"Intentamos dar cobertura a mujeres víctimas de violencia machista que se quedan fuera de la definición de la ley estatal", explica María Goikoetxea, directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), sobre el decreto del Gobierno de esa comunidad que desde esta semana regula "las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia" y las abre a algunos colectivos cuyas situaciones carecían hasta ahora de cobertura en la normativa estatal.

Algunas comunidades autónomas, como Baleares o Galicia, ya disponían, respectivamente, de líneas de ayuda para hijos de mujeres asesinadas y para víctimas de trata, si bien Aragón vuelve a ser pionero en medidas de igualdad y de apoyo a las víctimas del machismo, como ocurrió con la reserva de plazas en oposiciones, al ampliar al paraguas a las mayores de 65 años y a las damnificadas por otros tipos de violencias de género.

"El concepto de víctima de violencia de género está ampliándose conforme se profundiza en el conocimiento y difusión de esta lacra", señala la exposición de motivos del decreto, cuyo contenido ha sido coordinado desde el IAM.

"Cuando decimos que apoyamos a las mujeres y que queremos erradicar las violencias no podemos quedarnos en los gestos simbólicos", explica Goikoetxea, que defiende que "es muy importante la recuperación de estas mujeres, pero si no les garantizamos unos ingresos están condenadas a la exclusión".

En este sentido, aboga por "dejar el paternalismo y los enfoques asistenciales para trabajar en la emancipación. Son supervivientes y hemos de recuperarlas, y para eso hemos de garantizarles herramientas".

La dependencia económica de las mayores

El decreto establece "una prestación para las mujeres mayores de 65 años" y víctimas de violencia machista, que normalmente "no disponen de ingresos propios hasta la obtención de la pensión compensatoria derivada del divorcio".

"Es frecuente entre las víctimas de violencia de género mayores de 65 años la dependencia económica del agresor", recuerda el ejecutivo autonómico, "al no haber realizado un trabajo remunerado fuera del hogar durante su vida laboral", algo que "dificulta en muchas ocasiones la salida de las situaciones de violencia" hasta que obtienen la sentencia de divorcio y la pensión compensatoria derivada de ella. Por edad no acceden al mercado laboral ni, en consecuencia, a la Renta Activa de Inserción.

Como ocurre en otros territorios rurales, "estas situaciones tienen especial incidencia en un territorio como Aragón, con una población especialmente envejecida, y dificultan de manera injusta la salida de las situaciones de violencia de género" para las afectadas, que a partir de ahora podrán acceder a una ayuda, en pago único, que sitúe sus rentas en 712,50 euros mensuales, el 75% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Las víctimas de ‘'tras formas de violencia'

El segundo grupo de beneficiadas lo integran las "mujeres víctimas de otras formas de violencia diferentes a la violencia de género, pero que les son infringidas por el hecho de ser mujer, como son la violencia doméstica, sexual o la trata", una posibilidad que sí tiene cobertura en la ley aragonesa de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, cuya definición de víctima es más amplia que la de la norma estatal, que las deja fuera.

"A día de hoy no perciben prestación temporal alguna que les ayude a superar dichas situaciones", señala el decreto, que, también con el requisito de no disponer de ingresos superiores a los 712,50 euros mensuales, les asigna ayudas equivalentes a seis meses del subsidio de desempleo, ampliables a nueve si tienen un hijo o familiar a cargo y a doce si tienen dos o más.

La ayuda se percibirá en pagos mensuales, y será "posible excepcionalmente la renovación de la prestación por una sola vez, bien si persisten las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la misma o si se acredita una nueva situación de violencia".

Los hijos de las asesinadas

El decreto, que llama la atención sobre el hecho de que "cada vez más se están produciendo casos de violencia sobre menores como un modo de violencia contra las madres", aboga por "reconocer la situación de doble victimización que viven" los "menores que quedan huérfanas y huérfanos como consecuencia de la violencia de género", ya que por un lado pierden a la madre mientras el padre ingresa en prisión y, por otro, "sufren la merma económica derivada de dichos hechos".

"Existe cada vez una mayor conciencia social sobre las necesidades de apoyo a las víctimas de la violencia, que no sólo son las mujeres", añade el decreto, que "considera necesario no dejar en situación de desamparo a dichos menores, y por tanto imprescindible establecer una prestación económica temporal, dirigida a la cobertura de sus necesidades básicas materiales y educativas, hasta que alcancen la mayoría de edad".

Las ayudas, dirigidas a hijos de mujeres empadronadas en la comunidad o fallecidas en ella a manos de sus parejas o exparejas, tienen una cuantía de 420 euros mensuales, se mantendrán hasta el año en el que el perceptor alcance la mayoría de edad y tendrán una salvaguarda: "En ningún caso" ese dinero podrá administrarlo "el autor o inductor del hecho causante de dicha ayuda"; es decir, por el asesino.