Los juzgados de lo Social, donde se dirimen demandas de trabajadores por despidos, salarios impagados o prestaciones de la Seguridad Social, son, tras lo de lo Mercantil, los que más tardan en resolver los asuntos, con una media de más de diez meses. Y lo peor es que los procedimientos pendientes de resolución en esta jurisdicción se han acercado ya al medio millón, con un aumento de la pendencia de un 16,1% en 2023.

Estos son los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de jueces y juezas cuyo mandato expiró hace cinco años y medio y no se renueva por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios del Congreso que deben designar a sus sucesores. Organizaciones sindicales y sociales consideran que el bloqueo de esa renovación está afectando también al funcionamiento de los órganos judiciales de primera instancia, entre ellos los que se encargan de resolver las demandas de trabajadores afectados por vulneraciones de la legislación laboral y la Seguridad Social, procesos en los que llegan a estar en juego sus ingresos económicos y su empleo.

Según el último informe estadístico del CGPJ, en 2023 ingresaron en los juzgados de lo Social de toda España 463.294 nuevos asuntos, un 5,4% más que en 2022, la tasa de litigiosidad que más creció después de la jurisdicción de lo Civil. Los datos revelan, además, que el año pasado se resolvieron un 7,7% menos de asuntos y se dejaron pendientes de resolución 426.075 procedimientos en este ámbito.

La litigiosidad que afrontan estos juzgados origina una estimación alta del tiempo de duración de los procedimientos. De acuerdo con los últimos datos publicados por el CGPJ la media en España era de 10,5 meses en 2022, con Andalucía a la cabeza (15,9 meses de duración), seguida de Murcia (12,2), Illes Balears (11,9), Catalunya y Cantabria (10,6) y País Valencià (10,3). Por contra, los procesos más rápidos los registraban Asturias, con 7,4 meses, y Navarra, con 7,7.

Por el tipo de asuntos, las demandas que demoran más tiempo en ser resueltas son las referidas a accidentes laborales y enfermedades profesionales, con 17,7 meses de media, seguidas de las impugnaciones de actos administrativos en materia laboral (14,4), de cantidades (13,5), Seguridad Social (11,5), materia electoral (8,3) derechos fundamentales (8,1), despidos (6,9) y conflictos colectivos (6,5).

Andalucía es el caso más cruento, donde la duración de los procedimientos se alarga bastante por encima de la media estatal. La situación ha llegado a tal punto que un abogado de Sevilla ha tenido que presentar varias demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido a trámite la reclamación, por la vulneración de derechos fundamentales que, a su entender, supone señalar la fecha de un juicio a varios años vista. Y un sindicato, CGT, ha anunciado movilizaciones tras haber recibido varios trabajadores citaciones para 2028 y 2029 por sus demandas judiciales en diferentes provincias, lo que considera "una violación clara del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

La comunidad andaluza acapara casi la cuarta parte de los asuntos pendientes de resolver en el ámbito de lo Social en toda España -el 23,1%-, una pendencia que se acerca a los 100.000 asuntos tras haber aumentado en 2023 un 10% el número de demandas presentadas en sus 67 juzgados de esta jurisdicción. El mayor número de asuntos son casos de despidos, reclamaciones de cantidad y temas relacionados con la Seguridad Social, según la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Una trabajadora afectada: "Me parece vergonzoso"

María, empleada del servicio de Correos, se quedó atónita cuando leyó la citación del Juzgado de lo Social número 2 de Málaga a su demanda de cantidad contra la empresa para reclamar la parte del salario que no le habían pagado. En la carta le comunicaban que el juicio será el 1 de febrero de 2029. No se lo podía creer. Su juicio se celebrará dentro de cinco años, un lustro, media década. "Me parece vergonzoso", dice a Público.

La demanda de María, que prefiere mantenerse en el anonimato, no es por una cantidad grande, es por los 200 euros que la empresa, según ella, dejó de pagarle de la parte que le correspondía cobrar de los pluses de sábados y nocturnidad durante las vacaciones: "No voy a salir de pobre por 200 euros, pero tener que esperar cinco años para un juicio, cuando el valor de ese dinero, con la subida del IPC y la inflación, será menor, no es comprensible, porque durante todo este tiempo, además, el dinero que es mío lo tiene en su poder la empresa", se lamenta.

No es la primera vez que esta trabajadora demanda a Correos por no pagarle los pluses en el mes de vacaciones, ya lo hizo otras dos veces, pero nunca había tenido un señalamiento de juicio con tanto tiempo de demora. "La justicia -subraya- para que sea justa tiene que ser rápida. Si la empresa te debe un dinero y no te lo paga hasta dentro de cinco años, pueden pasar muchas cosas, que te hayas muerto, mil cosas. Y está claro que Correos no va a cerrar, pero sí hay otras empresas que sí cerrarán y sus trabajadores se quedarán sin cobrar lo que les deben".

