El esfuerzo de las familias de los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia por esclarecer lo ocurrido y que "se haga justicia" no cesa. Son decenas las denuncias archivadas por los juzgados madrileños. Hasta ahora, los diferentes jueces que han examinado los casos no han encontrado motivos para abrir diligencias por la aprobación y la aplicación de los llamados "protocolos de la vergüenza", pese a las evidencias concluidas, por ejemplo, por parte de la Comisión Ciudadana por la Verdad. Unos documentos que impidieron que estos mayores pudieran recibir asistencia sanitaria antes de morir.

Está siendo un camino largo, lleno de opacidad, pero, sobre todo, de "mucho dolor". Así lo expresa Carmen López, miembro de Marea de Residencias, en una conversación con Público. Con todo, este miércoles a las 11.00 horas regresa junto a sus compañeras a los juzgados para exigir a Isabel Díaz Ayuso que se retracte y, "al menos, pida perdón por sus declaraciones vejatorias sobre las víctimas". 

Bajo la dirección letrada del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, y el abogado especialista en memoria histórica, Eduardo Ranz, los movimientos ciudadanos Marea de Residencias y Verdad y Justicia aspiran a citar a Ayuso en el juzgado. Su intención es presentar una demanda de conciliación para exigir a la presidenta del Gobierno regional que "rectifique" por haber dicho que los mayores que murieron sin haber sido derivados a los hospitales "no se iban a salvar en ningún sitio".

Se trata de unas declaraciones que Ayuso pronunció el pasado 15 de febrero en la Asamblea después de que Manuela Bergerot, de Más Madrid, afirmara que los "protocolos de la vergüenza" condenaron a morir a "miles de mayores". Durante su intervención, la líder de la oposición, además, leyó en el hemiciclo parte de las actas de la Policía Municipal de la capital correspondientes a los primeros meses de la pandemia en las que se afirma que si se les hubiera derivado "no hubiera habido tantos fallecidos". Dichos informes, junto a los redactados por los equipos de bomberos, también se pusieron a disposición de la Justicia. 

"Llevamos cuatro años escuchando declaraciones vejatorias hacia nosotras y contra la dignidad de las 7.291 víctimas que se abandonaron en las residencias amparándose en unos protocolos crueles", han lamentado ambas organizaciones en un comunicado de prensa conjunto. "No se hubieran muerto igual si lo hubieran hecho ejerciendo su derecho a una asistencia sanitaria y una muerte digna", insisten.

Las familias han promovido todo tipo de querellas por los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación, pero ninguna ha trascendido en los juzgados de la región. Los expertos señalan que más de 4.000 mayores se hubieran podido salvar de haber sido hospitalizados y apuntan a la responsabilidad de la Administración madrileña. Con esta iniciativa, esperan ahora una "reparación, aunque sea mínima". 

El abogado Eduardo Ranz explica a Público que si la demanda es admitida, Ayuso sería citada por el juez para "alcanzar un acuerdo". "El objetivo es alcanzar un acuerdo y ese acuerdo pasa por que la presidenta se retracte de sus palabras en condiciones similares a las que las pronunció. Es decir, que sea una declaración o comunicado público, no privado", afirma Ranz.

El letrado ha transmitido su "máxima confianza" en que dicho acuerdo prospere. En este tipo de procedimientos no es obligatorio que Ayuso se persone: podría delegar el poder en sus asesores jurídicos. Por lo que, en todo caso, no es seguro que finalmente veamos la imagen de la presidenta entrando en el juzgado por este motivo.

La medida es un acto requerido por la ley y puede ser un paso previo a la presentación de una posible querella por injurias, en caso de que no se llegue a ningún punto en común. Algo que, por el momento, no parece que vaya a ocurrir. Este mismo martes, Ayuso se ha vuelto a desmarcar de cualquier tipo de gesto conciliador con las familias. Lejos de pedir perdón o mostrar algún gesto de arrepentimiento, ha sostenido que sería "el colmo" que se admitiera a trámite una posible demanda por injurias. "Llevamos 25 sentencias judiciales donde se nos da la razón", ha remarcado la número uno del PP en la autonomía.

En octubre habrá "nuevas pruebas"

En este escenario, la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM) ha informado este martes al Teniente Fiscal y a dos fiscales en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid de que en octubre presentarán "nuevas pruebas", una vez concluida la Conferencia Estatal por la Verdad, Justicia y Reparación, en la que se debatirá y dará forma a la presentación de nuevas denuncias.

Damián Caballero, secretario de la organización, ha informado a este diario de que los nuevos casos "abrirán el melón de los mayores fallecidos en sus domicilios, un hecho que tampoco se ha investigado ni sobre el cual se ha impartido justicia". "Ellos también murieron. Si por esta vía se sigue sin avanzar, acudiremos a Europa", ha defendido.