El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ya tiene en su poder un informe de la Guardia Civil en el que los investigadores del instituto armado acreditan que por "primera vez" han encontrado un documento interno de la constructora OHL que probaría el pago de un soborno al expresidente madrileño Ignacio González por la concesión de la obra del tren de Navalcarnero, según adelanta la cadena Ser. 

La noticia se produce el mismo día que García Castellón ha llamado a declarar este jueves como investigado a Paulino Hernández, un empleado de OHL que grabó conversaciones que revelarían el pago "sistemático" de comisiones ilegales a cambio de obra pública en administraciones municipales y autonómicas.

Según ha adelantado Vozpópuli y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, además del autor de estos audios, esta semana el juez ha citado también como investigado al delegado de obra civil de OHL en Andalucía Oriental, José Manuel Sanjurjo Álvarez.

Las grabaciones fueron encontradas de forma casual en un registro en el marco del caso Lezo cuando se practicaron entradas y registros en las oficinas de OHL, cuyo expresidente Juan Miguel Villar Mir está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre Navalcarnero y Móstoles.

El hallazgo dio lugar a la apertura de una nueva pieza, que ha estado hasta ahora secreta, y a la elaboración de un informe por parte de la UCO de la Guardia Civil, que concluye que el importe total pagado por OHL de 2003 a 2014 en concepto de presuntas comisiones ascendería a 38,5 millones de euros.

En ese informe, de 107 páginas y al que ha tenido acceso Efe, la UCO analiza esas grabaciones —que se cree conservaba este empleado para blindarse ante esas irregularidades—, en relación con la documentación que le fue intervenida a otro de los imputados, el exdirectivo de OHL Felicísimo Ramos.

"El análisis de los audios de Paulino y las hojas de cálculo de Felicísimo Ramos revelarían un sistema arraigado en el seno de la compañía OHL desde el año 2003 hasta el año 2014 para generar dinero en efectivo mediante facturación ficticia a subcontratistas en obras de confianza y por conceptos que fuesen difíciles de verificar a la postre (aunque también se habla de pagos a través del extranjero)", asegura el informe.

Las comisiones tendrían como "presumible objetivo" la consecución de obra pública y la aprobación de modificados o liquidaciones que mejorasen el resultado económico de las obras para OHL.

Igualmente algunos de estos modificados estaría sustentado en medidas ficticias y que encubrirían la obtención de fondos para pagar presuntas comisiones o financiar posibles campañas políticas. Es decir, el documento acredita la existencia de una caja B de OHL para realizar estos sobornos.

Respecto a la declaración de Sanjurjo, ABC y El Confidencial ya informaron de que en esta causa se investigan dos proyectos adjudicados en 2002 y 2005, años antes de las grabaciones, que datan de 2006 a 2009.

Se trata de la construcción por 4,4 millones de euros de un puente en río Genil y el paso de ferrocarril en Loja y de la obra de la variante de Baza en la A-334 (Granada) por 7,7 millones.

El pasado 9 de mayo, el juez tomó declaración al exdirectivo de OHL Rafael Martín de Nicolás, del que el informe de la UCO señala que ocupa un lugar destacado en la "consecución del dinero en efectivo, control y reparto de estas cantidades, negociación con los cargos públicos y entrega de las presuntas comisiones".

Martín Nicolás, que fue consejero delegado y director del departamento de construcción de OHL y que actualmente se encuentra inactivo, fue preguntado interrogado por esas presuntas mordidas para beneficiarse en adjudicaciones de ayuntamientos y autonomías de Madrid, Canarias, Andalucía y Extremadura y mantuvo que nunca oyó hablar del pago de comisiones.