Sin ingresos, pendiente de una pensión de incapacidad

Julio César Hierro tiene un asunto pendiente mucho más acuciante. En 2021, demandó a la Seguridad Social por haberle denegado la pensión por incapacidad permanente que solicitó tras haber sufrido una grave lesión en la espalda que le impidió continuar su trabajo como responsable de un equipo de mantenimiento en la mina de Las Cruces de Gerena. Pero el Juzgado de lo Social donde cayó su caso, el 9 de Sevilla, fijó su juicio para 2026, cinco años después, toda una eternidad para una persona que, una vez agotado la prestación del paro, se quedó sin ningún ingreso.

Hace un año, este hombre, de 48 años, estuvo ocho días en huelga de hambre delante de la Audiencia Provincial de Sevilla para exigir que le adelantaran el juicio. Tuvo que dejar la huelga al segundo desmayo que sufrió a causa de la falta de ingesta de alimentos que estaba afectando seriamente a su diabetes, pero la protesta tuvo finalmente resultados. El juzgado accedió a adelantarle un año el juicio, al 3 de abril de 2025, tras un escrito de súplica de su abogado en el que detallaba la grave situación en la que se encuentra el demandante.

La demora del juicio no ha hecho más que empeorar el estado de Julio César Hierro, según su testimonio. La falta de ingresos económicos, sumada a la desesperación por la tardanza del juicio, le han causado una gran ansiedad y en febrero fue operado de corazón tras sufrir un infarto el primer día que fue a Cáritas a recoger comida, sin dinero ya para comprarla en un supermercado.

"He sobrevivido tres años con los ahorros que tenía de cuando trabajaba, pero ya se me acabaron y he tenido que ir a pedir ayuda. Ahora vivo de los servicios sociales -el fondo de emergencia del Ayuntamiento de Gerena le paga la medicación para el corazón-, esperando que se celebre de una vez el juicio", cuenta a Público.

Este trabajador tiene cotizados cerca de 30 años a la Seguridad Social por una larga etapa laboral que sus graves dolencias en la espalda, asegura, le impiden reanudar de momento: "Estoy diez minutos de pie y me tengo que sentar. Y cuando estoy diez minutos sentado, me tengo que levantar. Tengo un dolor crónico que me dijo el médico que en una escala del uno al diez, está en el nueve".

A falta de ingresos, Julio César va tachando el calendario los días que van pasando contando los que le quedan hasta la fecha del juicio. "Espero -dice- que nadie más sufra esto, porque la Justicia así no es justa. Ves que le dan prioridad a Rubiales (expresidente de la Federación Española de Fútbol procesado), porque es Rubiales, pero a una persona anónima como yo la tienen siete años sin juicio para poder comer".

Los retrasos llegan al Tribunal Europeo

El abogado sevillano Daniel Sánchez Bernal lleva varios años enfrascado en una cruzada casi solitaria contra los señalamientos tardíos de los juicios en el ámbito de lo Social para unos ciudadanos que reclaman una renta activa de inserción por falta de ingresos o recurren un despido que les ha dejado sin trabajo. Indignado contra lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales, a una tutela judicial efectiva, ha elevado peticiones ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este año ha admitido a trámite una demanda suya contra el Estado español por los daños morales que ha causado la demora de un procedimiento.

"Aquí siempre los perjudicados son los ciudadanos, los justiciables, a los que no les va ni les viene los problemas de la Justicia. Los ciudadanos acuden a ella no por capricho, sino porque no tienen otra solución a su problema y se ven abocados a suplicar auxilio. Y se les queda la cara de tonto cuando por reparto te toca un juzgado que te puede señalar el juicio para unos meses o para dentro de unos años, dependiendo de la suerte", explica Sánchez Bernal a este periódico.

Esa tardanza lleva a muchos ciudadanos a renunciar a la vía judicial para defender sus derechos, según este letrado, porque no están dispuestos a perder dinero y tiempo para la resolución de un caso que puede demorarse años con los recursos. "Es algo agotador", concluye. Y hay otros que, asegura, se han planteado "hacer locuras", porque no aguantan más la situación, no soportan tanta dilación para resolver su problema.

Las derrotas tampoco amilanan a Sánchez Bernal, a quien una sala del Tribunal Constitucional le rechazó uno de sus demandas de amparo por señalamiento tardío de un juicio, al entender que no existía una manifiesta inexistencia de vulneración de derechos. Recientemente, otra sala del Tribunal de Garantías le ha admitido un recurso por un motivo similar. "Da la casualidad -dice- que las dos demandas de amparo que se han rechazado son de la Sala Segunda y las dos que se han admitido son de la Primera. No sé si hay cuestiones políticas, ideológicas, pero llama la atención".

Ahora, este abogado confía en que el Tribunal Europeo de Estrasburgo diga "basta ya" a los señalamientos tan tardíos de los juicios y "dé un toque de atención" a España. "Tenemos que unirnos todos contra esta pandemia que es la lentitud de la Justicia", recalca Bernal, quien se lamenta de no haber tenido ni siquiera el apoyo del Colegio de Abogados de Sevilla a unas reivindicaciones que afectan a todos los justiciables.

