Ayuso y Almeida arrastran a Madrid al 'circo' de la Fórmula 1, un negocio que deja un rastro de deudas millonarias

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida han desfilado con entusiasmo por la presentación del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 en Ifema. Los dos han formado parte activa del regreso de este certamen a la ciudad a partir de 2026, 45 años después —la última vez que el circuito del Jarama acogió esta competición fue en 1981 y dejó de hacerlo porque no resultaba rentable para sus organizadores—, y se han comprometido a "volcarse" para que Madrid "sea la capital" de este deporte con coste cero para los ciudadanos. Es decir, aseguran que no habrá financiación pública detrás.

Esta es la patata caliente para la gran fiesta de la Fórmula 1 de Ayuso y Almeida: tanto en València como en Barcelona los certámenes de Fórmula 1 han dejado un reguero de deudas millonarias tras importantes inversiones públicas.

En el caso de València, fue uno de los 'pelotazos' del popular Francisco Camps como presidente de la Generalitat valenciana. El Gran Premio de València (2008-2012) también iba a lograr una inversión de millones de euros en la ciudad y la creación de miles de puestos de trabajo a "coste cero". Pero el balance final fue bien distinto: el Gobierno valenciano pagó más de 300 millones de euros y los valencianos acabaron asumiendo una deuda de más de 60 millones de euros por la construcción del recorrido. Terminaron de pagar la deuda en 2023, más de una década después.

El canon anual de arrendamiento, los gastos de los derechos televisivos y la deuda de la empresa privada que sobre el papel iba a financiar el certamen, Valmor, también corrieron del erario público porque quebró al poco tiempo.

Valmor acabó dando nombre a un caso judicial en el que Camps fue imputado en 2017 por un supuesto delito de prevaricación y otro de malversación. En 2021 se archivó la causa.

Sobre el caso del Gran Premio de Montmeló, en Barcelona, no se cierne la sombra de la corrupción pero sí ha sido regado con dinero público. La instalación del Circuit de Barcelona-Catalunya acumula pérdidas desde 2009 y en la última década ha recibido más de 140 millones de las administraciones públicas.

Como explicó Público, a diferencia de lo que sucede en otros países, el sector privado —ni el turístico ni el del motor— no se ha implicado en el Circuit y no han aportado recursos para compensar las pérdidas. Ese papel lo ha tenido que jugar principalmente la Generalitat.

Financiación indirecta

Si la historia se repetirá o no está por ver, aunque las incógnitas sobre el macroevento son todavía muchas. En una entrevista en el diario deportivo Relevo, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema e ideólogo del regreso a Madrid del Gran Premio de Fórmula 1, José Vicente de los Mozos, ha defendido que no seguirán esta estela ruinosa. "Hemos estudiado lo que pasó en València y hemos estudiado lo que pasa en otros grandes circuitos de Europa y del mundo", justificó.

De los Mozos asegura también que no contará con "financiación pública directa". Desde el equipo de comunicación de Ifema, preguntados por este medio, explican que la financiación indirecta es a través de ellos mismos, que son un consorcio público-privado constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid.

Lo que pueden garantizar, explican, es que no habrá subvenciones al Gran Premio de Fórmula 1 y que toda la financiación se conseguirá a través de contratos de patrocinio con empresas privadas. Además, todavía no se sabe tampoco cuál será la empresa encargada de la gestión del certamen porque para ello se abrirá un proceso de adjudicación mediante un concurso público.

Con todo, Ayuso, como hicieron Camps y Rita Barberá en 2008, ha garantizado ya que dejará más de 450 millones de euros cada año y que generará 10.000 puestos de trabajo directos más todos los indirectos en cadenas de restauración, hoteles, ocio, cultura, compras o espectáculos, dijo este martes en la presentación de su último fuego de artificio al frente de la Comunidad de Madrid.