El pasado 24 de noviembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, presentó el plan de vacunación de la covid en el que se establecían todos los pormenores del protocolo a seguir. En ese plan se detallaba el orden de vacunación, con tres fases claramente diferenciadas.  Los criterios estaban perfectamente marcados y definidos. Se suponía, y así lo dejó claro el Gobierno cuando llegaron las primeras vacunas, que los representantes políticos serían los últimos en vacunarse. En otros países se ha optado por una estrategia opuesta, la de dejar que los políticos sean de los primeros en recibir la vacuna para inspirar confianza en la población (en Estados Unidos, por ejemplo, el vicepresidente Mike Pence se vacunó ante las cámaras de televisión), pero en España la idea era que los representantes públicos fueran los últimos.

Sin embargo, en los últimos días se han sucedido varios casos de responsables políticos –fundamentalmente alcaldes– que se han saltado el orden de vacunación, lo que ha generado bastante polémica, tanta que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo que salir a la palestra ayer miércoles para recriminar la actitud de algunos cargos públicos que se han aprovechado de su posición para vacunarse antes de tiempo. Calvo apeló el miércoles a la dignidad y ética de los políticos para recibir la vacuna cuando les toque.

En una entrevista en Cuatro, la vicepesidenta primera reprochó esas actitudes a todos por igual, ya que estos días se han ido conociendo casos que afectan a diversos partidos, desde el PSOE al PP, pasando por el PNV o JxCat. 

De todos los casos conocidos en los últimos días, el más sonado ha sido el último en hacerse público, el del consejero de Sanidad del Gobierno de Murcia. El pasado 20 de enero se supo que el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, del PP, su mujer y otras 450 personas, entre altos cargos y funcionarios que conforman los servicios centrales del Sistema Murciano de Salud, se vacunaron contra la covid-19 de manera ilegal, saltándose completamente el protocolo. 

El escándalo ha sido mayúsculo: al final el consejero de Sanidad tuvo que renunciar ayer, miércoles, pero sólo después de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras le obligase a ello, porque en una primera comparecencia ante la prensa Villegas, médico de profesión, se negó a dimitir invocando su condición de sanitario. La presión de los socios de Gobierno del PP en Murcia y de la oposición, además de las reclamaciones de las fuerzas políticas en el resto de España, terminó por provocar la salida del consejero. 

Días más tarde, la coordinadora de IU-Verdes Murcia, Alicia Martínez, se sumó al consejero y dimitió por haberse vacunado al ser personal del área de Gestión del Servicio Murciano de Salud. La Fiscalía superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias de investigación para aclarar si hay delito ilícito penal respecto a las vacunaciones fuera del protocolo establecido.

La lista de alcaldes en auge

También los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina, en Bilbao, tuvieron también que presentar su dimisión después de que se hiciera público que habían recibido la vacuna antes de lo que marca el protocolo. Tanto José Luis Sabas como Eduardo Maiz, los dos dimisionarios, habían sido concejales del PNV en el Ayuntamiento de Bilbao antes de ocupar la dirección de ambos centros sanitarios.

Y por si esto fuera poco, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, entre otros altos cargos y técnicos de su departamento, también ha recibido la vacuna antes de que le tocara. La oposición ya ha pedido explicaciones. 

Estos son sólo algunos los episodios y corruptelas que empañan la administración de la vacuna: desde mediados de enero se han ido conociendo otros casos, fundamentalmente de alcaldes de pequeñas poblaciones.El primer caso que saltó a los titulares fue el del alcalde de Riudoms, en Tarragona, de JxCAT. El regidor de este pueblo argumentó que se vacunó porque sobraban vacunas. 

El País Valencià suma ya diez cargos públicos vacunados

Los regidores socialistas de los pequeños pueblos alicantinos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, que además son pareja, también se habían adelantado a la hora de vacunarse. Los dos se vacunaron pese a no formar parte de los grupos de riesgo debido a que, según explicaron, sobraban varias dosis que habían sido enviadas al centro de salud local. "Me llamaron del consultorio y me explicaron que había sanitarios que no deseaban o no podían recibir la vacuna, por lo que nos llamaron a nosotros y allí acudimos con la Policía Local y la Guardia Civil", explicó Coll al conocerse la noticia. El PP, con su secretario general Teodoro García Egea ejerciendo de inquisidor, aprovechó estos dos casos para cargar contra el PSOE, aunque ha callado con el caso del consejero de Sanidad de Murcia.