Lentitud que puede beneficiar a los empresarios

Los sindicatos, como organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores, están muy preocupados por el atasco que sufren los juzgados de lo Social. Y CGT Andalucía ya ha anunciado movilizaciones en esta comunidad contra un señalamiento de juicios que supera con creces el plazo no superior a un mes previsto en la Ley Reguladora de la jurisdicción social. "Esto deja en indefensión a las personas trabajadoras ante los abusos de las empresas que han visto un filón en la situación de los órganos judiciales y no dudan en alentar a sus plantillas, ante los múltiples abusos que se cometen, a recurrir a los tribunales, sabedoras de que no se verán ante el juzgado en menos de cuatro o cinco años", señala este sindicato.

El secretario de Organización de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, no duda en calificar de "terrorífica" la situación judicial de esta comunidad para los trabajadores, de "emergencia absoluta". "Que demandes por un despido y te señalen el juicio para 2029 es una indefensión clara y absoluta, porque se está violando el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva y la Ley Reguladora de la jurisdicción social", explica este dirigente sindical.

Según Montenegro, la clase política que está en el poder no quiere actuar contra este grave problema porque los grandes beneficiarios son los empresarios infractores. "Hay muchos empresarios -asegura- que ya ni se cortan y te dicen que demandes, porque conocen la lentitud de la Justicia. Y esto es especialmente grave en empresas con subcontratas de las administraciones públicas, en la limpieza, en el telemarketing, en sectores más precarios, porque cuando se celebren los juicios ya habrá otras licitaciones, otras subcontratas, otras empresas".

En CCOO también están preocupados por el estado de la jurisdicción de lo Social en Andalucía, por las demoras cada vez mayores para la celebración de juicios. "Esto es la justicia a pedales. Mucho hablar de modernizar con planes, pero se siguen incumpliendo los plazos en una jurisdicción tan importante", señala su coordinadora regional de Justicia, Inmaculada Molina.

A juicio de la portavoz de Comisiones, la lentitud de la justicia se convierte en un elemento disuasorio, porque el empresario sabe que el trabajador va a tener que esperar mucho tiempo para que el juzgado resuelva su demanda. "El trabajador tiene que enfrentarse a su jefe, a los plazos, al engorro de la burocracia judicial. Son todo impedimentos para que quien quiera explotar al trabajador campe a sus anchas", afirma Molina.

Pero, ¿por qué Andalucía sufre una demora mucho mayor que otras comunidades en el señalamiento de juicios? Esta dirigente sindical sostiene que el territorio andaluz, además de ser el más poblado, padece también los peores datos de desempleo, de contrato precarios y pobreza. "Hay menos jueces por habitante y menos plantilla en los juzgados de lo que necesitamos", explica.

Faltan recursos humanos y materiales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía señala en su memoria anual que "es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y el defectuoso sistema organizativo". El TSJA considera "imprescindible" una "reforma en profundidad" de todo el sistema, tanto en la organización como en lo procesal y lo tecnológico, sin perjuicio de mejorar los planes de refuerzo y crear nuevas plazas judiciales.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, que destaca que en cinco años se han creado nueve juzgados de lo Social en Andalucía, señala al respecto que en la última Comisión Mixta con el TSJA se detectaron cuatro jurisdicciones (Jaén, Almería, Jerez y Córdoba) especialmente saturadas, al superar en un 30% la carga de trabajo establecida por el CGPJ.

Según la Junta, sería necesario la creación de 50 órganos judiciales en todos los ámbitos en los próximos dos años para acabar con la saturación, una decisión que, precisa, corresponde al Ministerio de Justicia, departamento que "no ha solicitado aún a la Administración andaluza que le haga una propuesta de creación de órganos para 2024".

Por su parte, el abogado Sánchez Bernal considera que no se trata únicamente de un problema de aumento de la litigiosidad y de falta de medios para hacer frente a la demanda. A su entender, también hace falta una reforma procesal profunda y garantista, que evite trámites superfluos y la dilación de plazos para todas las partes.

Y Miguel Montenegro, de CGT, sostiene que aunque las competencias fundamentales de justicia dependen del Gobierno central, también hay una parte, como la dotación de medios de los juzgados, que corresponde a la Junta de Andalucía. "Aquí hay unas carencias terribles de infraestructuras, aparte de que se necesiten más juzgados. Y todo esto se traduce en un maltrato encubierto para los trabajadores", afirma.

La Junta de Andalucía apunta otra "cuestión importante": la necesidad de revisar el elevado porcentaje de suspensiones de juicios, que, según recoge la Memoria anual del TSJA, en la jurisdicción Social llega al 62%. Esa circunstancia, a juicio de la Administración autonómica, impide la agilización de la agenda de señalamiento.