El Tribunal Superior Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido enviar el Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, para que decida si investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El juez instructor de la causa, Francisco José Goyena, ha decidido el archivo de la misma en lo que respecta al fiscal Julián Salto y continuarla respecto a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal general, quien al ser aforado solo puede ser investigado por el Supremo, que ahora tendrá que decidir si investiga por estos hechos al fiscal general del Estado.

Por ello, Goyena, al no tener competencia para investigar al fiscal general del Estado, remite una exposición razonada al alto tribunal en la que recuerda que el propio fiscal general asumió la responsabilidad de haber ordenado la publicación de una nota de prensa para desmentir la información procedente del entorno de Ayuso sobre que había sido la Fiscalía la que había ofrecido un trato al novio de la presidenta, cuando en realidad ocurrió al revés.

Esa nota enviada por la Fiscalía de Madrid aclaraba algunos extremos de la investigación al empresario González Amador por un presunto fraude a Hacienda y de su propuesta de llegar a un acuerdo con el fiscal Salto para reducir su eventual condena ante informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario, como había ocurrido en realidad. 

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a la vista de la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en coherencia con sus manifestaciones anteriores, asume la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que desmentía informaciones falsas en relación con un investigado por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental. 

García Ortiz asegura que el hecho de que se haya elevado esa exposición razonada no ha de impedir ni alterar el normal funcionamiento de la institución ni, por supuesto, el trabajo ordinario del fiscal General. 

Asimismo, reitera que la nota se emitió para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. 

"El deber de informar a la opinión pública de sus propias actuaciones es un mandato legal que la Fiscalía ha cumplido en el pasado y seguirá haciendo en el futuro. La difusión del contenido de querellas, denuncias, escritos de acusación o informes relevantes para la opinión pública elaborados por el Ministerio Fiscal es, ha sido y seguirá siendo parte del trabajo habitual de sus oficinas de prensa y portavoces", consta en un comunicado enviado a los medios de comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado.