De la lectura del informe provisional de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía del año 2019, el primero que afecta al gabinete de Juanma Moreno y que aún no ha podido aprobarse debido al bloqueo de la Cámara –del que este jueves se ha salido–, se puede extraer la conclusión de que los defectos e irregularidades en la gestión de los fondos públicos que se venían detectando durante los años de gestión del PSOE no se han solventado en absoluto en el primer año de Gobierno de PP y Cs.

Una de las banderas que, sobre todo, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), había venido enarbolando desde que llegó al Ejecutivo, era la de que PP y Ciudadanos gestionaban mejor que los socialistas y que a partir de ahora se habían terminado, por ejemplo, la falta de ejecución presupuestaria y otras costumbres nada ejemplares. Nada de eso. El informe provisional, al que ha tenido acceso Público, insta, entre otras recomendaciones, al nuevo ejecutivo a "revisar, mejorar y completar la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía".

El informe de 2019 es similar al de 2018, el último año que gobernaron los socialistas. La ejecución presupuestaria, uno de los temas a los que más importancia ha dado el consejero de Hacienda, Juan Bravo, es parecida y las irregularidades detectadas son de similar tenor, incluidas las advertencias de la Intervención General de la Junta de Andalucía, en las que alerta, al igual que un año antes, con el PSOE en el Gobierno, del fraccionamiento de contratos, una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público, que dice así: "No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan". El informe no especifica cuántos ni cuáles, pero sí recoge que esa práctica se ha dado a lo largo del año 2019, con Moreno como presidente.

Además, la cuenta general recoge un asunto al que el PP cuando estaba en la oposición –y ahora también en el Gobierno– le ha venido dando una relevancia importantísima y con el que trataba de sembrar la sospecha de corrupción. Se trata de lo que se ha dado en llamar facturas en el cajón, que son facturas pendientes de pago y que no tienen respaldo presupuestario, pero que no están ocultas, están localizadas y se terminan por abonar. Tienen que ver fundamentalmente con el gasto sanitario, la llamada deuda del SAS. En 2019, el gobierno de Moreno acumuló, según el informe, 1.235,88 millones de euros, de los que 296,42 millones corresponden a las consejerías y 939,46 a las agencias. Y de estas, 895,31 millones al Servicio Andaluz de Salud. Una cifra similar a la que había cuando gobernaban los socialistas.

Así, la Cámara recomienda al Ejecutivo que impulse "los trabajos necesarios para […] que se pueda implantar lo antes posible y de forma efectiva un Registro Contable de Facturas que incluya a todas las entidades que integran el sector público y que legalmente tengan la consideración de Administración Pública".

Libramientos sin justificar

El Ejecutivo de Moreno heredó millonarios libramientos pendientes de justificar, que son aquellas órdenes de pago cuyos documentos justificativos de la obligación presupuestaria no pueden acompañarse en el momento de su expedición y que sin la actuación de la administración y de los distintos órganos implicados podrían implicar la pérdida de ingresos por reintegros. El Gobierno andaluz generó en el año 11,33 millones de euros por este concepto, que se añaden a los 974 millones acumulados durante la etapa socialista, por lo que la cifra total asciende a 985,33 millones.

De este modo, entre las recomendaciones al gabinete de Moreno está la de "continuar adoptando medidas que permitan la disminución de los saldos de los libramientos pendientes de justificar, principalmente de aquellos que presentan una antigüedad elevada, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo, en su caso, al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los ya iniciados".

El informe revela también que el remanente de tesorería no afectado, el dinero contante y sonante de que dispone la Junta, –ahí no se computan las facturas impagadas– y que, según la Cámara de Cuentas es "la magnitud más representativa para reflejar la situación a corto plazo de cualquier administración pública", ha pasado de positivo a negativo: de 108 millones en 2018 a -1.018 millones en 2019.