Vestido con una corbata azul, un traje oscuro impecable, camisa blanca, con los puños cerrados por gemelos, y algunas coquetas pulseras en su muñeca derecha, comenzó relatando su currículum, amplio, en la política, y también en la enseñanza del Derecho. Contó alguna anécdota, que las tiene a miles, como que la exprimera ministra británica Margaret Thatcher se cargó una Carta de Derechos Sociales que él promovió como ministro de Trabajo de Felipe González, durante la primera presidencia española de la Unión Europea. Y, sobre todo –que para eso se sentó allí y se sometió a las preguntas del fiscal, de su abogado y del juez–, se desvinculó por completo del modo en que la Consejería de Empleo repartió los fondos destinados a arreglar crisis sociolaborales en Andalucía a principios del siglo XXI. Y se desmarcó, con reiteración y contundencia, en su testimonio, de cualquier ilegalidad acaecida en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que su Gobierno gestionó durante años.

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (1990-2009), de 73 años de edad, declaró este lunes en el llamado juicio de los ERE, acusado de prevaricación, dictar una resolución injusta a sabiendas, por haber permitido la creación y uso de un procedimiento de reparto de fondos a trabajadores de empresas en crisis que los fiscales y los jueces instructores consideran ilegal.

Consideran que estuvo fabricado a medida para eludir los controles de la Intervención de la Junta y poder así dar las ayudas con agilidad y de manera arbitraria. A Chaves, que ya está retirado de la política, le piden una pena de diez años de inhabilitación.

El expresidente, al igual que hizo José Antonio Griñán el pasado miércoles, aseguró que nunca supo que hubiera irregularidades, ninguna; que la responsabilidad del reparto de las ayudas estaba en la Consejería de Empleo y en sus gestores; que él nunca despachaba con directores generales, en referencia a Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, en torno a quien gira, presuntamente, el fraude, y que la fijación del crédito, que no el modo en que se repartían, estaba en los presupuestos, que se aprobaban en el parlamento año tras año por ley.

“Que había ayudas sociolaborales lo sabía. (Ahora bien), cómo se daban no era mi ámbito político de decisión. En el cómo no entraba. Eso pertenecía a otro ámbito político de decisión. ¿Cuál era el procedimiento, la cuantía, los beneficiarios? Eso no entraba en mi ámbito político de decisión”, dijo Chaves, a preguntas del fiscal. “Un crédito cualquiera no dice cómo tiene que ser el gasto”, añadió. “Había un mecanismo (que tenía la Intervención para alertar de menoscabo de fondos públicos), que era el informe de actuación”, que nunca se usó, remató.

La tesis de los jueces instructores y de la Fiscalía es que todas las ayudas que se dieron entre 2001 y 2010 de un fondo de 855 millones fueron ilegales, porque se trataba de subvenciones que se repartieron de manera opaca y sin prestar atención al procedimiento legalmente tasado para su reparto. Cuestionan que la herramienta utilizada para pagar las ayudas, la transferencia de financiación, no servía para estos fines. Chaves dijo al respecto: “Todas las transferencias de financiación estaban incluidas en los presupuestos. Una vez que ese presupuesto superaba el trámite, pasaba al parlamento y el parlamento aprobaba esas transferencias. Por lo tanto, eran la ley. Y por definición una ley no puede ser ilegal. He visto que se estaba debatiendo si las transferencias eran adecuadas o no, pero estaban en la ley. He leído opiniones de expertos, monografías de derecho [sobre otros temas]. ¿Cuántas veces hemos visto criticar que era una ley adecuada o que tenía un efecto perverso? Pero era la ley”, afirmó Chaves.

Y agregó, en la misma línea que ya apuntó Griñán el miércoles pasado: “En el contexto de confianza de un equipo de Gobierno, para mí era muy difícil pensar que en una consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para burlar la ley”, dijo. “Siempre he partido y he pensado que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer y me ha costado creer siempre que se hubiera establecido un procedimiento exclusivamente para burlar la ley”, añadió.

El fiscal le recordó que el gabinete del presidente recibió una carta en la que se alertaba de presuntas irregularidades en la resolución de la crisis minera en la Faja Pirítica de Huelva. Chaves afirmó que no recordaba haberla leído, que en esa crisis la solución llegó de un acuerdo en el que estuvo también el Gobierno central, entonces gobernado por el PP, y que su gabinete funcionaba con un protocolo que le permitía darle cauce a todas las peticiones y cartas que recibía, centenares a la semana, y que en su mayoría no leía personalmente. Su gabinete la envió, sin que él la viese, siguiendo el protocolo, a la Consejería de Empleo, la competente en estos temas, para que estudiase el asunto.

