El magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la campaña "coordinada" de ABC, La Razón y El Mundo contra él después de que el Tribunal Supremo confirmara el pasado martes 14 de octubre la condena al PP por beneficiarse del caso Gürtel. 

José Ricardo de Prada fue uno de los integrantes del tribunal de la Audiencia que dictó la sentencia referida a la primera época del caso que investiga la red de corrupción política vinculada al PP. Asimismo, horas después del anuncio de la sentencia del Supremo, el gabinete de prensa del Alto Tribunal se vio obligado a aclarar que su sentencia de la Gürtel no afirmaba que las alusiones a la caja B fueran "excesivas", como en un principio se difundió. No obstante, esa afirmación inicial fue aprovechada por el PP y medios afines para atacar al juez de Prada y acusarle de ser el detonante de la moción de censura que posteriormente acabaría con el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Los medios de comunicación a los que me refiero son los periódicos ABC, La Razón y El Mundo, que publicaron los días 14 y 15 de octubre varias noticias con el dominador común de atribuirme una actuación jurisdiccionalmente desviada en el tribunal que dictó la primera sentencia, de ser ser responsable de menciones indebidas en la misma que afectaban al Partido Popular y que ello estaba preordenado para posibilitar una moción de censura contra el Gobierno de aquel momento, culpándome en definitiva de ser el desencadenante de la misma", señala el magistrado en el recurso de amparo al que ha tenido acceso Público.

El juez de la Audiencia Nacional comparte varios extractos de noticias de estos tres medios en las que se le acusa de ser el "causante" de la moción y le hacen "parte de un complot político-judicial". Por ello, José Ricardo de Prada, que aplaude el tratamiento en general por parte de la prensa hacia esta sentencia, pide el cese de estas informaciones que ponen en tela de juicio su independencia judicial, así como requerir a estos medios a que procedan a rectificar las opiniones "vejatorias" hacia su persona.