El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra la desinformación que permitirá monotorizar la información para rastrear a las conocidas fake news.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, tiene como objetivo "fortalecer el debate democrático y la libertad de expresión examinando el pluralismo de los medios y el papel de la sociedad civil".

Con esta orden pretende "atajar la desinformación", y actuar por garantizar unos procesos electorales "libres y justos", además de colaborar con los medios de comunicación para perseguir la desinformación.

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

En este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Pese a estas líneas estratégicas, desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) puntualizan que es imposible saber qué actuaciones van a tomar y califican el contenido de la norma como "meramente organizativo". 

Hay ciertas líneas rojas que no se deben cruzar. El jurista de la PDLI y catedrático de derecho, Lorenzo Cotino, admite que "hay un preámbulo muy bonito, pero que la estrategia es no comentar medidas que adoptar para que la ley no restrinja ninguna de ellas". "Cuando el estado es el que se pone a decidir sobre qué es mentira es una situación peligrosa", añade Cotino. 

En esta línea, el jurista de Standford y experto en libertad de expresión Joan Barata, miembro de la PDLI, insiste en que la clave en los mecanismos que utilizan para hacer este seguimiento. Lo más característico, apunta, es que "la desinformación no es ilegal y está defendida por la libertad de expresión" y "puede generar crisis sociales". 

El Gobierno aclara que no conllevará censura

El Gobierno defiende que esta disposición contra la desinformación "en ningún caso vigilará o censurará el legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones". 

Asimismo, insisten que la intención del plan es velar mediante un mecanismo de vigilancia por uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas el "acceso a la información veraz". 

También destacan que plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada.