Anticorrupción rebaja casi 30 años su petición inicial de cárcel para Villarejo y la deja en torno a 80 años

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado más de 20 años la pena de cárcel que pedía inicialmente para el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre por las piezas Iron, Land y Pintor, que era de más de 109 años, con lo que la ha dejado en poco más de 80 años.

En la sesión de este martes, el fiscal anticorrupción César de Rivas ha modificado sus conclusiones provisionales suprimiendo de la acusación contra Villarejo los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y algunos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos contra particulares en relación con su vida sexual en grado de tentativa.

Además, De Rivas ha explicado que han modificado su planteamiento inicial para tener en cuenta el perdón otorgado este mismo martes por el ex juez Francisco Javier Urquía a todos los acusados de la pieza Pintor, en la que consta como perjudicado.

Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba que Villarejo fuera condenado a 109 años y 10 meses de cárcel con multas que superarían los 950.000 euros –a las que cabría sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas–, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

En Iron, donde se juzga el presunto encargo a Villarejo del despacho especializado en propiedad intelectual Herrero&Asociados para que investigara a Balder, ante la sospecha por parte del primer bufete de que el segundo había robado su base de datos, se enfrentaba en un principio a 57 años de cárcel.

En Land, la Fiscalía pedía 38 años de cárcel para el comisario por la investigación que habría dirigido contra Yolanda García Cereceda, su entonces pareja Jaime Ostos hijo y el arquitecto Joaquín Torres, entre otros, por mandato de Susana García Cereceda por el conflicto familiar y empresarial desatado tras la muerte de Luis García Cereceda, el otrora dueño de la empresa promotora de la urbanización de lujo 'La Finca' (Madrid).

Por último, en Pintor, el Ministerio Público solicitaba 14 años de prisión para Villarejo por el trabajo que le habrían encomendado los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara para investigar al empresario Mateo Martín Navarro y a su abogado, Urquía, para resolver la disputa judicial que tenían por una deuda fiscal.

La mujer de Villarejo, la más beneficiada

Anticorrupción también ha reducido la condena reclamada en un principio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, que era de 102 años de cárcel. Ahora, se quedaría en torno a los 80 años tras suprimir la acusación por los delitos de cohecho activo y algunos de descubrimiento y revelación de secretos.

La más beneficiada por las rebajas aplicadas por Anticorrupción ha sido la mujer de Villarejo, Gema Alcalá. En su caso, ha pasado de una petición de cárcel de 83 años a otra de menos de 20, porque se han eliminado, además del delito de cohecho activo, todos los cargos en su contra por descubrimiento y revelación de secretos.

De Rivas también ha cambiado las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal para aligerar las penas de los otros trabajadores y colaboradores del grupo empresarial de Villarejo, CENYT que están acusados, el abogado David Macías y el ex policía Antonio Bonilla, así como del también ex policía Constancio Riaño.

Por otro lado, el hijo de Villarejo, que figura como acusado en Pintor, también ha visto minorada la petición de cárcel de la Fiscalía por cuanto se ha apreciado igualmente el perdón de Urquía. Así, pasaría de los 14 a los 7 años de cárcel.

Con la presentación de las conclusiones, este primer juicio por 'Tándem' entra ya en su recta final, después de ocho meses que se alargarán al menos hasta septiembre para que acusaciones y defensas expongan sus informes y que los acusados hagan uso, si así lo desean, de su derecho a la última palabra.

Iron, Land y Pintor son las primeras piezas de Tándem que llegan a juicio de las más de treinta que componen una macrocausa vertebrada por el presunto uso que Villarejo habría hecho de los medios policiales que tenía a su alcance para utilizarlos en las investigaciones privadas que hacía para sus clientes, desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares.