La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha acusado al juez instructor Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos al no aclararle "nada" de los hechos por los que la investiga. Begoña Gómez recuerda al juez Peinado que quedan sólo dos semanas para que comparezca en el juzgado pese a que Peinado ha tenido que enviar parte del caso a la Fiscalía Europea.

Begoña Gómez está citada a declarar el próximo 5 de julio ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid como investigada por unos hechos que, subraya su abogado en su nuevo escrito, "desconoce", ya que -insiste- el magistrado no ha precisado en qué consiste actualmente su investigación.

El juez Juan Carlos Peinado aceptó la semana pasada remitir a la Fiscalía Europea una serie de contratos financiados con fondos comunitarios que hasta ese momento investigaba.

En concreto, la esposa de Sánchez acusa a Peinado de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva al considerar que, en su respuesta a su petición de conocer qué hechos mantiene en la causa tras la decisión de la Fiscalía Europea de asumir parte de la misma, el juez no aclara el asunto.

Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, solicitó la semana pasada al juez en un escrito que aclarase qué es lo que seguía investigando en su juzgado, ya que la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló el inicio de las pesquisas le instó a su vez a limitar la causa precisamente a los contratos que había enviado a la Fiscalía Europea.

Sin embargo, el juez respondió este pasado lunes en una providencia que esa era "una conclusión interesada" que sacaba la defensa del auto, y señalaba que Gómez continuaba investigada por "dos bloques" de documentos distintos a los enviados a la Fiscalía europea.

El abogado de Begoña Gómez insiste en que la denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, de la que nació el caso, se basaba en tres bloques fácticos y que la Audiencia Provincial de Madrid descartó dos de ellos y estimó que solo había base para investigar el que el juez ha enviado a la Fiscalía de Madrid -los contratos adjudicados por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLUEscuela de Negocios The Valley-.

Por último, Camacho también sugiere que el juzgado "parece estar dando a entender que está investigando aquellos bloques que la Audiencia estimó que no reunían los elementos que permitieran en un Estado de Derecho abrir la investigación", pero indica que "tampoco lo hace con claridad".