Bendodo, investigado por contratos opacos en la Junta, dejó un reguero de enchufes en la Diputación de Málaga

Una de las primeras cosas que hizo Elías Bendodo, el actual número tres del PP, cuando llegó en mayo de 2011 y de la mano del Partido Popular a la presidencia de la Diputación de Málaga fue comprometerse con la austeridad en el marco de la crisis económica de entonces, y a la vez firmar un decreto por el que nombraba asesor técnico presidencial a un funcionario del Ayuntamiento de Málaga, de apellido Sánchez, para que fuese su chófer, con un sueldo de 54.000 euros brutos al año, según pudo comprobar Público. 

Ambos se conocían de la etapa en la que Bendodo (Málaga, 1974) fue concejal del Ayuntamiento. El nuevo presidente quería a Sánchez como su conductor; no le servía ninguno de los empleados de la plantilla del Parque Móvil de la Diputación de Málaga. Es más, poco después del polémico fichaje, tres de los trabajadores interinos del Parque fueron despedidos dentro de un proceso de recortes, según confirmaron fuentes sindicales a este diario.

El conflicto laboral desatado en la diputación, con 1.400 empleados, durante el mandato de Bendodo mantuvo en pie de guerra a los sindicatos, que también denunciaron el fichaje de Mercedes González, exdirectora del distrito de Puerto de la Torre, que dimitió, en marzo de 2013, al dar positivo en un control de alcoholemia. Al mes, fue contratada por Bendodo como asesora del PP, cobrando 41.052 euros al año, más que en el consistorio (39.015 euros).

Una década después de los numerosos y controvertidos contratos, trasvases de empleados y comisiones de servicio que beneficiaron a personal afín al PP, según las centrales sindicales, el actual coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, se enfrenta a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por las contrataciones exprés en plena pandemia realizadas por la Consejería de Presidencia de la Junta cuando él la dirigía. 

Contrataciones que vulneraron la ley

La Fiscalía Anticorrupción investiga si la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía prevaricó al formalizar en plena pandemia en torno a 3.400 contratos exprés sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el proceso de selección de los candidatos. Entre 2019 y 2022 Bendodo, actual coordinador nacional del Partido Popular, dirigió la consejería.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó por ilegales esas contrataciones de personal laboral e interino que la Junta estableció mediante un peculiar mecanismo entre julio y octubre de 2020, que consistía en ser el más rápido en presentar la solicitud, sin que mediase concurso alguno de méritos. 

Los aspirantes debían enviar su solicitud en 24 horas a la oferta publicada en la web de la Junta de Andalucía. Los más rápidos en inscribirse lograron la plaza. La mayor parte de las 3.400 ofertas fue para auxiliares de playa, una figura que debía velar por el cumplimiento de las medidas preventivas para la covid. Pero también se incorporó a informáticos, archiveros y técnicos de pesca, puestos que difícilmente serían de urgente contratación en una situación de pandemia.

Para el TSJA aquel sistema de contratación fue como "una lotería" de difícil control administrativo que despertó las sospechas de enchufismo y amiguismo. Diversas sentencias por vía de lo contencioso-administrativo, que culminaron en la resolución del Tribunal Superior de Justicia, han declarado ilegales esas convocatorias. 

Además, por la vía penal, desde hace un año la Fiscalía Anticorrupción investiga en unas diligencias prejudiciales si el comportamiento de la Consejería de Presidencia, encabezada por Bendodo, incurrió en un delito de prevaricación administrativa, como adelantó El Plural y ha podido comprobar Público.

El origen de la investigación es una querella del PSOE andaluz, a la que ha tenido acceso este diario, que apunta al actual número tres del PP como presunto responsable del estrambótico e irregular proceso de contratación. 

