El inicio de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción comenzó tras una alerta de los bancos. Las entidades financieras decidieron informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (por sus siglas, Sepblac) tras detectar las cantidades desorbitadas que los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón consiguieron por la venta del material sanitario al Ayuntamiento de Madrid, según recoge la Cadena SER. 

El Sepblac advirtió de este aviso a Anticorrupción —cuya querella ya ha sido admitida por el Tribunal Superior de Madrid—. El Ministerio Público emprendió las pesquisas en noviembre de 2020 para dilucidar si los dos propietarios han estafado al Consistorio madrileño. Se les acusa de "delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales". 

Por lo tanto, los bancos que conocieron este ingreso fueron los que dieron la voz de alarma ante las posibles irregularidades, en lugar de la Corporación municipal, que conocía que tanto los guantes de nitrilo como los test de antígenos que les habían entregado los empresarios eran defectuosos y que el precio de las mascarillas estaba por encima del precio de mercado. 

Anticorrupción señala que los investigados habrían inflado los precios "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". En la operación participó un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que facilitó a Medina el contacto de un trabajador del Consistorio para que mediara en el proceso. 

El escándalo se extiende tras conocerse que los empresarios habrían recibido seis millones de euros en comisiones que utilizaron para costear productos de lujo, como un yate, coches de alta gama o relojes de marca Rolex por más de 20.000 euros. Las investigaciones apuntan que Luceño engañó al Ayuntamiento asegurando que era agente de la firma malaya EEE, que conocía el mercado asiático y que poseía fábricas en China. Algo que la Fiscalía desmiente.