La Audiencia Nacional ha tenido que reforzar con una magistrada la sección segunda de lo Penal, encargada de dictar la sentencia sobre la supuesta caja b del PP, ante el riesgo de "paralización" que sufría con varios jueces de baja y con juicios señalados en las próximas semanas.

Por ello y a petición de la presidenta de lo Penal, Concepción Espejel, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó hace unos días adscribir a la magistrada María Teresa García Quesada a la citada sección.

Esta magistrada fue destinada a la Audiencia Nacional en junio de 2020 y quedó adscrita a la sección tercera mientras el titular de la plaza, el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo, estuviese en situación de servicios especiales.

Tras cesar este verano como miembro del Gobierno, Campo se incorporó a su plaza de la sección tercera, que también presenta "un elevado volumen de causas pendientes de enjuiciamiento", motivo por el cual el presidente de la misma, Alfonso Guevara, solicitó que la magistrada García Quesada siguiese adscrita a dicha sección, sin perjuicio de que apoyase puntualmente a otras.

La presidenta de la Sala de lo Penal atendió a su petición y el 6 de septiembre acordó que esta magistrada siguiese despachando asuntos en la sección tercera, pero once días después, le llegó otra reclamación de la sección vecina, la segunda.

El magistrado Mora Alarcón le comunicó que en ese momento "solo había dos magistrados en activo" porque el resto estaban de baja médica, de forma que era "imposible" ni deliberar asuntos ni celebrar los juicios ya señalados.

Para "evitar la paralización" de la sección, le pedía que adscribiese a un magistrado, de modo que Concepción Espejel propuso finalmente a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que García Quesada prestase sus servicios en la sección segunda, propuesta que ha sido admitida en su reunión del pasado 20 de septiembre.

Un tribunal de la sección segunda de lo Penal presidido por el propio Mora Alarcón tiene aún pendiente de dictar la sentencia del juicio que finalizó el pasado mes de mayo sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP a cuenta de una contabilidad paralela registrada en los denominados "papeles de Bárcenas".