"El referéndum no fue nunca un acto concluyente para la independencia", sino un paso más "para llegar al diálogo, la negociación y un pacto" con el Gobierno central. Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ha defendido este miércoles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar el procés, que la independencia "siempre se planteó como algo pactado", y que "nunca se pretendió llevar a cabo después del referéndum". 

La consulta soberanista del 1-O, que sirvió al Govern para justificar la declaración unilateral de independencia (DUI) que ha sido tachada de "política" o simbólica por todos los procesados hasta la fecha -salvo Oriol Junqueras, que no se ha pronunciado al respecto-, habría sido sólo eso; sólo un elemento de presión para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se sentara a negociar. Ni se notificó esta a organismos internacionales, ni se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat, ni se hizo "mención especial" en el Parlament. "No hubo nada más". "La prueba", sintetizaba, "es que estamos aquí y no hay independencia", afirmaba. 

Además, Bassa ha sostenido que el Govern de la Generalitat que hoy se sienta en el banquillo no cometió ningún delito, y que simplemente se dio un conflicto competencial entre esta administración y el Tribunal Constitucional. No hubo delito, primero, porque no considera ilegal convocar un referéndum, como manifestaban el resto de procesados. Segundo, porque "acataron" la suspensión de la ley que sentaba sus bases, aprobada por el Parlament: "Tras las suspensión de la ley no hicimos ninguna acción, ni en mi departamento ni, tengo entendido, en otros".  

En la misma línea, la exconsellera ha reconocido que el Govern "no cumplió" con el programa con el que JxS se presentó a las elecciones, y que marcaba un plazo de 18 meses para declarar la independencia. "Prácticamente no se cumplió nada porque estuvimos 21 meses y si no nos hubiesen cesado habríamos continuado en el Govern", apuntaba.

Bassa es la sexta consellera en comparecer ante la Sala. Como exdiputada de ERC, se ha desmarcado de la estrategia de Junqueras y Romeva, respondiendo al fiscal Fidel Cadena y a la abogada del Estado Rosa María Seoane, además de a su abogado, Mariano Bergés.
Es, además, la primera procesada que reconoce motu proprio la "autoridad" del Constitucional -"Admito y siento la autoridad del Constitucional"-, así como su papel de "máximo intérprete de la Constitución", también destaca que la Carta Magna "tiene miradas más amplias".

Por ello,  aunque reconoce que tuvo constancia de la suspensión de normativas de la Generalitat por parte del Constitucional -"Me las notificaron, pero ahí se quedaron"-, sostiene que siempre pensó que estaban ante un "conflicto competencial jurídico" que "sería transitorio" y podría resolverse. "El Gobierno de España tenía 18 sentencias del TC que no había cumplido, la más especial la del 0,7% del IRPF". "Llevaban 4 o 5 años sin cumplirse", apuntaba. 

En este "conflicto competencial", la exconsellera, que se expone a una petición de pena de 16 años de cárcel por parte de la Fiscalía -por los supuestos delitos de rebelión y malversación-, afirma que esperaban llegar a un acuerdo con el Gobierno central, para poder pactar el referéndum en base al artículo 92 de la Carta Magna, según su relato. "Entendimos que el referéndum no era delito, que había leyes y normativas jurídicas internacionales que amparaban nuestra demanda", que además tenía "el apoyo del 80% de la población catalana", apostillaba.