Un tratado del gobernante

Los interrogatorios de los fiscales a Chaves y a Griñán tienen un punto extraño. Más que un juicio penal, parece por momentos una discusión administrativa, técnica e, incluso, política. Se les pregunta sobre el modo de gestionar el Gobierno y sobre cómo se elabora un presupuesto. Así, estas preguntas permitieron a Chaves esbozar una especie de tratado del gobernante. El fiscal intentó, con estas preguntas, a lo largo de todo el interrogatorio, que Chaves incurriera en alguna contradicción, que admitiera tener algún conocimiento de ilegalidades, pero el expresidente no cayó y se mantuvo firme, hasta el punto de que el juez amonestó al fiscal hasta en tres ocasiones por repetirle preguntas que ya estaban contestadas.

Chaves, así, pudo explicar con cierto detalle a lo que se dedicaba cuando su Gobierno abordaba una crisis empresarial. “Mi ámbito de decisión política: mesa de negociación para un plan de viabilidad. Cómo se negociaba, no formaba parte de mi ámbito. Eran otros los que tenían que poner en marcha el plan de viabilidad a través de una negociación. A mí los consejeros no me informaban de cuántos y cuánto iban a cobrar. No me informaban de eso. Me informaban del problema general”.

El expresidente eligió el caso del cierre de Santana para ilustrar su actividad: “Se trata de un caso icónico de nacionalización, de ayudas públicas. Cuando los japoneses de Suzuki anunciaron que se iban de Santana, se produjo una gran conmoción social en toda España. Santana era la única empresa de Andalucía que fabricaba automóviles. Se hicieron intentos de salvarla. Se llegó a un acuerdo para vender a Defensa el vehículo Aníbal para el ejército de tierra. Después la empresa se diversificó (y acabó cerrando), pero hicimos todos los intentos, porque era una empresa muy importante en el tejido empresarial de Andalucía. Era la única empresa que fabricaba automóviles”.

“Mi criterio, ante una empresa en crisis, era que había que tratar de salvarla y, por supuesto, el empleo de los trabajadores afectados. Estaba en mi programa de Gobierno. Estaba recogido en los Acuerdos de Concertación con los sindicatos y la patronal. En los siete acuerdos que firmé, siempre venía un apartado que se refería a la protección del tejido productivo y del empleo. Y este es el criterio que he seguido siempre que había una empresa en crisis: convocar una mesa de negociación, para que elaborase un plan industrial que podía o no conllevar ayudas. Monten mesa, vean un plan industrial y traten de afrontar también la situación de los trabajadores. Desde que se convocaba una mesa de negociación yo ya no sabía qué se debatía”, agregó el expresidente.

Prosiguió Chaves: “Durante mi presidencia, pasamos por distintos ciclos económicos. En el Consejo de Gobierno se hablaba de Santana, de San Carlos, Delphi, de Astilleros. Debatíamos desde una perspectiva política y social cómo afrontar una situación de crisis, que tenía repercusiones políticas y sociales. Nos preocupaba la situación de los trabajadores y sus familias. Se hablaba con los consejeros correspondientes. Se hablaba de crisis, como de educación y sanidad. Y yo hablaba con los comités de empresa, que siempre venían avalados por los secretarios generales de UGT y CCOO. Me reunía con los sindicatos. Era mi responsabilidad. Esto es normalidad democrática. Yo fui sindicalista. Un comité de empresa está reconocido por la ley y los sindicatos tienen un reconocimiento constitucional”.

¿Qué papel tenía en la elaboración del proyecto de presupuestos?, le preguntó el fiscal, que perseguía con ello saber si el presidente conocía el programa exacto que repartía las ayudas sociolaborales, algo que Chaves negó. El expresidente explicó: “Yo coordinaba la acción del Gobierno en la elaboración. Era un presupuesto complejo. El debate que se tenía en el Consejo de Gobierno era un debate global. Había una primera fase, en la que se estudiaban los indicadores macroeconómicos, la evolución de la economía, de la inflación, del empleo, del paro. A partir de ahí, se configuraba la envolvente financiera del presupuesto. El total de ingresos. Y después, cómo se distribuía ese total en consejerías y, a partir de ahí, cada consejería distribuía en el ámbito de su decisión política. Eso era competencia del consejero correspondiente. Yo no conocía ni programas presupuestarios ni aplicaciones presupuestarias”, dijo Chaves.