Un reguero de enchufes en la Diputación de Málaga

Las sospechas de los socialistas se dispararon ante un modo de proceder que no parece nuevo en la trayectoria de Elías Bendodo. Su paso como presidente de la Diputación de Málaga (2011-2019) dejó un reguero de enchufes, contrataciones opacas y trasvase de funcionarios adeptos al PP desde el Ayuntamiento de Málaga y la Junta a la diputación, según denunciaron las centrales sindicales.

En el tiempo que duró su presidencia, los sindicatos pusieron el grito en el cielo ante los nuevos fichajes de Bendodo y denunciaron que el despilfarro que suponían solo cuatro de los nuevos fichajes de personal externo ascendía a más de 200.000 euros al año. Pero hubo mucho más. 

No solo fueron los 51 cargos de confianza que llegó a haber en la diputación malagueña en la época del presidente Bendodo —al final de la legislatura se vio obligado a reducirlos—, sino que además apenas se convocaron concursos de méritos para la promoción interna ni concursos públicos para el personal interino. Esos nuevos cargos supusieron tres millones de euros al año, como denunció en aquel momento el PSOE de Málaga.

Recortes para los empleados públicos

Mientras, los trabajadores de la diputación vieron cómo su nómina menguaba casi un 20% en los últimos años e incluso hubo dos ERE en empresas públicas del organismo que mandaron a trescientos empleados al paro, denunció ASeD (Asociación Sindicalismo en Diputación). Este sindicato alertó de que el presidente de la diputación estaba creando "una red de funcionarios a la medida del poder, afines al equipo de gobierno".

Desde CGT-Andalucía tacharon en aquel momento de "puro enchufismo, con apariencia de legalidad" las nuevas jefaturas de servicios en la Diputación de Málaga, copadas por "militantes del PP". 

Se referían, por ejemplo, a un monitor deportivo de la diputación que fue nombrado, en diciembre de 2012, responsable de comunicación de la Delegación de Turismo por el sistema de la atribución temporal de funciones. Este mecanismo implica un nombramiento temporal y a dedo, que evita que todos los funcionarios de un determinado nivel puedan concurrir en igualdad de condiciones a ese puesto. En las actas de la Junta de Gobierno de aquella época consultadas por este periódico abundan casos similares. 

Otro fichaje polémico señalado por los sindicatos fue el de E. B. como jefe de la Asesoría Jurídica, en marzo de 2013. Era el secretario de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y fue trasladado a la Diputación de Málaga en comisión de servicios, un instrumento que permite la legislación para casos de inaplazable y urgente necesidad de cubrir ese puesto, pero el abuso de esta figura en el organismo provincial de Málaga levantó ampollas. 

Un antiguo árbitro al frente de la Oficina del alcalde

El exárbitro de fútbol Antonio Jesús López Nieto, retirado en 2003, fue fichado por Bendodo para que se encargara del área de Deportes de la diputación por 65.000 euros al año. Pero en 2013 le encargó una tarea muy distinta: dirigir la recién creada Oficina del Alcalde para atender las peticiones de subvenciones y otras necesidades de los regidores de la provincia. López Nieto llegó a decir ante la polémica suscitada: "Yo no estoy aquí por dinero. Estoy principalmente por mi relación personal con el presidente". 

Otro cargo creado ad hoc para amigos fue el de asesor para asuntos taurinos. Bendodo designó para aquel puesto al exalcalde de Benalmádena, Enrique Moya, que había perdido la alcaldía en 2011 tras un pacto de las fuerzas de la oposición. 

Consecuencias de los contratos exprés

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  anuló los contratos exprés de la Consejería de Presidencia en plena pandemia y argumentó que la "excepcional situación" no puede llevar "a la absoluta supresión" de los derechos constitucionales ni a la "completa ausencia" de un mínimo procedimiento selectivo, en el que las plazas fueran adjudicadas por "riguroso orden de entrada". 

La decisión también tuvo consecuencias para los trabajadores interinos que habían sido contratados mediante ese sistema y que quisieron que constara su experiencia en la Junta de cara a nuevas contrataciones. Pero el TSJA determinó que no podía tenerse en cuenta en procesos posteriores.