Isabel Díaz Ayuso ya mira hacia el final del verano. En su horizonte aparece una ley ómnibus que traerá modificaciones en distintas áreas, con especial incidencia en materia de suelo y protección animal. El documento pasará a otro nivel a finales de esta semana, en pleno julio, cuando finalicen los siete días de información pública a los que se ha sometido esta iniciativa.

Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid, mira el calendario con indignación, saca cuentas y subraya que no entiende "a qué viene tanta prisa" cuando no habrá plenos ordinarios hasta octubre. "¿Cuál es entonces la urgencia para que se limite a siete días la información pública? No tiene ni pies ni cabeza", afirma.

Su indignación subió varios niveles cuando leyó el documento del Gobierno de Ayuso. "Lo que me parece más grave es que un texto de estas características mezcla en una misma ley cosas absolutamente variopintas que no tienen nada que ver unas con otras: la protección animal con la ley del suelo, con el arbolado urbano… Todo es medio ambiente, pero no tiene ninguna relación una cosa con la otra", apuntó.

La enésima reforma de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid incluye la modificación de 68 artículos. Entre otras cosas, la normativa facilita la instalación de infraestructuras de tratamiento de residuos y depuración de aguas, ya sean públicas o privadas, "prácticamente en cualquier sitio de Madrid, sin necesidad de calificación urbanística".

Tras examinar el texto, Sánchez destaca además que se da pie a que puedan producirse "expropiaciones forzosas" bajo el argumento de que se trata de proyectos de interés general y, por tanto, de utilidad pública.

"Que este tipo de obras puedan saltarse todos los trámites municipales porque Canal de Isabel II así lo haya decidido parece, como mínimo, un poco desmedido", afirmó el representante de Más Madrid.

Ladrillo y áreas verdes

La reforma de Ayuso en materia de ley del suelo también abre la puerta a destinar zonas para la construcción de vivienda que inicialmente no estaban reservadas para esos fines, en detrimento de equipamientos sociales o áreas verdes. "Su respuesta a la crisis de la vivienda es que se construya mucho más, incluso en zonas que no estaban pensadas para eso", advierte Sánchez.

En materia ambiental, el proyecto de Ayuso busca excluir del requisito de evaluación de impacto a gasolineras, crematorios y campos de golf, que solamente deberán cumplir los requisitos que marca la legislación estatal y quedarán a salvo de cualquier limitación de ámbito autonómico.

"Además, por orden del titular de la consejería, se podrán determinar los proyectos que no son susceptibles de causar efectos adversos y entonces no necesitarán evaluación de impacto", explica el diputado de Más Madrid en la Asamblea.

Árboles por dinero

La cosa no termina ahí. En materia de arbolado urbano, la iniciativa del Gobierno de Ayuso dedica un nuevo artículo a establecer excepciones a la prohibición de tala de árboles.

Para el representante de izquierdas, "lo más grave es que añaden un artículo por el cual puede haber compensaciones: si talas árboles, en lugar de replantar un árbol por cada año de antigüedad que tuviera el ya talado, ahora se pueden sustituir los árboles por dinero si se justifica que no hay espacio en el municipio para plantar nuevos".

El diputado de Más Madrid cree que estas medidas apuntan en un sentido claro: "Están convirtiendo la Comunidad de Madrid en un campo de experimentación neoliberal donde lo que manda es el dinero. Si hay que saltarse lo que sea, se salta. El tema es que se pueda hacer cuanto más negocio mejor, caiga quien caiga y pasando por encima de quien haya que pasar".