A nadie engaña Jair Bolsonaro, ese mérito hay que reconocérselo. Nunca ha ocultado sus intenciones y su agenda, ni siquiera en la campaña electoral que le llevó al poder. Eso está fuera de toda discusión. La disputa es por conocer la carga máxima que soportarán los cimientos de la democracia brasileña. El pasado domingo el presidente participó, discurso incluido, en una manifestación golpista en Brasilia que pedía el regreso de la dictadura militar. ¿Cuál es el límite?

"Estoy aquí porque creo en vosotros", proclamó el ultraderechista ante los manifestantes, movilizados en plena pandemia. "Vosotros estáis aquí porque creéis en Brasil". Las actitudes cotidianas de Bolsonaro son tan transparentes que levantan sospechas sobre si, ante la escasez de alianzas para sacar adelante la legislatura, se está dedicando a forzar su propio impeachment para, al menos, poder vestirse de mártir.

En la manifestación golpista que apoyó este fin de semana, durante la celebración del Día del Ejército, sus seguidores reclamaban la instauración de un nuevo Acto Institucional número cinco (AI5), el decreto más intransigente de la dictadura militar que maniató a Brasil entre 1964 y 1985. Aquel AI5 estuvo vigente entre 1968 –con el general Artur da Costa e Silva como precursor– hasta 1978, promoviendo, entre otros puntos, el cierre del Congreso Nacional y la suspensión de los mandatos de los parlamentarios y los derechos políticos de cualquier ciudadano. Situando todo en su debido contexto, la expresidenta Dilma Rousseff fue apartada de su cargo hace ahora cuatro años por supuesto pedaleo fiscal, un maquillaje de cuentas a final de año. ¿Puede permitirse la democracia brasileña que la ultraderecha campe a sus anchas con semejante desparpajo?

Los cálculos no son precisos. "Los límites de la democracia están bien establecidos en la Constitución Federal", explica para Público Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, aferrada a la esperanza de ver cómo "las instituciones públicas se siguen pronunciando, así como todas las autoridades", defendiendo "la preservación de la democracia y los derechos humanos". La ecuación, sin embargo, no le termina de cuadrar a Werneck: "No sabría decir cuáles son las razones del desvío de Bolsonaro de sus funciones de guardián de la Constitución y protector de la ciudadanía".

Los límites, según la diputada federal Talíria Petrone (Partido Socialismo y Libertad, PSOL), fueron sobrepasados hace tiempo, concretamente "desde que Bolsonaro asumió la presidencia de la República". Queda evidente, en su opinión, que "no tiene condiciones para continuar al frente del Gobierno". Su macabro curriculum, no en vano, deja capítulos como "flirtear con milicianos paramilitares, homenajear a torturadores y exaltar la dictadura".

En algo coincide la mayoría de los analistas: el siguiente escalón dentro de las hostilidades, el paso a la acción de la ultraderecha, probablemente nunca llegaría con movilización de los militares y con tanques en la calle. El método actual es más virtual y sigiloso. "Estamos viendo a nuestra democracia pudrirse a cielo abierto", analiza para Público el politólogo, periodista y escritor Igor Natusch. "Vemos el cuerpo agonizante de nuestra democracia. Pero miramos hacia otro lado, hablamos de otras cosas".

Mientras la población está ocupada con otros quehaceres, ya sea sacar su vida adelante a diario, o sobrevivir a una pandemia, Bolsonaro maniobra para cotejar la reacción popular. "Da dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás", describe Natusch. "Fuerza un poco a las instituciones democráticas, con su clara intención de convertirse en autócrata, pero las instituciones muestran resistencia –normalmente en forma de nota de rechazo–, y entonces él recula en el discurso".

Bolsonaro pasa por encima de la sociedad civil celebrando, como recalca Human Rights Watch en el comunicado emitido tras el reciente escándalo, "un régimen que causó un sufrimiento indescriptible a decenas de millares de brasileños, y que resultó en 4.841 representantes electos destituidos del sus cargos, aproximadamente 2.000 personas torturadas y por lo menos 434 personas muertas o desaparecidas".

El trauma por el nuevo desafío del presidente es tan grande en Brasil que hasta el procurador general de la República, Augusto Aras –nombrado a dedo por Bolsonaro–, y el Ministerio Público Federal, han instado al Tribunal Supremo a que abra una investigación. Quieren llegar al fondo de la cuestión y averiguar quiénes están detrás de la organización y financiación de estas manifestaciones antidemocráticas. "Cualquier atentado contra la democracia afronta la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional", declaró el fiscal general.

La posición del ejército brasileño, clave en el presente y futuro

Lo que se puede esperar o no de la posición del Ejército Brasileño es otra de las grandes incógnitas de este proceso de autodestrucción que la política brasileña abrió hace un lustro. "Tienen también el deber de defender y proteger la Constitución, por lo cual Amnistía Internacional no espera otra cosa de ellos en este momento", asegura confiada Jurema Werneck. Precisamente eso es lo que promete la nota oficial que publicó el ministro de defensa, general Fernando Azevedo e Silva, tras los sucesos de este domingo: "Las Fuerzas Armadas trabajan con el propósito de mantener la paz y la estabilidad del país, siempre obedientes a la Constitución Federal".

Mayor pesimismo desprenden las impresiones de la diputada Talíria Petrone: "El Ejército forma parte de la estructura que da soporte a la política nefasta del presidente", indica. "Por más divergencias que puedan existir entre uno u otro integrante, no hay duda de que el Ejército Brasileño respalda la postura antidemocrática de Bolsonaro".

Hasta el momento, los generales que ocupan los principales ministerios han dado señales de estar frenando a Bolsonaro en determinados episodios comprometidos, como la escalada verbal contra Venezuela, o la destitución del ministro de sanidad , que retrasaron mientras les fue posible. "Nos equivocamos al analizar al Ejército como un bloque monolítico", comenta el analista Igor Natusch. "Se trata de un bloque bastante heterogéneo". Las posición de Bolsonaro, según Natusch "causa disgusto en determinados grupos del Ejército, sobre todo en las altas esferas, aunque tenga muchos adeptos en las medias esferas". Lo que parece incuestionable es que se ha rodeado de ellos "porque en el Congreso ya no tiene muchos apoyos".

Todo vuelve, por lo tanto, al punto de la escasez de alianzas para sacar adelante la legislatura. Bolsonaro no es popular ni en la Cámara Baja ni en la Alta, ni mucho menos en el Tribunal Supremo, pero en la calle aún conserva aliento, y en las encuestas su nivel de popularidad aún está por encima de los peores datos de Dilma Rousseff en 2016. El recambio de ambos, desde el sillón de la vicepresidencia, es, a su vez, bastante diferente. El de Rousseff fue Michel Temer, y el Bolsonaro sería, en caso de juicio político, el general Hamilton Mourão, con el general Braga Netto como mano derecha. Representaría, sin lugar a dudas, un impacto más contra los cimientos de la democracia brasileña. Tal vez por eso el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por el momento, intentan ignorar las provocaciones.