Tres semanas después del estallido del caso Pegasus, el espionaje a 65 dirigentes y activistas independentistas a través del software israelí, vuelve a monopolizar esta semana la actividad en el Congreso y el Senado toda vez que este asunto, lejos de menguar, ha quebrado la confianza de los grupos de la mayoría de la investidura hacia el Gobierno de Pedro Sánchez.

La constitución de la Comisión de Secretos Oficiales 17 meses después desde el inicio de la legislatura, así como las comparecencias de la semana pasada por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, estaban encaminadas a arrojar luz sobre cuestiones que están protegidas por la ley franquista de secretos oficiales. Nada más lejos de la realidad.

La escalada de tensión entre el Ejecutivo y sus socios, así como el resto de afectados por el caso con dirigentes espiados entre sus filas, aumentó tras la comparecencia de Esteban a puerta cerrada en la comisión de secretos. De esta cita parlamentaria trascendió que 18 personas de las 65 contabilizadas por Citizen Lab fueron espiados por el CNI con autorización judicial, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès, mientras que la directora del servicio de inteligencia se desvinculó del resto de espiados.

Ante las dudas que dejaron las informaciones trasladadas a los grupos en dicha comparecencia, de las que el Gobierno se desvinculó horas más tarde, sumado al espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles reconocido por Moncloa hace una semana, este asunto se cronifica y vuelve a copar esta semana la actividad parlamentaria con más peso y fuerza, aglutinando a los socios y a la oposición en una suerte de frente común contra el Ejecutivo.

De esta manera, a última hora de la tarde de este martes, el hemiciclo debatirá una moción consecuencia de la interpelación de ERC sobre la calidad democrática del Estado español. A través de dicha iniciativa, que los republicanos ya dirigieron a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el pasado 25 de abril en pleno auge del Catalangate, se persigue que el Congreso tome posición sobre este asunto, siendo esta la primera propuesta que se someta a votación (será el próximo jueves).

Previamente, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Junts y Ciudadanos coincidirán en pedir explicaciones por los espionajes, mientras que el PP afeará la entrada de ERC, EH Bildu, Junts y la CUP en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, cuyos representantes fueron elegidos por mayoría absoluta después de que la Cámara Baja acordara reducir las mayorías necesarias para desatascar la constitución de este órgano parlamentario.

Las preguntas dirigidas al Gobierno en la sesión de control en el Congreso también estarán centradas en este escándalo. Pedro Sánchez, Margarita Robles y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tendrán que responder este miércoles hasta siete cuestiones acerca de las actuaciones de los servicios de inteligencia y el espionaje a miembros del Gobierno mediante el programa Pegasus.

Por la tarde, Bolaños se enfrentará a los grupos durante su comparecencia en la Comisión Constitucional que, a pesar de ser a petición propia para dar cuenta del Plan Anual Normativo y su evaluación, versará sobre el caso Pegasus al estar ese asunto incluido en el orden del día. Asimismo, y a buen seguro, el espionaje capitalizará el debate de enmiendas a la totalidad al proyecto de ley Seguridad Nacional, que cerrará una nueva semana parlamentaria con la estabilidad de la legislatura en el punto de mira.