvenes policías que conformaron la comisión judicial blindada del caso Nicolás. Galán contactó, en nombre de un "jefe supremo" que no identificó, con al menos dos de los siete funcionarios que la conformaban —liderados por el inspector López— para tratar de que abandonasen la investigación o le informasen de los avances de las pesquisas sobre las que el juez había impuesto a dicha comisión el más absoluto secreto y la prohibición de reportar u obedecer a otra persona que no fuera él mismo. Las presiones de Galán a esos dos policías fueron informadas por Martín Blas mediante el siguiente escrito (ver abajo) al magistrado del caso Nicolás, en su calidad de jefe de la comisión.