Otro alcalde socialista que admitió haber recibido la vacuna sin que fuera su turno es Fran López, alcalde de Rafelbunyol, municipio de València. López fue de los primeros políticos en vacunarse, los hizo el 27 de diciembre. Hace unos días pidió disculpas y explicó que le propusieron administrarle una dosis cuando acudió a la primera jornada de vacunación en la residencia de mayores de la localidad y aceptó porque pensó que "ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía".

Pero tampoco el PP se libra. En La Nucía (Alacant), tanto el alcalde como el concejal de Sanidad del municipio alicantino, ambos del PP, alegaron su condición de sanitarios para justificar que se hubieran vacunado antes de tiempo. En opinión del alcalde de La Nucía su actuación "está lejos del gesto insolidario que se ha visto por parte de otros alcaldes". De todas maneras, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana confirmó a principios de esta semana la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido tanto en este municipio como en los de El Verger, Els Poblets, Rafelbunyol.

Sin salir del País Valencià, hay otros casos, como el de José Galiano, concejal de Sanidad de Orihuela (Alacant), el del diputado provincial de Alicante, Juan Bautista Roselló o el del regidor de Villahermosa del Río (Castelló), Luis Rubio.

Pese a la lluvia de casos, se ha escuchado hablar muy poco de destituciones. La primera se ha producido este martes por parte de la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, a la directora de Salud Pública del departamento de Valencia, Elvira Mensat, debido a las irregularidades detectadas en el proceso de vacunación contra la covid-19.

Así, se están investigando un total de 62 casos de vacunaciones irregulares, entre ellos las de diez cargos públicos en el País Valencià.

Casos de vacunaciones irregulares en diferentes ámbitos

La lista no termina ahí. En Córdoba, los alcaldes de tres municipios también han reconocido haberse vacunado ya: Francisca Alamillo, alcaldesa de Torrecampo; José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos, y Jesús Fernández, alcalde de El Guijo también se saltaron el protocolo. La primera, Alamillo, lo hizo la semana pasada y también ha explicado que se vacunó porque sobraban vacunas.  

Además, cada vez se descubren nuevos casos de vacunaciones irregulares en diferentes ámbitos. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, dimitió el pasado 27 de enero tras conocerse que ha recibido la vacuna contra la covid-19 antes de que fuera su turno. La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia al constatar el incumplimiento por su parte de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación para la covid-19 en España. Cuesta alega para su renuncia, según comunicado de la Fiscalía General del Estado, "motivos personales". 

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, se ha unido a la cada vez más larga lista de personas que se han saltado la cola de la vacunación y se han inyectado la dosis correspondiente sin que fuese su turno. Taltavull recibió la primera dosis el pasado 5 de enero en la residencia sacerdotal de Sant Pere y Sant Bernat, en Palma. Pese a tener un alojamiento en esta residencia, que se encuentra muy cerca del Palacio Episcopal, el obispo no reside en ella, ni es sanitario de la misma, ni trabaja allí. El propio Taltavull lo ha confirmado al medio Última Hora.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, también fue vacunado el pasado 13 de enero, junto a los sacerdotes mayores que viven en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza. Álvarez engañó a Sanidad alegando que vivía en el geriátrico, pero reside en una casa contigua, donde no tiene ningún contacto con los internos del centro, tan solo comparte un patio interior. 

También, el obispo de Cartagena ha admitido que se vacunó en un centro de la Diócesis y ha anunciado que renuncia a ponerse la segunda dosis a partir de la cual se genera la inmunidad. Además, según ha informado la prensa local, se hizo pasar por capellán de un centro de asistencia a personas vulnerables para recibir el fármaco antes. 

Asimismo, unos 100 trabajadores de administrativos del Distrito Metropolitano de Salud de Granada han sido vacunados de forma irregular. Los empleados han recibido la primera dosis de la vacuna de Moderna. Los trabajadores se encargan de tareas administrativas únicamente, en un edificio aparte y en el que solo atienden con cita previa.

Esa socorrida explicación –que sobran dosis– a la que ha recurrido más de uno de estos políticos adelantados a su vacuna no les exonera de culpa ni suaviza la censura general de todas las formaciones. Como dijo Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, no puede haber cajas b de vacunas para políticos y familiares.